El premio Atila, que concede Ecologistas en Acción, para los que se empeñan en que el río Castril no conserve sus valores naturales

El delegado provincial de Medio Ambiente y el subdelegado de Gobierno en Granada aparecen entre los mencionados para el premio Atila que anualmente concede Ecologistas en Acción. En ambos casos la mención se debe a su nulo compromiso en la preservación de los valores ambientales del río Castril. El primero de ellos, Gutiérrez Aragón, por eludir su responsabilidad y la de la Junta de Andalucía en lo que son competencias suyas: exigir el escrupuloso respeto a la normativa medioambiental y la legalidad ordenando la paralización de la obras del trasvase del río Castril, ha sido quien se ha llevado el premio. En cuanto al segundo, A. Cruz, por enviar la fuerza pública al vecino pueblo de Cortes para apoyar unas obras que carecen de cobertura legal. También por el indiscriminado envío masivo de multas realizada sin previa identificación de sus destinatarios en el lugar de los hechos; dando lugar a la paradoja de que algunos de ellos se encontraban en otros lugares a muchos kms. el día en que supuestamente apoyaron a los agricultores en sus protestas. Pero más sorprendente aún es que se diga que hubo coacciones a la empresa que ejecuta las obras cuando lo único que se hizo fue acompañar a los agricultores a tierras de su propiedad y estar a las orillas del río.

Reproducimos el comunicado de Ecologistas en Acción

PREMIOS ATILA Y AGUAS DE MAYO – AÑO 2010 OTORGADOS POR
ECOLOGISTAS EN ACCION GRANADA

GANADORES DE LOS PREMIOS ATILA Y AGUAS DE MAYO

El premio Atila 2010, que se concede a la persona o institución que durante el año en curso más ha destacado por su nefasta actuación medioambiental, ha sido ganado por méritos propios por

D. Francisco Javier Aragón Ariza, Delegado Provincial de Medio Ambiente en Granada.

Por conseguir que en el Año Internacional de la Biodiversidad, Granada haya estado a la cabeza nacional en cuanto a la destrucción de nuestro patrimonio natural, permitiendo actuaciones incalificables en Sierra Nevada, laguna del Padul y Parque Natural de Huétor o inhibiéndose en la protección de los valores naturales del río Castril.


También se han hecho merecedores a este premio las siguientes personas e instituciones:


D. Antonio Cruz Jiménez, Subdelegado del Gobierno en Granada.

Por su actuación desproporcionada contra los vecinos de Cortes de Baza, a los que ha tratado de intimidar por todos los medios posibles, incluidos cuerpos antidisturbios y denuncias con multas increíbles a diestro y siniestro, para que no ejercieran sus derechos democráticos de protesta ante lo que la población considera un abuso y una injusticia.


Fiscalía Provincial de Medio Ambiente de Granada.

Por haber conseguido que en esta provincia no existan delitos contra el medio ambiente (ni urbanísticos, ni contra las especies protegidas, ni contra las aguas, ni en espacios protegidos, …) ya que archivan directamente cualquier denuncia, dando a entender que la aplicación del código penal en cuestiones ambientales es una utopía en esta provincia.

D. Gerardo Sánchez Escudero, Alcalde de Armilla

Que tras haber permitido desde su anterior cargo de Delegado Provincial de Medio Ambiente la construcción ilegal del edificio Nevada, ahora, como alcalde de Armilla, intenta enmendar la plana al Juez del caso y mediante una labor de prestidigitación urbanística, quiere legalizar la mayor aberración urbanística de la Provincia de Granada.


PREMIOS AGUAS DE MAYO

Se conceden a aquellas personas o colectivos que durante el año se han significado por su labor en pro de un medio ambiente saludable en cualquiera de sus manifestaciones.

Este año consideramos merecedor de este premio a

D. Miguel Ángel Losada Rodríguez, director del grupo de dinámica de flujos ambientales en el Centro Andaluz de Medio Ambiente (CEAMA)

Por su actitud independiente respecto a las administraciones que pagan y exigen trabajos y estudios a su medida para justificar sus chalaneos políticos. Ejemplos:

- Por la serie Las riberas del mar océano, en su conjunto y por su coraje e integridad profesional al negarse a eliminar de la serie los dos minutos de imágenes sobre corrupción urbanística.

- Por su estudio denominado 'Propuesta metodológica para diagnosticar y pronosticar las consecuencias de las actuaciones humanas en el estuario del Guadalquivir' donde demuestra los graves perjuicios que se producirían en la desembocadura del Guadalquivir si se llevan a cabo los dragados previstos por las administraciones.




También hay que reconocer el valor de un árbol, un moral, en Granada, ciudad caracterizada por su ímpetu arboricida, que se sostiene en la calle Halcón, del Barrio de los Pajaritos, en medio de la calle, demostrando que pueden coexistir perfectamente con la locura urbanística que nos rodea.

Que sea por muchos años

Granada a 30 de diciembre de 2010

El Coordinador Provincial. Javier Egea.

Empeora la situación de los caminos locales y vecinales.

El estado de las carreteras sigue en la lamentable situación que denunciábamos hace unas semanas (Véase entrada de 5-11-10). Entonces advertíamos de las dificultades añadidas que supondría la entrada del invierno. También llamábamos la atención sobre los caminos locales y vecinales. Han pasado las semanas, las lluvias se han prodigado y todo ha empeorado: El camino del cementerio se encuentra cortado por desprendimientos, un corrimiento lateral en la cuesta Mª Alonso, que desciende desde el pueblo hasta el río, puede provocar un serio accidente para el que transite por ese lugar (véase pinchando la foto), el camino de Tubos a la Puentezuela (con la zanja aún sin cubrir), los accesos a la dehesa, etc. En general, todos los caminos se encuentran en peor estado y dificultades incrementadas, y ello cuando más necesarios son por estar en plena campaña de recogida de aceituna.

Aunque las carreteras dependan de la CHG, la Junta de Andalucía y la Diputación granadina, no sucede así con los caminos locales y vecinales. El ayuntamiento debiera buscar soluciones definitivas para aquellos que son competencia suya y promover iniciativas en los demás. La seguridad en las comunicaciones debe ser prioritaria. Cualquier gasto y esfuerzo en prevención, en un año marcado por tantos accidentes, es una necesidad generalizadamente demandada. Que no llegue tarde.

La ausencia de noticias en la vida social y política no significa parálisis. En cocina se sigue trabajando.

Pasan los días y no se puedan avanzar noticias relevantes sobre los temas que están en el debate político-social del pueblo. Eso no quiere decir que no pase nada. Es más, de lo que no sucede, de lo que no pasa, de lo que no es noticia, en general, es de lo que más debiéramos preocuparnos. Porque ahí se encuentran los grandes interrogantes de nuestra existencia. Pero no hablaremos de esos grandes interrogantes, sino de aquellos que, en silencio, se cocinan en el día a día y que tratan sobre temas coyunturales que sí llegarán a ser noticia.

Una vez que la Agencia Andaluza del Agua desestimó el proyecto de nuevos regadíos para Castril, aduciendo defectos de forma -achacables al propio organismo-, las posibilidades quedaban reducidas a iniciar el proceso de petición de concesión de agua, lo que ha hecho la comunidad de nuevos regadíos, esperando que ahora los trámites respeten la legalidad y los plazos, y que, ya que se dispone del proyecto con las cautela ambientales recogidas, se supone que el proceso será más breve, o como ha propuesto la Plataforma, intentando abreviar aún más, que el proceso se retrotraiga al momento en que se incumplió el procedimiento de exposición, para desde ahí subsanar los errores. En cualquier caso, ambas propuestas tratan de conseguir el mismo objetivo. De lo que ya dudamos es de la voluntad real de la Junta de Andalucía. Después de tantas mentiras, pensamos que seguirán utilizando el tema como arma electoral y para que, como contraprestación, se acepte el trasvase de aguas del río Castril a Baza. Lo que suceda al final, contra lo que esperábamos hasta hace unas semanas, es, a día de hoy, una incógnita.

Respecto al trasvase, se sigue trabajando en los despachos. La justificación de que eran unas obras de emergencia, aprobadas por el Gobierno en RD 1419/2005, ha venido siendo la tesis oficial manejada para eludir los trámites de exposición y consulta que obligaba el procedimiento ordinario, tanto en lo que respecta al proyecto técnico, a la justificación del mismo, como a la contratación de la empresa, las expropiaciones o la necesidad de someterse al trámite de concesión de licencia municipal. La indefensión jurídica alegada por las partes afectadas siempre tropezaba en el mismo obstáculo: nada de ello era necesario al ser unas obras declaradas de emergencia por el Gobierno. Así ha constado en los informes oficiales de las administraciones y, también, en las instancias judiciales a las que se acudió denunciando las irregularidades del proceso. Escrito está en informes del Defensor del Pueblo, en resolución de la fiscalía y en un auto del juzgado de Huéscar. También responde en los mismos términos el director del Gabinete de la Presidencia de Gobierno a las quejas formuladas por los vecinos/as.

Sin embargo, una vez declarado nulo de pleno derecho el decreto 1419/2005, en sentencia publicada el 1-3-10 por el T. Supremo, este argumento desaparece como justificación en los informes que tanto desde el ministerio como desde la abogacía del Estado remiten a los procedimientos administrativos o judiciales abiertos. La tesis desesperada a la que ahora se agarran para que no haya una sentencia condenatoria, se basa en algo inaudito. Pretenden que la emergencia fue declarada en una orden ministerial y que dicha orden ministerial es suficiente para dar legitimidad al proyecto. Pero dada la poca consistencia de este giro en la justificación de la aprobación de la emergencia, sostienen a continuación que aunque esta orden estuviera amparada en el decreto anulado, los actos administrativos derivados de la aplicación de este decreto habrían cobrado firmeza. Como si la orden ministerial, que es una disposición, fuese un acto administrativo.

En principio, lo que se deduce es que se pretende trasladar la responsabilidad en la entonces ministra de Medio Ambiente, C. Narbona. La pregunta que ahora nosotros nos hacemos es, ¿tiene competencias un ministerio para decretar la emergencia y aplicar las medidas que considere? ¿Puede el ministerio por sí mismo modificar el dominio público hidráulico? Según la ley de Aguas, sólo el Consejo de ministros puede autorizar dichas medidas.

Pero, para cualquiera que se interese y quiera documentarse respecto a esto, para su sorpresa, encontrará que dicha orden ministerial no ha sido publicada. ¿Puede una orden no publicada entrar en vigor? La ley de Procedimiento Administrativo sostiene que la publicidad en el medio adecuado (BOE en este caso) es un requisito indispensable.

En fin, esto, en parte –hay también otras cosas-, que no son noticia, es lo que con dedicación y constancia, se cocina en el día a día de la política local.

Otra amenaza para la vida del río Castril: Empiezan las obras de la central hidroeléctrica del Portillo.

Aprovechar la presa de un pantano para construir una central hidroeléctrica y producir energía, en principio, podría ser una iniciativa compatible con una concepción sostenible de la economía y los recursos. Plantearse la construcción de un pantano o de una presa con la finalidad de instalar una central hidroeléctrica es ya más que dudoso. Un pantano, una presa, siempre son intervenciones humanas que alteran el curso natural de los ríos provocando numerosas afecciones sobre el medio: inundan zonas de vega, modifican las condiciones del ecosistema, impiden los flujos de especies propias del hábitat de ríos y riberas, etc. Es posible que, extremando las cautelas ambientales, puedan reducirse los impactos hasta hacer considerar como medioambientalmente aceptables o necesarias algunas de estas intervenciones; algo poco frecuente, por no decir prácticamente nulo, en la mayoría de los casos.

