Colaboración con la Plataforma por la Defensa del Río Castril

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3.12.10

Otra amenaza para la vida del río Castril: Empiezan las obras de la central hidroeléctrica del Portillo.





Aprovechar la presa de un pantano para construir una central hidroeléctrica y producir energía, en principio, podría ser una iniciativa compatible con una concepción sostenible de la economía y los recursos. Plantearse la construcción de un pantano o de una presa con la finalidad de instalar una central hidroeléctrica es ya más que dudoso. Un pantano, una presa, siempre son intervenciones humanas que alteran el curso natural de los ríos provocando numerosas afecciones sobre el medio: inundan zonas de vega, modifican las condiciones del ecosistema, impiden los flujos de especies propias del hábitat de ríos y riberas, etc. Es posible que, extremando las cautelas ambientales, puedan reducirse los impactos hasta hacer considerar como medioambientalmente aceptables o necesarias algunas de estas intervenciones; algo poco frecuente, por no decir prácticamente nulo, en la mayoría de los casos.


Situándonos ya en el río Castril, acaban de iniciarse las obras de la proyectada central del Portillo, denominación del pantano sobre el río Castril. El pantano, ya de por sí, es una aberración ecológica que no se hizo más que con trasnochados criterios desarrollistas, económicamente injustificables y medioambientalmente insostenibles, respondiendo a la misma lógica de la mayoría de los pantanos construidos durante el franquismo. Lo más sensato, en estos momentos, hubiera sido plantearse un proyecto de recuperación integral del río, procediendo a la demolición de la presa. Ese sería el futuro más racional tanto para este pantano como para el de S. Clemente (sobre el río Guardal), también innecesario y antiecológico, y cuya absurda huella hemos heredado en la comarca de Huéscar.


Ahora bien, si partimos del hecho de que por ahora, salvo desde posiciones ecologistas, no se plantea la demolición, ¿puede darse utilidad a la presa con la instalación de una central hidroeléctrica? Si no se degradan y deterioran las condiciones en las que se desarrolla la vida del río, el ecosistema fluvial, los ecosistemas de ribera, y los derechos de los regadíos tradicionales se mantienen; si el proyecto ha cumplido con los preceptivos trámites de exposición y consulta, con las autorizaciones pertinentes, y si se han tenido en cuenta las alegaciones que en materia medioambiental se hicieron en su momento, especialmente por ACPES (Asociación para la Conservación Piscícola y de los Ecosistemas acuáticos del Sur) incorporando las consiguientes rectificaciones y medidas correctoras, podría aceptarse.


Especialmente preocupante sería que no se respetasen los caudales ecológicos y las cantidades adicionales para los regadíos de Castril y Cortes. Estos caudales ecológicos, que deben mantenerse a lo largo del año y que fueron estimados por expertos universitarios en estudio dirigido por el profesor Alba Tercedor, lo sitúan aguas abajo del Portillo en cifras que oscilan entre los 1000 y 1.500 l/sg. (véase pinchando etiqueta “caudal ecológico”). A ello hay que añadirle el caudal necesario para regadíos. Sólo de esta forma puede garantizarse que el incremento de impacto, sobre el que genera la presa de por sí, sea mínimo. Lo que no puede aceptarse de la CHG es el caudal que inicialmente han propuesto, de 500 l/sg. Esa cifra no responde a ningún estudio y no es más que el agua que pretenden dejar cuando la central se encuentre en el período en que no está turbinando y tras descontar la cantidad del trasvase a Baza. Dicho caudal, que es menor que el caudal que dejaron cuando hicieron las obras en el túnel (560 l/sg.), con las consecuencias sabidas de muerte de truchas (véase pinchando etiqueta “obras en el río”), en lo que fue todo un ecocidio y por el cual están imputados dirigentes de la Agencia Andaluza del Agua, sería la muerte inmediata y definitiva del río Castril como río vivo.


No nos consta que se hayan tenido en consideración todas las alegaciones y cautelas medioambientales, como tampoco que las obras vayan a realizarse con el escrupuloso respeto a las normativas de protección ambiental y cultural así como de tipo urbanístico. Por ello, la Plataforma por la Defensa del Río Castril, en los próximos días, va tomar una serie de iniciativas conducentes a que las obras recién inauguradas se ajusten a dicha legalidad.

14.9.10

Represión sobre agricultores/as, ecologistas y quienes defienden la vega y el río Castril.




Cortes de Baza está viviendo un virtual estado de sitio. Las fuerzas antidisturbios tienen tomado el pueblo. Un amplio cordón de seguridad impide los accesos a las tierras por donde se efectúan los trabajos del trasvase. A cualquiera que tenga o quiera desplazarse por los alrededores, se le pedirá la documentación e, incluso, se le registrará. A algunos los dejan pasar no sin la correspondiente escolta.

¿A qué se deben tantas medidas de seguridad? ¿Qué es lo que se protege hasta ese extremo? Unas obras ilegales, absurdas e innecesarias. Son ilegales porque el decreto que amparaba la realización de las mismas fue declarado nulo de pleno derecho en sentencia de T. Supremo. Las expropiaciones de terrenos también se hicieron aplicando la urgencia que otorgaba el decreto anulado. No se hizo el proyecto técnico ni, por tanto, la información ambiental que tenía que acompañarlo, porque no era necesario al haber sido declaradas de urgencia en el susodicho decreto anulado por el Supremo.