Situándonos ya en el río Castril, acaban de iniciarse las obras de la proyectada central del Portillo, denominación del pantano sobre el río Castril. El pantano, ya de por sí, es una aberración ecológica que no se hizo más que con trasnochados criterios desarrollistas, económicamente injustificables y medioambientalmente insostenibles, respondiendo a la misma lógica de la mayoría de los pantanos construidos durante el franquismo. Lo más sensato, en estos momentos, hubiera sido plantearse un proyecto de recuperación integral del río, procediendo a la demolición de la presa. Ese sería el futuro más racional tanto para este pantano como para el de S. Clemente (sobre el río Guardal), también innecesario y antiecológico, y cuya absurda huella hemos heredado en la comarca de Huéscar.

Ahora bien, si partimos del hecho de que por ahora, salvo desde posiciones ecologistas, no se plantea la demolición, ¿puede darse utilidad a la presa con la instalación de una central hidroeléctrica? Si no se degradan y deterioran las condiciones en las que se desarrolla la vida del río, el ecosistema fluvial, los ecosistemas de ribera, y los derechos de los regadíos tradicionales se mantienen; si el proyecto ha cumplido con los preceptivos trámites de exposición y consulta, con las autorizaciones pertinentes, y si se han tenido en cuenta las alegaciones que en materia medioambiental se hicieron en su momento, especialmente por ACPES (Asociación para la Conservación Piscícola y de los Ecosistemas acuáticos del Sur) incorporando las consiguientes rectificaciones y medidas correctoras, podría aceptarse.

Especialmente preocupante sería que no se respetasen los caudales ecológicos y las cantidades adicionales para los regadíos de Castril y Cortes. Estos caudales ecológicos, que deben mantenerse a lo largo del año y que fueron estimados por expertos universitarios en estudio dirigido por el profesor Alba Tercedor, lo sitúan aguas abajo del Portillo en cifras que oscilan entre los 1000 y 1.500 l/sg. (véase pinchando etiqueta “caudal ecológico”). A ello hay que añadirle el caudal necesario para regadíos. Sólo de esta forma puede garantizarse que el incremento de impacto, sobre el que genera la presa de por sí, sea mínimo. Lo que no puede aceptarse de la CHG es el caudal que inicialmente han propuesto, de 500 l/sg. Esa cifra no responde a ningún estudio y no es más que el agua que pretenden dejar cuando la central se encuentre en el período en que no está turbinando y tras descontar la cantidad del trasvase a Baza. Dicho caudal, que es menor que el caudal que dejaron cuando hicieron las obras en el túnel (560 l/sg.), con las consecuencias sabidas de muerte de truchas (véase pinchando etiqueta “obras en el río”), en lo que fue todo un ecocidio y por el cual están imputados dirigentes de la Agencia Andaluza del Agua, sería la muerte inmediata y definitiva del río Castril como río vivo.

No nos consta que se hayan tenido en consideración todas las alegaciones y cautelas medioambientales, como tampoco que las obras vayan a realizarse con el escrupuloso respeto a las normativas de protección ambiental y cultural así como de tipo urbanístico. Por ello, la Plataforma por la Defensa del Río Castril, en los próximos días, va tomar una serie de iniciativas conducentes a que las obras recién inauguradas se ajusten a dicha legalidad.

La fiscalía ve indicios de apariencia delictiva en el proceso seguido con el trasvase del río Castril.

Con fecha de 9 de junio de 2.008, la fiscalía de Granada archivó las diligencias abiertas a instancias de Ecologistas en Acción al entender que no se apreciaban indicios de delito según lo denunciado en aquellos entonces. En el decreto de la fiscalía se sostenía que las obras habían sido declaradas de emergencia acogiéndose al RD 1419/2005 por las que el Gobierno adoptaba diferentes medidas administrativas para paliar la sequía, con lo que contaban con habilitación legal para su aplicación con las consecuencias que de ello se derivan (aplicación del art. 72 de la ley de Contratos de la Administraciones Públicas, ausencia de proyecto técnico, art. 52 de la ley de Expropiación Forzosa, etc.). Pero posteriormente a esa fecha, 1-3-2010, el Tribunal Supremo decretó nulo de pleno derecho el RD 1419/2005. Desde ese instante, las obras del trasvase dejan de tener cobertura legal. Esa es la única conclusión posible a tenor del decreto de la fiscalía.

Pero además, nuevas irregularidades, tanto falsedades como omisiones, han aparecido durante la tramitación y ejecución del proyectado trasvase. Las obras que realmente se están ejecutando no se corresponden con los informes de la CHG. En ningún documento público decían que el río sería atravesado por la tubería en diferentes ocasiones, el diámetro real no se corresponde con el que aparece en los informes; además, afirmaban que las obras discurrirían fuera del valle fluvial. Asimismo negaban afecciones sobre la vegetación de ribera y omitían que el río Castril es Zona Piscícola Declarada así como que parte de las obras atravesarían el Conjunto Histórico de Castril, una de las figuras Bien de Interés Cultural. Nadie, ninguna parte interesada y afectada pudo alegar nada contra ello. Tampoco esa información pudo contemplarse por la secretaría de Cambio Climático para decidir si procedía el Estudio de Impacto Ambiental. En la práctica, las obras que se están ejecutando son unas obras diferentes a las proyectadas. Incluso se han modificado los destinatarios finales del trasvase de agua.

Denunciada nuevamente esta situación por Ecologistas en Acción ante la fiscalía del Estado, esta ha remitido el expediente a la fiscalía de Granada, quien ha considerado que de las denuncias presentadas pueden deducirse hechos de apariencia delictiva. Por ello, la fiscalía de Granada, las ha remitido y pedido la apertura de diligencias al juzgado de Huéscar, donde se encontraba una causa abierta por motivos similares -ampliada en otros aspectos-, en denuncia interpuesta por la Plataforma por la Defensa del Río Castril. Así, la investigación judicial sobre la CHG, Ministerio, delegación provincial de Medio Ambiente, ayuntamientos y SOGEOSA (empresa adjudicataria de las obras), y en la que los denunciantes exigirán responsabilidades penales, va estrechándose.

Desde la representación andaluza y provincial del Gobierno, se sigue una fuga hacia adelante persiguiendo acabar las obras cuanto antes. Dan cobertura policial a las obras e intimidan a la población con multas administrativas y denuncias por unas inexistentes coacciones hacia la empresa. En un alarmante delirio imaginativo recrean reuniones conspirativas en las que determinadas personas deciden actuaciones, mayoritaria y disciplinadamente seguidas por la población de Cortes (¡Hay que ver cómo hay personas que tienen el don de la ubicuidad y que gozan, además, de una sorprendente capacidad de movilización!). Pero aquí, la única legalidad posible es la de unos agricultores/as que tienen el derecho a trabajar en sus tierras, acudir a ellas acompañadas si lo desean sin que una empresa ilegalmente contratada se apropie de ellas y, además, pueda impedírselo la fuerza pública enviada por el Subdelegado de Gobierno.

La noticia de la fiscalía debiera hacer reconsiderar a los organismos e instituciones implicados. A mayor gravedad del daño, medioambiental, social y contra el derecho, mayor será también la responsabilidad. Aún están a tiempo de la paralización definitiva, retirar los tubos, restituir el daño y negociar sobre la base del proyecto alternativo, como tantas veces se le ha demandado.

Los partidos políticos preparan candidaturas para las municipales. Los rumores señalan nuevas candidaturas electorales en Castril.

Por ahora no hay confirmación oficial sobre quiénes encabezarán las candidaturas de los diferentes partidos políticos para las elecciones municipales a celebrar en mayo, coincidiendo también con las autonómicas. Por lo que sabemos, PSOE y PP ya tienen decidida la persona que opte a la alcaldía. En cuanto a los demás grupos con representación en el ayuntamiento, no sabemos con seguridad si presentarán candidaturas. De algunos se rumorea que se integrarán o presentarán en una candidatura de UPyD. Asimismo, parece que IU-CA-LV irrumpirá como fuerza política en esta cita electoral. Otros están aún sopesando la conveniencia de estar presentes en ella.

No vamos a adelantarnos a lo que oficialmente no se nos ha comunicado. Pero sí vamos a hacer una oferta a todas las candidaturas que van a postularse para regir los destinos del consistorio en los próximos 4 años. Les proponemos que nos envíen información sobre el candidato a la alcaldía -y otros miembros de la candidatura si lo consideran oportuno-, así como un breve avance de lo que podría ser su programa electoral. En él, al menos, rogaríamos que incluyeran el pronunciamiento sobre temas que están actualmente en el debate político local, a saber: trasvase del río a Baza, nuevos regadíos, regadíos tradicionales, central hidroeléctrica, urbanismo, agua para abastecimiento, carreteras y caminos, castillo roquero, contrataciones municipales, información y participación ciudadana, etc. También, como es obvio, pueden incluir el pronunciamiento sobre otros temas como medidas necesarias a acometer a corto plazo. Lo publicaríamos tal como nos lo enviasen siempre y cuando no superasen una cara y media en A-5 y tamaño 12 de letra. Por supuesto tienen que estar cortésmente redactados, sin descalificaciones, insultos o referencias personales. Los envíos pueden hacerse a la dirección de correo plataformariocastril@hotmail.com o entregarse a alguno de los miembros de la Plataforma. No obstante, si pasado un tiempo no nos llega dicha información, los administradores del blog trataremos de recabarla personalmente así como el permiso para hacerla pública.

Ingeniería jurídica para justificar lo inevitable: EL trasvase del río Castril carece de cobertura legal.

La fiscalía de Granada justificó el archivo de las diligencias abiertas a instancia de Ecologistas en Acción, entre otras, al hecho de que las obras del trasvase estaban declaradas de emergencia por el decreto 1419/2005 de medidas contra la sequía aprobado por el Gobierno. Como es sabido dicho decreto es nulo de pleno derecho por sentencia del Supremo publicada el 1-3-2010. Como nuevamente la asociación Ecologistas en Acción ha recurrido ante la fiscalía, en este caso ante la del Estado, advirtiendo de nuevos errores y falsedades en la información ambiental del proyecto que se presentó para su aprobación por la secretaría de Cambio Climático, diferente del que realmente están y pretenden continuar ejecutando, esta fiscalía ha decidido remitir el expediente a la de Granada. A su vez, la fiscalía de Granada, sabiendo de un proceso abierto en el juzgado de Huéscar a instancias de la Plataforma por la Defensa del Río Castril, ha decidido acumular todas las actuaciones en dicho juzgado.

De ello, con el expediente de la fiscalía de Granada, no cabría esperar más que el reconocimiento de que las obras del trasvase se están realizando fuera de la ley. Pero sin duda, la maquinaria estatal posee los suficientes recursos para tratar de ganar tiempo yendo hacia una política de hechos consumados. De esta manera, frente a lo hasta ahora sostenido, las administraciones han puesto en marcha una nueva maniobra dilatoria: se trata de justificar la emergencia y aprobación de las obras en base a una orden ministerial; orden que según pretenden no se amparaba en el decreto 1419/2005 anulado por el Supremo sino en una prórroga del mismo, y que dicha prórroga no se vería afectada por la anulación del anterior decreto. Pero lo que olvidan u omiten es que fue el decreto 1419/2005, un decreto que jurídicamente ha dejado de existir, el que facultó al ministerio para decretar las obras de emergencia y que se aplicara el art. 72 de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas que puso en marcha todo el procedimiento de aprobación de las obras. No obstante, ante esa imputación de responsabilidad en una orden ministerial, suficiente por sí misma para declarar las obras de emergencia según la abogacía del estado y responsables de otras administraciones, lo siguiente que tenemos que advertir, es que dicha orden ministerial parece ser una orden clandestina, pues no aparece publicada en el BOE. Es difícil que alguien pudiera haber recurrido dicha orden cuando nunca se publicó. Si esa es la cobertura legal que pretenden dar al proyecto y las obras del trasvase, a las expropiaciones y a todas las irregularidades cometidas en su tramitación, entonces, decir que vivimos en un Estado de derecho, es una pura entelequia.

La sequía ha desaparecido y los decretos que tomaban medidas excepcionales para combatirla han dejado de tener vigencia. El decreto 1419/2005 que daba cobertura a las medidas administrativas para combatir la sequía es nulo de pleno derecho; y lo que no ha existido no se puede prorrogar (“Si nada había, nada hay; porque de la nada, nada puede surgir”, desde Parménides asumimos estos principios racionales). La orden ministerial que recogiendo lo acordado en el Consejo de Ministros pudiera facultar la emergencia y la aprobación de las obras del trasvase, no ha sido publicada oficialmente. ¿Qué pretende el ministerio con estas renovadas argumentaciones y contraargumentaciones? Dilatar en el tiempo cualquier decisión judicial y, mientras, proseguir con las obras. De esta forma, atraviesan el valle fluvial y el río sin presentar proyecto ni estudio de impacto ambiental que lo avale. Bajo cuerda, tras el mismo anuncio de SOGEOSA (empresa ajudicataria de las obras) publicado en el BOP y en los tablones municipales, abriendo un plazo para presentar alegaciones a los cruces en el río, cuelan las obras para la captación de aguas en el azud de la cerrada e invaden la zona BIC, el conjunto histórico-artístico de Castril. Todo ello realizado por una empresa en cuyo contrato se dice que ha sido efectuado al amparo de un decreto, el 1419/2005, que fue anulado por el Supremo.

Otros recursos también se encuentran en sede judicial. Pero la acción no se detiene ahí. Hasta que se restablezca el derecho y se haga justicia, se pidan las responsabilidades administrativas y penales, la Plataforma proseguirá sus actuaciones y en los próximos días tomará nuevas medidas.

Se aproxima el invierno y las carreteras de acceso a Castril siguen en un lamentable estado tercermundista. Ni Junta ni CHG asumen sus compromisos.

La carretera de La Junta que une Castril con Pozo Alcón y que es vía de acceso a la provincia de Jaén y también hacia Granada, por estrecha y sinuosa dejó prácticamente de utilizarse cuando a finales de los 90 la CHG construyó el camino de servicio con motivo de las obras del pantano el Portillo sobre el río Castril. A partir de ese instante se utilizó esta carretera que llegaba hasta la aldea de Campo Cebas, conectando desde ahí con la A-326 hasta la localidad de Pozo Alcón. Era mucho más ancha, directa y evitaba los kms. más peligrosos de ascenso hasta Campo Cebas por la A-326, la carretera de la Junta. Además de acceso a la provincia de Jaén, se convirtió en la ruta más utilizada para llegar a Granada. Sin embargo, con una pasmosa dejación de responsabilidades por parte de la CHG, esta vía de servicio fue paulatinamente deteriorándose hasta cerrarse definitivamente para el tráfico rodado hace ahora un año. Como consecuencia, el tráfico ha tenido que recuperar esos peligrosos kms. de ascenso hacia Campo Cebas por la antigua carretera dependiente de la Junta de Andalucía.

Son especialmente peligrosos porque a las numerosas curvas sin visibilidad, falta de señalización en el asfalto y estado del mismo, se une una estrechez como no recordamos en alguna carretera andaluza. Conduciendo con prudencia, dos turismos podrán cruzarse no sin cierto riesgo. Pero si el cruce se produce con un autocar o camión, y no se olvide la frecuencia de los camiones que acuden a las canteras, el peligro es enorme. Tanto es así, que incluso sin inclemencias metereológicas, se han producido numerosos accidentes. El último, el sufrido por el autobús de línea con Granada hace unas semanas.

La CHG lleva tiempo diciendo que tiene aprobado el arreglo del camino de servicio que de ella depende. Pero esto empieza a parecer como la “realidad de los nuevos regadíos”. El tiempo pasa, los accidentes se producen y, algunos, con heridos. Mientras, el alcalde alaba el esfuerzo de las administraciones en la mejora de las infraestructuras en su álbum-programa de fiestas.

¿Se puede referir con la mejora de las infraestructuras a las otras carreteras que salen de Castril? La que une Castril con Huéscar, acceso para otros pueblos de la comarca y el levante, y que permite conectar, poco antes de Fátima, con la carretera que comunica con otros anejos de Castril (las Almontaras, Fuentevera, etc.) hasta alcanzar la carretera Cortes de Baza-Benamurel-Baza, desde donde ya se puede acceder a la A-92, tiene tramos estrechos y sinuosos objeto también de accidentes. En la carretetera con dirección hacia la de Cortes-Benamurel-Baza, se arregló hace años el tramo hasta sobrepasar el cruce de los Laneros, pero con una travesía por las Almontaras planteada como si de un desprecio a la población se tratara (¿dónde está la prometida rotonda?). Pero más allá del cruce con lo Laneros, hasta llegar a la carretera de Cortes-Baza, hay kms. olvidados por la Junta desde que esta existe. Los coches pueden circular a pesar de ser estrecha y de visibilidad escasa en muchas curvas. Pero el asfalto está en tan mal estado, con tal cúmulo de baches, badenes e irregularidades, que todavía tenemos mejor recuerdo de aquella carretera que aún en los 60 estaba sin asfaltar. Quien necesariamente tiene que repetir esta ruta, acaba visitando el taller mecánico antes de tiempo. En general, hasta llegar a Baza, estamos hablando de carreteras tercemundistas.

No olvidemos que la carreteras de salida de Castril comunican con centros comarcales de los que se depende para servicios básicos y necesarios: hospitales, institutos, juzgados, registros de propiedad, mercados, comercios, notarías, etc. Son carreteras que permiten también la comunicación con la capital o con otras provincias con fuertes vinculaciones migratorias. En algunos casos, como la de Baza-Cortes, se viene prometiendo, al menos desde 2007, su inminente arreglo y mejora.

Dado este lamentable estado de las carreteras, ¿a qué se refiere el alcalde con el esfuerzo de las administraciones en “financiar y ejecutar obras e iniciativas que han sido y serán fundamentales para la mejora de nuestras infraestructuras”? Porque si revisamos lo que nos queda, los caminos de acceso al río (por encima del pantano y por la dehesa), cementerio de Castril, cortijos de Castril y anejos, etc. las mejoras han sido excepcionales. Y además, con un problema añadido: su no generalización provoca agravios comparativos, generando un comprensible malestar entre los vecinos y vecinas que no se consideran agraciados, que son mayoría.

Las infraestructuras, las carreteras como redes de comunicación comarcal, serán uno de los retos que tendrá que afrontar y exigir a las administraciones el próximo ayuntamiento que salga de las urnas. Eso esperamos.

La Administración se justifica en sus propios errores para no aprobar el proyecto de nuevos regadíos en Castril.

El uso electoral y arrojadizo de los nuevos regadíos lleva gravitando sobre la población de Castril desde hace muchos años. Responsables públicos del PSOE y el alcalde han venido vendiendo la aprobación del proyecto como una conquista social en la que se habían involucrado. Pero no eran más que mentiras. A menudo habían aludido a la tardanza en su definitiva aprobación a los obstáculos interpuestos por las asociaciones que defienden el medio ambiente. Decían que eran las alegaciones sobre las posibles afecciones ambientales presentadas por estas asociaciones las responsables de que no se aprobaran. Finalmente, cuando el pueblo se estaba movilizando para protestar por el trasvase de aguas del río a la localidad de Baza, anunciaron que los nuevos regadío eran una realidad.

Sin embargo, mucha gente en el pueblo ya era consciente de que los nuevos regadíos estaban siendo utilizados para pescar votos y desmovilizar a la población que, con inquietud, veía cómo otra vez peligraba la vida del río del río Castril con el proyectado trasvase. La condición puesta para obtención de los nuevos regadíos, como bien se encargaban de repetir una y otra vez desde el círculo próximo al alcalde, era que se aceptara el trasvase. Pero eso era justamente lo que levantaba las voces de alarma. Esa era la jugada que desde la Plataforma se intuyó desde un principio y de la que se trató de alertar a personas beneficiarias de los nuevos regadíos: estos regadíos serían imposibles en la práctica con el trasvase; pero además, se advertía, una vez las obras estuvieran finalizándose en el término de Castril, acabarían denegando cualquier concesión. Entre tanto, utilizando hábilmente el tema, es decir, dosificando los anuncios de su inminente aprobación, tratarían de desmovilizar a la población a la vez que se garantizaban el apoyo político y un buen puñado de votos entre los beneficiarios de esos nuevos regadíos. Pero para los miembros de la Plataforma lo que que no se veía era una decidida apuesta y voluntad real de incrementar las hectáreas de regadío en Castril.

Llegando a extremos impropios de un estado de derecho, el alcalde había acusado a diferentes personas y asociaciones de los retrasos en la puesta en marcha de esos regadíos. La acusación se basaba en el hecho de que se había utilizado lo que la ley contempla: la posibilidad de plantear alegaciones acerca de previsibles impactos sobre el medio ambiente. Es decir, lo que con tanto esfuerzo se consiguió en las últimas décadas: la normativa de protección ambiental y el ejercicio del derecho a presentar alegaciones a cualquier proyecto sometido a información pública. Esto lo presentaba el alcalde como una conspiración malévola que atentaba contra los planes de los nuevos regadíos. Como es sabido, las alegaciones a cualquier proyecto tienen como fin que se cumpla la legislación; algo que nunca debiera escandalizar a los que quieren ser respetuosos con ella, y menos si además pertenecen o están de acuerdo con el partido gobernante, el partido que propone y aprueba esas leyes. Pero como hemos dicho, todo ello no era más que una estrategia que desviaba responsabilidades, conseguía apoyos y preparaba el terreno para cuando surgiera lo que finalmente ha sucedido: se deniega la concesión.

Algunas personas habíamos creído que finalmente y a pesar de las mentiras y el retraso, la administración cedería ante los agricultores y promotores de la comunidad de nuevos regadíos por los compromisos públicos que habían ido contrayendo en los últimos años. Incluso se operaron los cambios normativos que podían posibilitar la aprobación de estos regadíos. Pero no ha sido así. Aduce la Agencia Andaluza del Agua que los defectos en la tramitación del expediente conlleva la nulidad del proyecto. ¿Acaso desconoce la administración cómo se tramitan estos proyectos? ¿O es que se han ido permitiendo esos defectos, especialmente los referidos a exposición pública y consulta de los mismos, para después proceder a declarar nulo todo el proceso? ¿No esconde esto una falta de voluntad real de querer poner en marcha estos regadíos? Atrás quedaron las mentiras. “Los nuevos regadíos son ya una realidad” decía el alcalde hasta hace unos días. La última vez en el álbum de fotos que sirvió de programa de las fiestas. Seguramente volverá el alcalde a culpabilizar a los ecologistas, a sus oponentes políticos, a los defensores del río. Pero lo que no hará será reconocer sus mentiras y el uso electoral que de ellas ha hecho. Nunca reconocerá la falta de voluntad real por la administración ni cómo se ha utilizado el tema para tratar de desmovilizar al pueblo de Castril en su lucha contra el trasvase. Se acabó el tiempo. Finalizadas (o casi) la obras en Castril, lo que el pueblo opina ya no es ni será necesario; la decisión final sobre el trasvase se decidirá en los tribunales de justicia. Por tanto, la Administración, con las manos libres, ha dejado de marear la perdiz: por ahora, no habrá nuevos regadíos.