Son absurdas porque nunca han habido problemas de abastecimiento en la localidad de Baza, destino del trasvase. Por suerte, la localidad, dispone de una sierra que permite recargar el acuífero (50 hm3 anuales) y con recursos disponibles (35 hm3) de manera que es prácticamente imposible que puedan darse problemas de abastecimiento. Y es innecesaria porque el embalse del Negratín, a escasos kms. de Baza, puede proporcionar el agua para regadío que hoy, en muchos casos ilegalmente, se obtiene de los pozos que la extraen del acuífero. Incluso podrían captar el agua del Negratín para consumo humano, como se hace para Almanzora.

Si estas ilegales obras irrumpen ocasionando destrozos en los cultivos de la vega de Castril y Cortes, alterando el dominio público hidráulico y cruzando el río hasta en seis ocasiones, desbrozando y talando vegetación de ribera y, después, detrayendo unos caudales que harán imposible mantener los caudales ecológicos y la cantidad necesaria para sostener los regadíos tradicionales, haciendo peligrar la rica ictiofauna del río Castril (trucha, barbo, cacho, boga…), alterando el hábitat de la nutria, entre otras afecciones, la respuesta de la población de Castril y Cortes no puede ser más que la protesta y rechazo. Así es también para cualquier persona que no tenga una visión economicista y especulativa del agua y del medio ambiente.

Las movilizaciones emprendidas, sin embargo, han encontrado una respuesta desmesuradamente inapropiada en las autoridades gubernativas si de un Estado de derecho se trata. La presencia de los agricultores/as en sus tierras de cultivo, con el apoyo y solidaridad de los vecinos/as ha sido reprimida, el pueblo tomado por las fuerzas antidisturbios (GRS) (¡Cómo si hubiese existido tal cosa!), se han establecido controles, registros, toma de datos, fotografías, etc. Se han cursado más de 40 denuncias con multas que oscilan entre los 3.000 y 7.000 euros, donde se acusa de hechos que no se ajustan a la realidad. Hay que decir que sobre las personas denunciadas, en ningún momento nadie les pidió identificación. Algunas de ellas se han realizado por la vía penal.

Curiosa situación las de estas últimas personas denunciadas. No fueron identificadas, se limitaron a acompañar a los agricultores en las tierras de ellos, no hicieron nada ilegal. Es más, advirtieron a la empresa que ejecuta las obras de la situación de ilegalidad en que se encontraba . Sin embargo, están denunciadas ante el juzgado sin que dicha denuncia sea firmada por alguien en concreto. Aparecen como denunciantes de esos hechos organismos o cargos institucionales que no estuvieron presentes.

Estas irregularidades nos retrotraen a las amenazas que hace algún tiempo sufrieron algunos miembros de la Plataforma por dirigentes provinciales del PSOE. Véase entrada del 3-10-09. Ahora nos encontramos con las consecuencias: investigados, denunciados, multados. ¿Es esa una acción propia del Estado de derecho? Que sepamos, todo Estado de derecho se basa por el respeto a las libertades individuales de todo ciudadano y que el Estado debe proteger, la subordinación a la ley, incluidos los gobernantes, y el reconocimiento de los derechos ciudadanos. ¿No estamos asistiendo a una clara vulneración cuando desde la dirigencia política se investiga y se utilizan los poderes del Estado para amedrentar y coaccionar a ciudadanos/as que actúan dentro de la ley y las libertades reconocidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos tan pomposamente firmada y reconocida por tantos Estados, incluido el Estado español, que incluso tiene garantizado su cumplimiento en la propia Constitución? En la práctica, estamos viendo que es papel mojado. Después de 40 años de fascismo, esa huella perdura en muchos dirigentes políticos. Ya lo advirtió el filósofo Ortega y Gasset en los años 30: el fascismo sociológico sobreviviría al fascismo político. En el poder político, en el PSOE, se encuentran hoy algunos hijos de aquél.

Enlaces de los vídeos de la represión.

28.6.09

Restituido el caudal natural del río Castril



Las iniciativas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Cortes de Baza, ACPES y la Plataforma, empiezan a dar sus frutos. En efecto, el caudal natural del río ha sido restituido. Pero la pregunta que surge ahora es: ¿quién se responsabilizará del daño hecho al río? Decenas de truchas yacen en las riberas, flora y fauna se han visto afectadas..Con la devolución de los caudales naturales, nuevos arrastres, esta vez del cemento que no se había secado, han ensombrecido la vida del río. ¿Pagará alguien por este atentado ecológico?

Las denuncias están en curso. El SEPRONA ha emitido los correspondientes informes y ahora deben responder las administraciones implicadas. La CHG por promover las obras y la reducción de caudal, la empresa por no solicitar los permisos correspondientes, el Ayuntamiento de Castril por permitirlo y mirar hacia otro lado cuando fue advertido.

La Junta de Andalucía tiene que actuar. Las obras están dentro del Conjunto Histórico Cultural de Castril y el paraje está considerado como Paisaje de Interés Singular por el plan de Protección del Medio Físico de la provincia de Granada. Por tanto, se tenían que haber hecho los estudios ambientales pertinentes y contar con las autorizaciones preceptivas.

Al margen de las denuncias ante los juzgados, la Fiscalía debería de actuar de oficio. No se puede cometer una agresión ambiental de estas características y al margen de la ley sin que la justicia intervenga. De una vez por todas tienen que darse cuenta que un río no es un canal que distribuye y desagua según convenga en cada momento. Su caudal no puede estar a merced de los intereses económicos o especulativos en juego. El río es un ecosistema vivo que alimenta la trama ecológica de la cuenca, desde el nacimiento hasta la desembocadura. El río Castril es uno de los pocos ríos vivos con que cuenta Andalucía y no podemos permitir que deje de serlo. Esa es nuestra responsabilidad.