La comunidad de nuevos regadíos dispone de un mes para recurrir la resolución, pero si como es previsible, esta se hiciera firme, tendría que volver a iniciar el proceso. Ha sido mucho el esfuerzo dedicado para poner en marcha los nuevos regadíos. Por ello, no debiera darse marcha atrás. Pero algo sí debe quedar claro: no se puede dar crédito a los cantos de sirena ni dejarse seducir por el ayuntamiento o los responsables públicos de las administraciones. La Agencia Andaluza del Agua sabe cómo se tramitan los proyectos, los períodos de exposición y consulta, las medidas correctoras que debe incluir para prevenir impactos ambientales, etc. Es decir, lo que no han hecho hasta ahora. La comunidad de nuevos regadíos debe ser consciente de que las aguas del río Castril tienen que quedarse en la cuenca, para los regadíos de Castril y Cortes, para los tradicionales y las nuevas hectáreas de riego que se implanten. Los riegos en la cuenca contribuyen positivamente al mantenimiento del ecosistema de la cuenca y del ecosistema fluvial en un proceso de retroalimentación. El proyecto de nuevos regadíos puede ser viable y positivo, pero siempre que las aguas del Castril no sean trasvasadas a otras comarcas y cuencas. Por tanto, deben que saber con quién tienen que unir sus esfuerzos. Serán bien recibidos.

Nuevas concesiones de los acuíferos de Baza para regadíos. A la par, siguen demandando el trasvase del río Castril porque dicen que les falta agua.

Ecologistas en Acción envía un comunicado que reproducimos más adelante. En él comentan la aprobación por la Agencia Andaluzxa del Agua de medio millón de m3 anuales (suficiente para un consumo de 8.000 personas) para regadíos procedentes del acuífero Sierra de Baza, el principal aporte con que cuenta la localidad de Baza para su abastecimiento. Ello es una muestra más de la falsedad de los informes emitidos por la CHG advirtiendo de futuros problemas en el abastecimiento para la población bastetana contando con los actuales recursos disponibles, y que pretenden justificar la necesidad del trasvase del río Castril. En bastantes ocasiones han alegado la reducción de caudales de las fuentes de que se abastece y se riega en Baza. Pues esto nos muestra la prevaricadora política de la CHG en lo que a gestión de recursos hidráulicos se refiere. No pueden exigir el trasvase de aguas de un río, con la degradación ecológica que ello pueda suponer, sin ordenar y racionalizar la gestión de los propios recursos hídricos.

¿Qué pretenden?, ¿que se reduzcan los niveles piezométricos de manera que se vean afectados los caudales de las fuentes para justificar el trasvase del río Castril?, ¿el agua como negocio?, ¿especular con el agua? Cuando se encuentran en sede judicial numerosos recursos contra el trasvase, esta noticia puede volverse en contra de sus pretensiones. Y de sus intereses. De esos intereses que debieran responder personas ligadas al PSOE local, a los regadíos, a las empresas que especulan con terrenos, etc. De todo ello debieran responder personas como Manuel Quirante, Alcón García de la Serrana, P. Fernández, etc. (Más información en la entrada del 22-11-09)


El comunicado de Ecologistas en Acción

POR LO VISTO HAY TANTA AGUA EN BAZA QUE VAN A CONCEDER MEDIO MILLÓN DE METROS CÚBICOS ANUALES DEL ACUÍFERO PARA REGAR SECARRALES.

La Agencia Andaluza del Agua está preparada para autorizar una concesión de más de medio millón de metros cúbicos anuales (agua para abastecer un año a casi 8.000 personas) para el riego de 120 Hectáreas de secano.

Se trata del Cortijo Casablanca, en el término municipal de Guadix, que pretende sacar el agua del acuífero de Baza.

Ya vamos viendo el interés por llevar agua para beber a Baza (que parece que no tiene mucho problema de abastecimiento, a la vista de ésta y otras concesiones otorgadas en los últimos años). Se llevan el agua del Castril para beber y la que han usado siempre la dedican a sus regadíos, antiguos y, sobre todo, nuevos, mientras la gente en Cortes de Baza y en Castril se quedan mirando las palomicas.

Ecologistas en Acción ha alegado ante esta nueva concesión (que tiene el visto bueno ya de todas las administraciones) por inmoral e ilegal.

Es inmoral porque no se puede poner en riego secanos a costa del agua potable de una población, como es Baza.

Es ilegal porque suponen nuevos regadíos y estos no están contemplados en el Plan Nacional de Regadíos y además la Junta tiene el compromiso con la Unión Europea de no poner en riego ni una hectárea de más, fuera de lo ya programado.

Además existe una decisión de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de fecha 16 de junio de 2008, en la que se acuerda la imposibilidad de otorgar ninguna nueva concesión de aguas en la cuenca hasta la aprobación del nuevo Plan Hidrológico de Cuenca, aunque esta decisión se incumple sistemáticamente en la provincia de Granada.

Otorgar esta concesión del mismo acuífero de donde se nutre Baza, que está previsto que se tenga que abastecer mediante una conducción costosísima y una potabilización también más cara, en lugar de hacerlo del acuífero -donde por lo visto sobran medio millón de metros cúbicos- atenta contra los principios de economía y eficacia de la administración, al optar por solucionar el problema de abastecimiento a Baza con la opción económica y ambientalmente más cara, cuando son conocedores de la existencia de este recurso localizado y que no supone ningún coste adicional

Relevos en la delegación de Gobierno y el ministerio de Medio Ambiente. ¿Se acatará la sentencia del Supremo paralizando el trasvase del río Castril?

Sin muchas explicaciones, el presidente ha anunciado los cambios en su Gobierno. Entre ellos la sustitución de la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, por la anterior consejera de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar.

En principio, lo noticia, en Castril, ha sido recibida con satisfacción. No tanto por el nombramiento de la nueva ministra, pues la duda sobre su sensibilidad ambiental es más que razonable, sino por el cese de la anterior, cuya nefasta gestión respecto a los temas medioambientales ha sido puesto de manifiesto en los 6 años que ha estado de ministra, tanto en Agricultura como en Medio Ambiente.

Siendo ministra de Agricultura Elena Espinosa y estando en el ministerio de Medio Ambiente Cristina Narbona, el Gobierno aprobó el decreto que contemplaba determinadas medidas para combatir la sequía. Dicho decreto y sus prórrogas fueron un cajón de sastre para aprobar con carácter de emergencia varias obras obviando los trámites de consulta ciudadana y los correspondientes estudios ambientales. Una de estas obras, las del trasvase del río Castril, ya fueron descartadas por las administraciones y la propia Junta de Andalucía, pero desde la CHG aprovecharon la coyuntura para colarse con la justificación de la emergencia. Lo que anteriormente fue descartado por considerarlo prácticamente un ecocidio, es decir, que acabaría con la vida del río Castril, ahora se presenta como aguas para abastecimiento, consumo humano, inventando una necesidades que, sin embargo, cuando se proyectaba el anterior trasvase -2003-, en ningún momento se planteó que las aguas tuvieran que satisfacer esas supuestas necesidades. Esta estrategia, la de recuperar el anterior trasvase que se había utilizado como arma arrojadiza contra el Gobierno de aquellos entonces (PP), se camufló en las prórrogas del decreto 1419/2005 de medidas contra la sequía. La ministra aceptó las propuestas que desde la CHG, a través de directivos como P. Girón o J. Delgado, y con la posterior aquiescencia de los responsables provinciales del PSOE granadino, le hicieron llegar. Este es el motivo de que la Ficha Ambiental presentada por la CHG no se corresponda con las obras que se están realizando. Porque, en realidad, dicha Ficha se elaboró sobre la base de trasvases anteriores.

Anulado por el Supremo, con fecha de 1 de marzo de 2010 dicho decreto, Elena Espinosa, la ministra ahora cesada, tenía que haber reconsiderado el trasvase del río Castril paralizando definitivamente las obras y negociando las alternativas que se habían propuesto. La Plataforma por la Defensa del Río Castril se lo hizo saber y, a día de hoy, aún no se ha recibido ninguna respuesta. En el cajón de algún despacho del ministerio duerme el escrito que, esperamos, la nueva ministra, Rosa Aguilar, debiera responder. No olvidemos que además de la anulación por el Supremo del decreto 1419/2005, la sequía ha quedado oficialmente extinguida. Mucho nos tememos que si no hay respuesta en los próximos días, nuevamente haya que acudir a la vía judicial y contra los actuales responsables del ministerio.

Pero también la nueva ministra, Rosa Aguilar, tendrá que responder en el Congreso a las preguntas del portavoz de Izquierda Unida, G. Llamazares. Será el momento de evaluar el talante con el que la ministra pretende ejercer el cargo y la gestión ambiental en lo que queda de legislatura.

También hubo relevo en la delegación de Gobierno en Andalucía. Bajo el mandato de J.J. López Garzón, y ejerciendo en la subdelegación de Granada A. Cruz, se ha producido la represión sobre los vecinos y vecinas de Castril y Cortes que han protestado por las expropiaciones y las obras del trasvase del río. Cortes de Baza fue tomado por los antidisturbios (GRS) para proteger las obras y se ha procedido al envío masivo de multas administrativas y, también, denuncias por la vía penal. Se acusa a los vecinos y vecinas de reuniones y concentraciones ilegales; como si el derecho de reunión no estuviere constitucionalmente reconocido en el Estado español; como si para reunirse en una finca privada y con autorización de los agricultores propietarios de ellas, se necesitase de permisos previos. Recuérdese que las expropiaciones se realizaron acogidas a la emergencia del decreto anulado y que, además, se encuentran denunciadas en diversos juzgados.

La prepotencia mostrada por el subdelegado de Gobierno, con el apoyo del delegado de Gobierno ahora cesado, también tendrá sus consecuencias. Ahora parece ser que están pensando cambiar la acusación, y dado que no se sustenta lo de reuniones y concentraciones ilegales, pretenden encausar a algunas personas por supuestas coacciones a la empresa que ejecuta los trabajos, dejando en suspenso las multas administrativas. Otra acusación falsa que muestra la carencia de fundamentos de la política represiva dirigida para realizar a toda costa, contra el derecho, la ley y el sentido común, el trasvase del río Castril. Esperamos y deseamos también que el nuevo delegado en Andalucía, L. García Garrido, ponga fin a esta irracionalidad y retire todas las acusaciones y las multas. Y por coherencia, cese al subdelegado de Gobierno en Granada por haber sido el responsable directo de esta política represiva.

La CHG continúa las obras y pretende cruzar el río con una empresa cuyo contrato es nulo por estar amparado en el decreto anulado por el Supremo.

La información que remitió la CHG a la delegación granadina de Medio Ambiente y que, después, sirvió para que la secretaría de Cambio Climático emitiera el Informe Ambiental, no tiene nada que ver con las obras que se están realizando en el río (Véanse entradas de 9-10, 10-9, 16-8). Pero además, la empresa y la CHG han argumentado que no era necesario presentar el correspondiente proyecto técnico porque las obras habían sido declaradas de emergencia. Esta emergencia sólo ha sido declarada en el decreto de Gobierno 1419/2005, decreto declarado nulo de pleno derecho por el T. Supremo en sentencia publicada el 1 de marzo de 2010. Asimismo, las expropiaciones de terrenos se hicieron aplicando el art. 52 de la ley de Expropiación forzosa precisamente al haber sido declaradas las obras de emergencia.

La situación en que nos encontramos es que al haber sido declarado nulo de pleno derecho el decreto del Gobierno, el resto de actos administrativos que dependían de dicho decreto también han dejado de tener cobertura legal. La empresa fue contratada, y así consta en su contrato, mediante el procedimiento que permite el art. 72 de la ley de Contratos de la Administraciones Públicas, es decir, por el procedimiento previsto para los casos de urgencia. Declarado nulo el decreto que aprobaba la emergencia que permitió la contratación de la empresa SOGEGOSA, el contrato de esta empresa, por tanto, también es nulo; por lo que la empresa está operando fuera de la ley. ¿Puede ahora la empresa continuar las obras? ¿Puede realizar los cruces en el río? ¿Puede invadir el dominio público hidráulico? ¿Puede penetrar en el conjunto Histórico-Artístico de Castril y atravesar el Monumento Natural de la Peña, figuras Bien de Interés Cultural?

La CHG no puede alterar el dominio público hidráulico y otorgar una concesión (200 l/sg del río Castril) sin el amparo del decreto del Gobierno. Tampoco una orden ministerial puede autorizar la emergencia sin la aprobación del Consejo de Ministros. Por tanto, no hay cobertura legal para las expropiaciones, para la contratación de la empresa, para eludir la presentación de proyecto, para alterar el dominio público hidráulico y otorgar la concesión. A esto hay que añadir las falsedades e irregularidades de la Ficha Ambiental y la ocultación del hecho de afectar a zonas BIC.

Por eso resulta aún más sorprendente que una empresa cuyo contrato con la Administración es nulo, dé aviso público de su intención de cruzar el río en varios puntos, de prolongar el trazado y de modificar el punto de captación. El período abierto por SOGEGOSA para presentar alegaciones a esta nueva modificación del trazado es nulo porque la empresa carece de contrato con la CHG que le pueda permitir hacerlo. El anuncio y, por supuesto, su posterior ejecución carece de validez legal. No olvidemos que la Plataforma por la defensa del Río Castril se ha personado en el proceso. También el ayuntamiento de Cortes y numerosos afectados están presentando alegaciones.

Las administraciones pretenden la vía de los hechos consumados, pero no se olvide que muchos actos se encuentran en vía judicial, todos han sido administrativamente comunicados y, en los próximos días, habrá nuevas denuncias. Pero las responsabilidades pueden ir más allá. Porque cuando se desoyen las advertencias y se actúa ignorando la existencia de la sentencia del Supremo, entonces será el momento de las responsabilidades penales. Y las administraciones públicas, incluidos los ayuntamientos, tendrán que responder.

Se programan las fiestas de Castril en un álbum de fotos del alcalde. Su saludo es una ofensa al sentido, la razón y al buen gusto.

Si, en efecto, eso es lo que parece el programa de fiestas de Castril: un álbum personal de fotos del alcalde. Hecho a todo color y con dinero público, el alcalde se autopromociona y vende imagen de los encuentros que ha mantenido en los últimos meses con personas que él considera relevantes. Es sabido que utiliza cualquier ocasión que encuentra para postularse y figurar, por más banal que sea, en los medios de comunicación. Ahora también es aprovechada con la excusa de la fiestas de Castril. Esa obsesiva y ridícula actitud le lleva a publicar hasta 23 fotos suyas.

Revisados programas de fiestas de pueblos de alrededor, no hemos encontrado nada parecido. En la mayoría de los casos, aparece sólo la foto del alcalde acompañando el saluda inicial. Pero no es eso sólo. Ningún alcalde aprovecha ese saluda o el programa para arremeter contra el vecindario que no sigue sumisamente su gestión política ni para justificar la evasión de responsabilidades ocultando la verdad.

Nos dice en el saluda inicial que el ayuntamiento de Castril es de los menos endeudados de la provincia. Evidentemente no especifica a qué tipo de deuda se refiere. Si es absoluta, porcentaje sobre los presupuestos, sobre la renta per cápita, etc. El dato real y cierto, que es lo preocupante, es que el ayuntamiento ha pasado de tener una deuda de 87.000 euros a finales de 2008 a ser de 436.000 euros en diciembre de 2009. ¿Ha crecido la deuda porcentualmente en algún pueblo más que en Castril? De continuar así, ¿qué cifra alcanzará el ayuntamiento al terminar el año? El vecino pueblo de Cortes, por ejemplo, ha pasado de tener una deuda de 157.000 a 263.000; es decir, ha crecido en 106.000 euros. Por tanto, menor deuda y menor crecimiento de ella, en términos absolutos y porcentualmente.

También comenta como un logro importante la aprobación del proyecto de restauración del castillo de la Peña. Pero calla algunos aspectos. ¿Por qué se ha aprobado con cargo al 1% de gastos de cultura por obra pública? ¿Porque es la compensación por las obras del trasvase del río? ¿Eso es lo negociado? Pues la jugada aún no está terminada. Más bien pronto que tarde llegará la paralización definitiva de las obras y su demolición, es decir la retirada de los tubos. En esa situación, ¿se aprobará la partida presupuestaria y se ejecutarán las obras de restauración del castillo? Respecto al “Santo”, la figura del Sagrado Corazón que preside la Peña, escribe el alcalde que su intención es que se mantenga en ese lugar. Lo que no nos aclara es cuál es la intención de los promotores de la obra, si finalmente decidieran llevarla a cabo. Esa información es la que tiene que dar a conocer ahora.

Y como no podía ser de otro modo, se adelanta las medallas sobre la aprobación de los nuevos regadíos para Castril. Cuando sean una realidad, que aún no lo son (aunque muchos pasos se han dado y ya parece vislumbrarse el final), será mérito de sus promotores, porque con su esfuerzo y tenacidad ha sido posible superar múltiples obstáculos (algunos necesarios y convenientes, como los trámites ambientales), entre ellos, los reiterados engaños y utilización electoral del tema por las administraciones y el propio ayuntamiento.

Reconocer la propia ignorancia es la antesala para el buen conocimiento. En efecto, el que reconoce que no sabe, está dispuesto a abrirse al conocimiento, a encontrar explicaciones racionales sobre lo que le rodea. Actitud bien diferente del que cree saberlo todo o cree, sin más, todo aquello que le dicen. Así lo entendemos desde que Sócrates, hace 25 siglos en la Grecia clásica, lo expusiera. Nadie tiene por qué tener una sólida formación en temas ambientales (ni en otros), pero el sentido de la prudencia obliga al estudio y asesoramiento antes de pronunciarse sobre lo que no se sabe. Todo antes de decir sandeces y repetir como un papagayos los dictados y consignas de otros, que además son partes interesadas. Eso es lo que hace el alcalde de Castril en lo referente al trasvase del río. La idiota seguridad que dice tener respecto a que el trasvase no afectará a la integridad del río, es la misma que muestra al afirmar que tampoco se verán reducidos los derechos de los regadíos de la vega. Cualquier regante que haya leído este artículo del álbum hubiera soltado una carcajada si no se tratara de un tema tan serio y preocupante. No es que le vayan a reducir hasta la mitad los caudales para riego, sino que pretenden que se instalen contadores en las acequias para controlar dichos caudales.

En vez de evadir responsabilidades, por qué no dice claramente en qué consistió la negociación y acuerdo con el entonces directivo de la CHG, J. Delgado? Porque fue a partir de ahí cuando se puso en marcha el nuevo plan de trasvase del río. Desde ese momento, él y sus equipo de gobierno municipal, son parte corresponsable. Y ahora, cuando las obras y las expropiaciones han dejado de tener cobertura legal, y la empresa contratada está fuera de la ley, el ayuntamiento está obligado a exigirle el proyecto y la licencia para poder continuar. Del incumplimiento de estos hechos podrían derivarse responsabilidades penales.

No es nuevo que el alcalde aproveche el dinero público, empleado en este álbum que pretende ser un programa, para arremeter contra las asociaciones que defienden el río. Nuevamente nos anuncia informes y documentos relativos al tema. ¿Habrán concluido la investigación que pensaban hacer sobre las personas que defienden el río? La anunció el anterior secretario provincial del PSOE, hoy consejero de Educación, y el subdelegado de Gobierno también aparecía especialmente interesado (véase entrada del 3-10-09). Estas pesquisas realizadas desde el poder, cada vez más nos recuerdan a otra gloriosa etapa del partido en cuestión, en la que algunos dirigentes promovieron un grupo terrorista, una guerra sucia desde el Estado que, entre otras acciones, supuso el secuestro y tortura de ciudadanos por el simple hecho de parecerles sospechosos. Por ahora, sus actuaciones parecen limitarse al acopio de información confidencial, que está amparada por la ley de protección de datos, para hacerla pública (por tanto, presumiblemente, un delito). También a la identificación y chivatazo, a través de fotografías, de las personas que han acudido a apoyar a los agricultores/as de Cortes, para más tarde inventar absurdas acusaciones y el envío de multas. Esperemos que el seguimiento de las actividades no haya supuesto también la intervención de teléfonos. A estas alturas, con esta especie de terrorismo de Estado a escala local y provincial, nos podemos esperar cualquier cosa, incluida la contratación de periodistas para dar pábulo de credibilidad a esa falsa realidad que pretenden mostrar.

Por último, nos anuncia que se programarán en la plaza las migas que no se pudieron hacer a finales de agosto “por los motivos que todos sabéis”. En aquellos días sacó unos carteles culpando a unos vecinos de la anulación de las tradicionales migas, un acto que viene haciéndose desde hace años por grupos familiares en la plaza del pueblo y con apoyo del ayuntamiento. No sólo no gestionó bien aquel asunto, sino que ha tratado, como es su costumbre, de culpar a otros de lo que no es más que su responsabilidad y una muestra de su ineptitud.

El victimismo al que acude con frecuencia pudo haberle dado buenos dividendos políticos en otra época; pero en el pueblo se extienden las sospechas y aumentan las críticas. Dentro de unos meses llegarán las elecciones municipales. Es el momento en que el pueblo tendrá que decidir quiénes deben responsabilizarse de la gestión municipal.

Ecologistas en Acción denuncia ante la fiscalía que las obras en el río Castril no son las aprobadas por el Consejo de Ministros

Las obras que se aprobaron, y que no tenían que someterse a Evaluación de Impacto Ambiental, no iban por los márgenes del río ni por su valle fluvial.

Sin embargo la empresa Sociedad General de Obras (SOGEOSA), que realiza las obras promovidas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, solicita autorización a la Agencia Andaluza del Agua para el “Cruce canalización tubería al río Castril y afluentes”, ya que las obras que se realizan “fuera de los márgenes del río Castril y de su valle fluvial” -según la Secretaria de Estado para el Cambio Climático- cruza el río hasta en 4 ocasiones.

Obviamente, si tenemos que el Consejo de Ministros aprobó una tubería de 400 mm y la que se está poniendo es de 500 mm, y que la excusa para no someter las obras a Evaluación de Impacto Ambiental es que no iban por el río, tenemos que pensar que las obras que se realizan en las orillas del río Castril, con tuberías mayores a las proyectadas, no son las aprobadas como emergencia por el Consejo de Ministros en 2006.

Por eso se ha pedido a la Fiscalía que actúe de inmediato, para evitar que los hechos consumados bendigan un delito ambiental y socioeconómico de difícil reparación. La inhibición de la Fiscalía ampararía unos hechos de muy dudosa legalidad, convirtiéndose en cómplices y dejando la credibilidad en la justicia bastante malparada y a un pueblo desesperado viendo cómo se vulneran sus derechos más fundamentales ante la pasividad de quien debe defender el estado de derecho.

Las recientes declaraciones del Delegado de Medio Ambiente, amenazando al Ayuntamiento de Cortes de Baza por supuestos usos futuros del agua, añaden más confusión a este esperpento, que no se sostiene de ninguna manera y del que alguien tendrá que responder.

El Coordinador Provincial. Javier Egea.

De termosolares y embotelladoras, o de cuando de la manipulación informativa al servicio de un partido se trata.

Nos sorprende un diario, en concreto IDEAL, informando de un proyecto de construcción de 4 plantas termosolares en el vecino pueblo de Cortes de Baza. En tanto que se trata de una fuente de energía renovable, en la actualidad, con el proceso de cambio climático que estamos viviendo como consecuencia de los gases de efecto invernadero, sería una noticia bien recibida. Las termosolares, como otras fuentes energéticas que no suponen la quema de fósiles combustibles, las que producen CO2, han contado con el respaldo del movimiento ecologistas, las organizaciones y personas sensibilizadas e interesadas por el medio ambiente. Evidentemente, también las termosolares tienen que estar sujetas a las cautelas y los informes ambientales preceptivos. Cerca, en la colindante comarca del Marquesado, existen varias termosolares a las que hasta ahora nadie ha puesto ninguna objeción de tipo ambiental.

Pero resulta que esta termosolar, según el periodista que ejerce de corresponsal (del diario, del ayuntamiento bastetano o del PSOE local, según se mire), pretende captar el agua que necesitan para su refrigeración del río Castril. Sostiene que son 4 hm3. Evidentemente, esto sería una barbaridad para el ecosistema fluvial, el río, y el ecosistema de la vega. Las afecciones tendrían la importancia suficiente como para que cualquier persona interesada en preservar la integridad ecológica del río Castril hubiese mostrado su rechazo. ¿Pero qué sucede si el agua que se detrae no procede del río Castril como pretende hacernos ver el periodista en cuestión? Pues que si el caudal que se utiliza para la refrigeración proviene de aguas para regadío (como en la termosolar de Galera) o del acuífero captada mediante pozos (las del Marquesado), retornando nuevamente a su lugar de procedencia, entonces estaríamos hablando de un proyecto que nada tiene que ver con el río Castril. Y este es el caso que estamos tratando. Por más que se empeñe el periodista, el ayuntamiento de Cortes ni tiene competencias ni ha solicitado que se detraiga el agua del río Castril. Captada del acuífero mediante pozos, en la aldea de Campo de Cámara, a varios km. y decenas de metros de altitud por encima del río, si los aprueban las administraciones competentes, la vegetación y la vega del río Castril en nada podrán verse afectadas, ni se verán alterados los caudales que el río necesita para mantener el caudal ecológico y las necesidades de los regadíos tradicionales.

Estas son, precisamente, las consultas y los estudios que están en marcha. Nadie ha autorizado ni dado el visto bueno para que las aguas se detraigan del río Castril. Cualquier insinuación de connivencia respecto a esa posibilidad responde a la mente calenturienta de un periodista orgánico que ve cómo están perdiendo la batalla de la opinión pública ante la irracionalidad del trasvase.

No pueden justificar la emergencia cuando no hay sequía (reconocido oficialmente). Los argumentos para no aceptar el proyecto alternativo ahora se reducen a que tendrían que bombear el agua unos metros más si la cogen desde la desembocadura del río en el Negratín. Al parecer, esos metros de más en el bombeo, “cuestan” más que las obras del trasvase y, lo que es peor, ese costo es más importante que la muerte del río. También han inventado, inventado porque los informes oficialmente encargados lo desmienten, que la depuración y potabilización es más compleja. Algo hemos ganado, porque hasta ahora negaban que el agua detraída desde el proyectado punto de captación necesitase tal proceso de tratamiento.

Como muchos de estos aspectos han salido a luz pública en este mismo medio, y la rabieta en los dirigentes provinciales y locales del PSOE ha debido ser mayúscula, el periodista orgánico ha recurrido a sus privilegiadas fuentes informantes a ver de qué manera se puede desprestigiar a aquellos que pretenden entorpecer sus planes especulativos respecto a las aguas del río Castril. Lanzada la insidia contra el ayuntamiento de Cortes, ahora el turno le corresponde a la Plataforma. Para ello, nada mejor que contar con el alcalde de Castril.

Saca a colación, el periodista y quien le informa, todo en el mismo artículo, que el presidente de la Plataforma ha solicitado una embotelladora con agua de un manantial cuyas aguas vierten al río. Por supuesto esa solicitud no aparece por ningún lado, como tampoco se dice que la concesión del caudal de esa fuente (4 l/sg.) está asignada al propietario de la finca, que es de suponer que puede utilizarla para riego o para aquellos otros usos que, dentro de la ley, las autoridades puedan otorgarle. Esto es algo que, evidentemente, no tiene nada que ver con el trasvase del río, salvo el hecho, claro, de que el propietario de esa finca es el presidente de la Plataforma. Pero todo sea con el ánimo de sembrar un poco más de confusión.

Regresa el mito de la caverna. A decir verdad, nunca se fue. El reportaje de IDEAl del día 3 pareció una salida a la luz, como la vislumbrada por el preso cuando se libra de las cadenas y se aproxima lentamente la verdad, como narra el mito platónico. Pero el poder, los intereses y la manipulación mediática se mueven para que se crea que la realidad no es más que lo que reflejan: sombras que se proyectan sobre el fondo de la caverna. Fuera quedan los pozos ilegales, los políticos implicados en la apertura ilegal del pozo de S.Juan, las reconversiones de secano a regadío (Véase entradas de 22-11-09 y 11-08-10), la situación de los acuíferos, la llave del Portillo, el agua como negocio, el río Castril como factor económico, el dinero para los que mandan y viven del pesebre.

Pero su arrogancia y prepotencia les llevó a sobrepasarse a sí mismos. Creyeron que su poder se situaba incluso por encima de la ley que ellos mismos establecieron. Y lo pagaron. Lo han pagado, porque el decreto que los autorizaba para hacer y deshacer ha sido declarado por el Tribunal Supremo nulo de pleno derecho. Y ahora se han encontrado con la horna de su zapato, porque tendrán que responder ante el pode judicial. Por más periodistas orgánicos que utilicen para producir una imagen falsificada de la realidad.

La comunidad de regantes de Castril rechaza las propuestas impulsadas por la CHG que justificarían el trasvase del río.

La reunión se presentaba con la pomposa denominación de modernización de regadíos y con ayudas de la consejería de Agricultura y Pesca. Pero había más. Mucho más: Se presenta una empresa, TECAG, S.L.P., con el estudio previo y defendiendo la necesidad de modernización de los regadíos. La asamblea, se supone, si aprueba, le realizará el encargo. Pero a continuación, figura el punto clave de esta bien urdida maniobra: el compromiso de la asamblea de limitar las dotaciones de agua. Es decir, la aceptación voluntaria de la reducción de sus derechos históricos.

¿Qué se pretende con ello? Crear excedentes de agua sobre el papel para que pueda justificarse el trasvase del río a Baza. Repetimos lo que hemos dicho en incontables ocasiones: el trasvase es matemáticamente imposible respetando los derechos de los regadíos tradicionales, tanto de Castril como de Cortes, y con el caudal ecológico. ¿Cómo pretende resolverlo la CHG? Pues reduciendo las dotaciones en un caso y el caudal ecológico en el otro.

Esta vez, los regantes no han picado el anzuelo y por abrumadora mayoría rechazaron las propuestas. Otra cosa es que luego, a título individual y dependiendo de los cultivos, quieran acometerse medidas de modernización. Pero nada de eso pueda justificar la cesión de derechos para que en otras partes se haga un uso especulativo de ellos, que ese es el trasfondo del trasvase. Defendiendo y manteniendo las actuales concesiones, se garantiza el agua en la propia cuenca, con el efecto positivo sobre el ecosistema de la vega y el río.

Respecto al caudal ecológico, ya hemos visto las diferentes propuestas de la CHG. Evidentemente, ninguna de ellas avalada por estudio alguno. Han hablado de 500 l/sg, y así está recogido en boletines oficiales. Pues bien, estas cifras fueron las que dejaron cuando realizaron las obras en el túnel con la ya conocida aparición de truchas muertas, a los pocos días (véase entrada del 23-6-09), entre otras consecuencias. Elevando al absurdo lo que la CHG entiende por caudal ecológico, en otra ocasión afirmaron que este era de 150 l/sg. Evidentemente, si no fuera la vida del río se trata, de uno de los pocos ríos vivos que en Andalucía quedan, esto resultaría cómico.

No hay más estudio de caudales ecológicos que el realizado por la Universidad de Granada y la Politécnica de Madrid y coordinado por el profesor Alba Tercedor. Aguas abajo de la presa del Portillo, los caudales oscilan entre los 1000 y 1500 l/sg. Como vemos, estas cifras son muy distintas a las presentadas por la CHG. Mantener estos caudales más las actuales dotaciones de los regadíos, ya es complicado en algunos años hidrológicos. Lo que resulta imposible es, además, pretender un trasvase de 6-7 hm3 (por ahora) a Baza. Eso es la muerte del río. Pero esta vez, los regantes, han sabido estar a la altura de las circunstancias.

La manifestación en defensa del río fue más un acto en defensa de la libertad y por la justicia.

Centenares de personas procedentes de Cortes de Baza, otros tantos de la misma Granada, también decenas venidas de Castril y otros lugares, como Baza, se manifestaron por las calles de Granada en contra del inncecesario e irracional trasvase de aguas del río Castril. Se protestó y pidió la paralización definitiva y que se reconsidere el proyecto alternativo, consistente en la captación de aguas desde la desembocadura del río en el pantano del Negratín, y que supondría respetar la integridad ecológica del río y el nulo impacto de las obras.

Pero además, se denunció y exigió la paralización del trasvase por encontrarse fuera de la ley, por realizarse estas obras en claro fraude de ley tras la anulación por el Supremo del decreto 1419/2005. Y no sólo eso. La presencia de los antidisturbios en Cortes de Baza impidiendo a los agricultores el acceso a sus tierras y permitiendo que las máquinas de la empresa ilegalmente contratada (véase entrada del día 24-09) atraviese sus cultivos, en un proceso de expropiaciones que es ilegal y se encuentra en los tribunales de justicia, y ello por expreso mandato del Subdelegado de Gobierno, quien además ha enviado multas a más de setenta vecinos y vecinas (por ahora) por el mero hecho de expresar su solidaridad con los agricultores afectados, concitó la indignación y rabia de los manifestantes hacia el Subdelegado, A. Cruz. Se le demandó el respeto a la sentencia del T. Supremo, al derecho y a las libertades suspendidas de facto en el pueblo de Cortes.

Por las acusaciones de fascismo y la demanda de libertades pareció tratarse de una manifestación más propia de otros tiempos. En realidad, que se consiguiera acabar con la dictadura y se estableciera un sistema democrático homologado por los paises occidentales, no quiere decir que las actitudes fascistas no permanezcan en sectores de la dirigencia política. Tampoco que el sistema garantice las libertades y los derechos que, sobre el papel, figuran en declaraciones y textos constitucionales. Amedrentar a la población con el envío masivo de multas, a personas denunciadas e identificadas siguiendo el más puro estilo nazi, es una forma de restar presencia en las protestas que no puede ser tildada más que de fascista.

En efecto, fueron muchos los vecinos que creían poder ser multados si acudían a la manifestación. Castril y Cortes son pueblos cuya renta per cápita se sitúa alrededor de los 8.000 euros. Es decir, estamos hablando del umbral de la pobreza relativa existente en el Estado español. ¿Qué puede sentir una familia, una persona, cuando reciba la notificación de una multa de 7.000 euros, prácticamente la totalidad de su renta anual? No obstante, la respuesta del pueblo cortesano fue, una vez más, extraordinariamente aceptable. En Castril, la sombra del ayuntamiento, cómplice de la CHG en este nuevo intento por acabar con la vida del río, se proyecta vengativamente sobre los vecinos/as. Cualquier crítica a la política del alcalde se transforma en una pérdida de los favores municipales. En todos los sentidos. Desde los que tiene que prestar un servicio público, a los que tiene que garantizar como institución y que deben ser neutrales y transparentes. En Castril, como en otros pueblos de Andalucia, las redes clientelares se establecen con la satisfacción mutua de intereses; y el ostracismo y persecución de los críticos y adversarios políticos es una constante cotidiana. Las prácticas del antiguo señoritismo continúan instaladas en la vida del pueblo: es el fascismo sociológico, que sobrevive al fascismo político. Esa es la explicación de la muy inferior afluencia de manifestanntes de Castril respecto al vecino pueblo de Cortes.

Manifestación en defensa del río Castril, Domingo 26 a las 12 desde la plaza del Carmen (ayuntamiento)

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La manifestación está convocada por Ecologisata en acción, el pueblo de Cortes de Baza y la Plataforma por la Defensa del Río Castril. Apoyan otras fuerzas políticas, sindicales y sociales como Izquierda Unida -los Verdes- Convocatoria por Andalucía-, Confederación General del Trabajo (CGT), Sindicato Andaluz de trabajadores (SAT), Los Verdes de Andalucía y la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua.

Manifestación en defensa del río Castril en Granada el día 26 de septiembre.

-Pinchar sobre la foto para ampliar-

Izquierda Unida pedirá en el Congreso que el Gobierno se defina sobre la ilegalidad del trasvase y la presencia de los antidisturbios en Cortes.

El Gobierno tendrá que definirse sobre si piensa acatar la sentencia del Tribunal Supremo que declara nulo de pleno derecho el decreto 1419/2005. Este decreto declaraba como obras de emergencia diferentes actuaciones para paliar los efectos de la sequía en diferentes cuencas hidrográficas, entre ellas la del Guadalquivir. Dicho decreto fue prorrogado permitiendo a su amparo que se aprobasen las obras del trasvase del río Castril a la población de Baza.

Al haberse aprobado con carácter de emergencia, esta figura, la emergencia, permitió que no fuese obligatorio la presentación de proyecto para ser sometido a los preceptivos informes ambientales y la participación ciudadana. Asimismo, la declaración de emergencia, posibilitó que las obras fueran adjudicadas a la empresa SOGEOSA aplicando el art. 72 de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas, obviando el concurso público y acortando los plazos en todos los trámites administrativos. Igualmente, por la emergencia declarada en el decreto anulado, se aplicó el art. 52 de la ley de Expropiación Forzosa, eludiendo la normativa, controles y plazos del proceso ordinario.

Por tanto, estas obras, a fecha de hoy, carecen de cobertura legal. Y lo que es más grave, se están ejecutando con la protección de la fuerza pública. Obras innecesarias e irracionales, ecológicamente insostenibles, que además son, ahora, ilegales, se encuentran protegidas por la fuerza pública. La población de Cortes de Baza, y también, en menor medida, de Castril, están recibiendo multas de entre 3.000 y 7.000 euros por simplemente proteger sus cultivos frente a las máquinas de una empresa ilegalmente contratada, en unas tierras sometidas a un proceso ilegal de expropiaciones para realizar unas obras ilegales.

Esto es una violación del Estado de derecho. IU va a preguntar y pedir aclaraciones al Gobierno. Asimismo va a exigir responsabilidades. De la respuesta del ministro y la ministra de Medio Ambiente, sabremos hasta dónde llegan las convicciones democráticas de los responsables del Ejecutivo. Estaremos atentos.

La Plataforma recurre el auto que suspendía el decreto de la alcaldía de Cortes y pide que se mantenga la paralización.

La Plataforma por la Defensa del Río Castril ha interpuesto recurso ante el juzgado nº 4 de Granada en contra el auto de levantamiento cautelar de la paralización de las obras del trasvase, decretado en su día por este Juzgado, pidiendo que se desestime la medida cautelar y se mantenga la paralización de las mismas.

Desde la Plataforma se mantiene que la actuación llevada a cabo por la CHG y el ministerio de Medio Ambiente es cuando menos irregular, y no obedece a ninguna necesidad urgente de agua para el pueblo de Baza; no se pueden aprobar unas obras por Emergencia y luego alegar para que el Juzgado levante cautelarmente la paralización argumentando que se deben terminar por si acaso viene una futura sequía, con lo que vuelve a dejar en evidencia que todo ha sido una farsa.

La Plataforma denuncia, una vez más, que dicho auto no presupone la legalidad de las obras ni del procedimiento de expropiación forzosa de las tierras afectadas, como en su día declararon el Subdelegado del Gobierno en Granada y algunos gobernantes de la zona, mandando un mensaje erróneo a los agricultores con el único fin de menoscabar las protestas de los ciudadanos que están en contra del trasvase.

Hay que recordar una vez mas que dichas obras son ilegales, porque su aprobación por orden ministerial y posterior aprobación definitiva por el Consejo de Ministros del 16 de diciembre del 2006, se baso en el Real Decreto de Sequía Nº 1419/2005, Real Decreto este, que fue declarado “nulo de pleno derecho” por el Tribunal Supremo y hecho publico en el BOE de fecha 01/03/2010 y cuya sentencia es firme.

Por todo ello y pesar de haber pedido en reiteradas ocasiones y a los diferentes organismos implicados la paralización definitiva de las obras y del trasvase, teniendo como respuesta la continuación de las mismas, con el apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado “Grupo especial de la Guardia Civil, GRS”, la Plataforma convoca la manifestación del próximo domingo día 26 de septiembre en Granada, para protestar por los hechos acaecidos estas ultimas semanas contra la libertad de expresión y represión de la libertad ciudadana y exigir la paralización definitiva de las obras.

Se convoca manifestación en Granada en defensa del río Castril el domingo 26 de septiembre

Las máquinas atraviesan la vega del río Castril a su paso por Cortes de Baza destrozando cultivos, vegetación de ribera e invadiendo el cauce del río. Las fuerza antidisturbios vigilan que los trabajos puedan realizarse sin que los agricultores/as puedan defender sus tierras. Pero la rabia y la indignación sigue estando presente en las poblaciones de Castril y Cortes.

Frente a la represión sufrida en las últimas semanas, en la que se han producido desalojos a la fuerza de los propios terrenos de cultivo, se ha impedido el acceso a ellos, se han efectuado controles y registros, envío masivo de multas administrativas y también por lo penal, y todo ello por ejercitar los derechos de reunión y circulación (no puede considerarse manifestación lo que no estaba previamente organizado y convocado), las protestas tienen que extenderse y llevarse a la misma sede del inmediato responsable: el Subdelegado de Gobierno en Granada. Entendemos que lo que se ha producido es una suspensión de facto de las libertades en el pueblo de Cortes de Baza.

Evidentemente, las denuncias, efectuadas con identificaciones fotográficas, con acusaciones que no se corresponden con los hechos y con unos fundamentos jurídicos que no se ajustan a las leyes penales actualmente vigentes (otra cosa hubiese sido durante los 40 años de dictadura franquista), están siendo recurridas. Pero la respuesta en el terreno judicial puede ir más allá: No puede ampararse la ejecución de unas obras ilegales en la fuerza pública por decisión del Subdelegado de Gobierno. La empresa, CHG y las demás administraciones con competencias ambientales ni pueden alegar desconocimiento ni pueden eludir responsabilidades.

Por lo pronto, se ha convocado una manifestación en Granada el día 26 se septiembre, a las 12 del mediodía, con salida en la plaza del Carmen (plaza del ayuntamiento) y llegada frente a la Subdelegación de Gobierno. Los granadinos y granadinas tienen que decirle, alto y claro, al Subdelegado de Gobierno, que no se está dispuesto a aceptar este atropello, este virtual estado de sitio que se está viviendo en Cortes de Baza. Hay que recordarle que el trasvase del río Castril, además de ilegal, es la muerte de un río, y con él, una herida más a unos pueblos empobrecidos pero orgullosos de su patrimonio natural y cultural con el que históricamente han forjado su identidad.

La manifestación, convocada por el pueblo de Cortes, la Plataforma por la Defensa del Río Castril y por Ecologistas en acción, empieza a recibir otros apoyos: Izquierda Unida, la Red andaluza Nueva Cultura del Agua, Los Verdes de Andalucía, el SAT, el eurodiputado Willy Meyer y el profesor Leandro del Moral. Más adelante y conforme recibamos noticias, informaremos de más apoyos y pormenores de esta manifestación.

Represión sobre agricultores/as, ecologistas y quienes defienden la vega y el río Castril.

Cortes de Baza está viviendo un virtual estado de sitio. Las fuerzas antidisturbios tienen tomado el pueblo. Un amplio cordón de seguridad impide los accesos a las tierras por donde se efectúan los trabajos del trasvase. A cualquiera que tenga o quiera desplazarse por los alrededores, se le pedirá la documentación e, incluso, se le registrará. A algunos los dejan pasar no sin la correspondiente escolta.

¿A qué se deben tantas medidas de seguridad? ¿Qué es lo que se protege hasta ese extremo? Unas obras ilegales, absurdas e innecesarias. Son ilegales porque el decreto que amparaba la realización de las mismas fue declarado nulo de pleno derecho en sentencia de T. Supremo. Las expropiaciones de terrenos también se hicieron aplicando la urgencia que otorgaba el decreto anulado. No se hizo el proyecto técnico ni, por tanto, la información ambiental que tenía que acompañarlo, porque no era necesario al haber sido declaradas de urgencia en el susodicho decreto anulado por el Supremo.

Son absurdas porque nunca han habido problemas de abastecimiento en la localidad de Baza, destino del trasvase. Por suerte, la localidad, dispone de una sierra que permite recargar el acuífero (50 hm3 anuales) y con recursos disponibles (35 hm3) de manera que es prácticamente imposible que puedan darse problemas de abastecimiento. Y es innecesaria porque el embalse del Negratín, a escasos kms. de Baza, puede proporcionar el agua para regadío que hoy, en muchos casos ilegalmente, se obtiene de los pozos que la extraen del acuífero. Incluso podrían captar el agua del Negratín para consumo humano, como se hace para Almanzora.

Si estas ilegales obras irrumpen ocasionando destrozos en los cultivos de la vega de Castril y Cortes, alterando el dominio público hidráulico y cruzando el río hasta en seis ocasiones, desbrozando y talando vegetación de ribera y, después, detrayendo unos caudales que harán imposible mantener los caudales ecológicos y la cantidad necesaria para sostener los regadíos tradicionales, haciendo peligrar la rica ictiofauna del río Castril (trucha, barbo, cacho, boga…), alterando el hábitat de la nutria, entre otras afecciones, la respuesta de la población de Castril y Cortes no puede ser más que la protesta y rechazo. Así es también para cualquier persona que no tenga una visión economicista y especulativa del agua y del medio ambiente.

Las movilizaciones emprendidas, sin embargo, han encontrado una respuesta desmesuradamente inapropiada en las autoridades gubernativas si de un Estado de derecho se trata. La presencia de los agricultores/as en sus tierras de cultivo, con el apoyo y solidaridad de los vecinos/as ha sido reprimida, el pueblo tomado por las fuerzas antidisturbios (GRS) (¡Cómo si hubiese existido tal cosa!), se han establecido controles, registros, toma de datos, fotografías, etc. Se han cursado más de 40 denuncias con multas que oscilan entre los 3.000 y 7.000 euros, donde se acusa de hechos que no se ajustan a la realidad. Hay que decir que sobre las personas denunciadas, en ningún momento nadie les pidió identificación. Algunas de ellas se han realizado por la vía penal.

Curiosa situación las de estas últimas personas denunciadas. No fueron identificadas, se limitaron a acompañar a los agricultores en las tierras de ellos, no hicieron nada ilegal. Es más, advirtieron a la empresa que ejecuta las obras de la situación de ilegalidad en que se encontraba . Sin embargo, están denunciadas ante el juzgado sin que dicha denuncia sea firmada por alguien en concreto. Aparecen como denunciantes de esos hechos organismos o cargos institucionales que no estuvieron presentes.

Estas irregularidades nos retrotraen a las amenazas que hace algún tiempo sufrieron algunos miembros de la Plataforma por dirigentes provinciales del PSOE. Véase entrada del 3-10-09. Ahora nos encontramos con las consecuencias: investigados, denunciados, multados. ¿Es esa una acción propia del Estado de derecho? Que sepamos, todo Estado de derecho se basa por el respeto a las libertades individuales de todo ciudadano y que el Estado debe proteger, la subordinación a la ley, incluidos los gobernantes, y el reconocimiento de los derechos ciudadanos. ¿No estamos asistiendo a una clara vulneración cuando desde la dirigencia política se investiga y se utilizan los poderes del Estado para amedrentar y coaccionar a ciudadanos/as que actúan dentro de la ley y las libertades reconocidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos tan pomposamente firmada y reconocida por tantos Estados, incluido el Estado español, que incluso tiene garantizado su cumplimiento en la propia Constitución? En la práctica, estamos viendo que es papel mojado. Después de 40 años de fascismo, esa huella perdura en muchos dirigentes políticos. Ya lo advirtió el filósofo Ortega y Gasset en los años 30: el fascismo sociológico sobreviviría al fascismo político. En el poder político, en el PSOE, se encuentran hoy algunos hijos de aquél.

Enlaces de los vídeos de la represión.

http://www.youtube.com/watch?v=cTH5CsFqbUQ

http://www.youtube.com/watch?v=Prl4rfm6Ryg

http://www.youtube.com/watch?v=El6ECWhtwpg

http://www.youtube.com/watch?v=cnRUeMRZxQk

http://www.youtube.com/watch?v=LCTnMWN6y9I

http://www.youtube.com/watch?v=_bnNDlRq4zg

http://www.youtube.com/watch?v=iWlYOzPIEcA

La Coordinadora Nueva Cultura del Territorio se opone al trasvase del río Castril. Su denuncia ha sido enviada a diversas instituciones.

Entre las instituciones a los que se les ha enviado la denuncia se encuentran: Defensor del Pueblo Andaluz, Defensor del Pueblo Español, CHG, Presidencia de Gobierno, Fiscalía y otros.


Como mejor proceda nos dirigimos a usted y le EXPONEMOS

Manifestarle nuestra oposición y protesta por las obras que la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino) está llevando a cabo en el municipio de Cortes de Baza
(Granada) para la conducción de agua a diversos municipios
colindantes.

Estas obras parecen ampararse en el Real Decreto 1419/2005,de 25 de
Noviembre por el que se adoptan medidas administrativas excepcionales
para la gestión de los recursos hidráulicos y para corregir los efectos
de la sequía en las cuencas hidrográficas de los ríos Guadiana,
Guadalquivir y Ebro. Amparándose en este Real Decreto se ha eludido el
preceptivo procedimiento de evaluación ambiental y se han tramitado los
expedientes de expropiación. Dicho Real Decreto fue declarado nulo de
pleno derecho por la Sentencia de 24 de noviembre de 2009, de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo.

Más allá de este importante aspecto legal, y refiriéndonos al fondo
de la cuestión, quiero señalarle los siguientes aspectos fundamentales
del tema:

El origen del problema reside en el deterioro de los recursos
hídricos en la comarca de Baza, como consecuencia de la falta de
ordenación, el crecimiento excesivo de las presiones y la consiguiente
sobreexplotación de las masas de agua.

2. En este caso, como en otros donde se plantea este tipo de
problemas, la primera obligación es "poner orden en la propia casa" y
no exportar el problema, extrayendo recursos externos, de lugares en
donde, gracias a la baja presión local sobre los mismos, estos todavía
se conservan en buen estado.

3. El río Castril del que se pretende extraer los nuevos recursos
sufre ya un proceso de alteración de sus condiciones hidrológicos tras
la construcción del embalse del Portillo. El actual proyecto de
trasvase no se puede desvincular de los restantes planes y proyectos de
extensión de regadíos, de aprovechamiento energético y del futuro
régimen de explotación del embalse a que todo eso dará lugar.

4. Es necesario actualizar la evaluación del régimen de aportaciones
naturales del río Castril, así como definir el caudal ecológico con
arreglo a los nuevos criterios de la normativa vigente. Este tema es
fundamental. Debería estar resuelto como parte del Plan Hidrológico de
la cuenca del Guadalquivir, cuya tramitación sigue acumulando años de
retraso.

5. Es fundamental tomar en consideración los importantes aspectos
sociales, patrimoniales y culturales del problema, que explican la
comprensible sensibilización de la población, la resistencia legal y
física que ésta presenta a las obras y la conflictividad que rodea al
tema. Esto hace necesario abrir un proceso real de participación y
acuerdo social profundo que en ningún momento se ha llevado como la
normativa y el consenso científico vigentes sobre estos temas exige.

6. La alternativa de toma en desembocadura del río, junto a los
inconvenientes de calidad, comporta también ventajas y reduce
conflictividad, por lo que debe de ser reconsiderada y sometida a un
riguroso proceso de evaluación de alternativas que integre todo los
factores económicos, ecológicos y sociales.

Atentamente
por NUEVA CULTURA DEL TERRITORIO-Málaga
Francisco Puche Virginia Tellez José Galán

El delegado de Medio Ambiente deriva las responsabilidades sobre el trasvase al Gobierno. El Subdelegado deja recado con el envío masivo de multas.

Se ejecutan una obras y realizan unas expropiaciones al amparo de un decreto, el RD 1419/2005, declarado nulo de pleno derecho por el T. Supremo. Ante ello, la CHG acelera las obras pretendiendo una política de hechos consumados. Los agricultores/as y vecinos/as de Cortes y Castril protestan, defienden el río y las tierras de las que dependen ambos pueblos. Con ellos está la justicia y el derecho. ¿Qué hace el representante del Gobierno en la provincia? Manda a la fuerza pública (GRS) para desalojar a las personas propietarias de fincas y a los vecinos y vecinas que los acompañaban en el trance de la invasión destructiva que se produce en sus cultivos. Nadie los ha convocado, simplemente es la solidaridad vecinal, es la defensa de un río del que secularmente han vivido y que ha dado lugar al patrimonio natural y cultural con el que se identifican los pueblos ribereños.

Ahí no termina todo. Desde hace unos días están llegando cartas anunciando multas de 3.000 euros a personas acusadas de convocantes y participantes de reuniones y no se sabe qué más. Ni nadie les ha pedido el DNI, ni han obstaculizado los trabajos de la empresa que contratada ilegalmente trabaja ilegalmente en tierras ilegalmente expropiadas. La acusación es tan esperpéntica que incluso bastante antes de que lleguen las cartas a las personas denunciadas por la Guardia Civil, en el foro de la página http://www.riocastril.com/, un anónimo invitado anuncia mofándose, con varios días de antelación, quienes van a ser multados. Como no creemos en la clarividencia, suponemos que tras ese anónimo invitado se encuentra la persona que rastrea en las fotos a ver si localiza la cara de alguno de sus críticos para, sin demora, ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil. Incluso se permite especular acerca de a quién no ha encontrado. Que no se preocupe, que le daremos oportunidad de ello. A estas alturas, sospechamos el nombre del anónimo invitado.

Viendo esa actitud prepotente del Subdelegado de Gobierno, arropando con la fuerza pública las obras ilegales, era de prever que no acudiera a la reunión convocada en la delegación provincial de Medio Ambiente. Así que nos quedamos sin poder interpelar al principal responsable de que las obras se estén ejecutando y apoyadas en la absurda represión sobre las personas que defienden el río y el ecosistema de la cuenca.

La reunión contó con la presencia del delegado de Medio Ambiente, el gerente de Agencia Andaluza del Agua, y los responsables técnicos de la delegación. De todo lo acontecido en la reunión puede leerse, a continuación, el escrito dirigido al Defensor del pueblo Andaluz, donde se comentan todos los temas que se trataron y se pide su intervención.

Sr. Defensor del Pueblo Andaluz:

En días pasados enviamos una queja referida al trasvase del río Castril que se está ejecutando estos días en el término municipal de Cortes. En ella expresábamos nuestra protesta e indignación por la actuación de la CHG al reemprender las obras a pesar de haber sido declarado nulo de pleno derecho el decreto que las amparaba (RD 1419/2005). Asimismo mostrábamos nuestra disconformidad con el envío de fuerza pública para proteger los trabajos de la empresa frente a las legítimas reclamaciones de los agricultores propietarios de las fincas. Hoy, día 9, parece que se han retirado dichas fuerzas especiales (GRS).

Ayer, martes día 8, sostuvimos una entrevista con el delegado provincial de Medio Ambiente en Granada. De esta entrevista albergábamos la esperanza de que la delegación se comprometiera en la paralización de las obras, aunque fuese una suspensión cautelar de las mismas. Los motivos que aducíamos los habíamos presentado por escrito semanas atrás. En archivo adjunto se envía dicho escrito. Rechazaron tal posibilidad alegando que técnica y jurídicamente estas obras son competencia del ministerio de Medio Ambiente, los únicos que podrían pronunciarse sobre ello, así como sobre la legalidad o ilegalidad de las obras y las expropiaciones.

Sí aceptaron estudiar las falsedades y omisiones relativas al impacto ambiental de las obras, contempladas en la Ficha Ambiental que en su día elaboró la CHG y que sirvió para emitir el Informe Ambiental que la delegación de Medio Ambiente envió a la secretaría de Cambio Climático del ministerio de Medio Amiente. En base a dicho informe, la secretaría de Cambio Climático decidió no proceder al Estudio de Impacto Ambiental.

Por nuestra parte insistimos en que además de pedir información al ministerio, a partir de la cual la delegación tomaría las correspondientes medidas, en su responsabilidad sobre la gestión medioambiental y dada la magnitud de las falsedades y omisiones contenidas en la Ficha Ambiental, la delegación podría pedir la suspensión cautelar de las mismas hasta conocer la realidad de las obras. Justificaron que el pronunciamiento e informe de la delegación de Medio Ambiente necesariamente tenía que hacerse sobre la base de la Ficha Ambiental, pues al haber sido declaradas las obras de emergencia, no era necesaria la presentación de un proyecto.

Pero precisamente es esa circunstancia, la emergencia, lo que ahora ha quedado anulada en la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2009, BOE 1 de marzo de 2010. Por tanto, si no hay emergencia, entendemos que la CHG está ahora obligada a presentar el proyecto para ser sometido a estudio y aprobación por parte de la delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Por tanto, sí entra en el ámbito de competencias de la Junta el pedir la suspensión de las obras hasta que se presente y sea informado dicho proyecto. Al margen de las competencias del ministerio, la Junta no puede eludir las propias.

La petición que hacemos ahora queremos unirla a la planteábamos en días pasados. A la ilegalidad de la contratación de las obras y del proceso de expropiación, unimos el que la carencia de proyecto ya no se justifica y, en consecuencia, la Junta de Andalucía puede y debe intervenir paralizando las obras del trasvase.

Esperamos que de sus gestiones se vean satisfechas las demandas de los pueblos de Castril y Cortes, porque creemos que es de justicia y que el derecho nos ampara.

Gracias de antemano. En Castril a 9 de septiembre de2010.