Cortes de Baza está viviendo un virtual estado de sitio. Las fuerzas antidisturbios tienen tomado el pueblo. Un amplio cordón de seguridad impide los accesos a las tierras por donde se efectúan los trabajos del trasvase. A cualquiera que tenga o quiera desplazarse por los alrededores, se le pedirá la documentación e, incluso, se le registrará. A algunos los dejan pasar no sin la correspondiente escolta.
¿A qué se deben tantas medidas de seguridad? ¿Qué es lo que se protege hasta ese extremo? Unas obras ilegales, absurdas e innecesarias. Son ilegales porque el decreto que amparaba la realización de las mismas fue declarado nulo de pleno derecho en sentencia de T. Supremo. Las expropiaciones de terrenos también se hicieron aplicando la urgencia que otorgaba el decreto anulado. No se hizo el proyecto técnico ni, por tanto, la información ambiental que tenía que acompañarlo, porque no era necesario al haber sido declaradas de urgencia en el susodicho decreto anulado por el Supremo.
Son absurdas porque nunca han habido problemas de abastecimiento en la localidad de Baza, destino del trasvase. Por suerte, la localidad, dispone de una sierra que permite recargar el acuífero (50 hm3 anuales) y con recursos disponibles (35 hm3) de manera que es prácticamente imposible que puedan darse problemas de abastecimiento. Y es innecesaria porque el embalse del Negratín, a escasos kms. de Baza, puede proporcionar el agua para regadío que hoy, en muchos casos ilegalmente, se obtiene de los pozos que la extraen del acuífero. Incluso podrían captar el agua del Negratín para consumo humano, como se hace para Almanzora.
Si estas ilegales obras irrumpen ocasionando destrozos en los cultivos de la vega de Castril y Cortes, alterando el dominio público hidráulico y cruzando el río hasta en seis ocasiones, desbrozando y talando vegetación de ribera y, después, detrayendo unos caudales que harán imposible mantener los caudales ecológicos y la cantidad necesaria para sostener los regadíos tradicionales, haciendo peligrar la rica ictiofauna del río Castril (trucha, barbo, cacho, boga…), alterando el hábitat de la nutria, entre otras afecciones, la respuesta de la población de Castril y Cortes no puede ser más que la protesta y rechazo. Así es también para cualquier persona que no tenga una visión economicista y especulativa del agua y del medio ambiente.
Las movilizaciones emprendidas, sin embargo, han encontrado una respuesta desmesuradamente inapropiada en las autoridades gubernativas si de un Estado de derecho se trata. La presencia de los agricultores/as en sus tierras de cultivo, con el apoyo y solidaridad de los vecinos/as ha sido reprimida, el pueblo tomado por las fuerzas antidisturbios (GRS) (¡Cómo si hubiese existido tal cosa!), se han establecido controles, registros, toma de datos, fotografías, etc. Se han cursado más de 40 denuncias con multas que oscilan entre los 3.000 y 7.000 euros, donde se acusa de hechos que no se ajustan a la realidad. Hay que decir que sobre las personas denunciadas, en ningún momento nadie les pidió identificación. Algunas de ellas se han realizado por la vía penal.
Curiosa situación las de estas últimas personas denunciadas. No fueron identificadas, se limitaron a acompañar a los agricultores en las tierras de ellos, no hicieron nada ilegal. Es más, advirtieron a la empresa que ejecuta las obras de la situación de ilegalidad en que se encontraba . Sin embargo, están denunciadas ante el juzgado sin que dicha denuncia sea firmada por alguien en concreto. Aparecen como denunciantes de esos hechos organismos o cargos institucionales que no estuvieron presentes.
Estas irregularidades nos retrotraen a las amenazas que hace algún tiempo sufrieron algunos miembros de la Plataforma por dirigentes provinciales del PSOE. Véase entrada del 3-10-09. Ahora nos encontramos con las consecuencias: investigados, denunciados, multados. ¿Es esa una acción propia del Estado de derecho? Que sepamos, todo Estado de derecho se basa por el respeto a las libertades individuales de todo ciudadano y que el Estado debe proteger, la subordinación a la ley, incluidos los gobernantes, y el reconocimiento de los derechos ciudadanos. ¿No estamos asistiendo a una clara vulneración cuando desde la dirigencia política se investiga y se utilizan los poderes del Estado para amedrentar y coaccionar a ciudadanos/as que actúan dentro de la ley y las libertades reconocidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos tan pomposamente firmada y reconocida por tantos Estados, incluido el Estado español, que incluso tiene garantizado su cumplimiento en la propia Constitución? En la práctica, estamos viendo que es papel mojado. Después de 40 años de fascismo, esa huella perdura en muchos dirigentes políticos. Ya lo advirtió el filósofo Ortega y Gasset en los años 30: el fascismo sociológico sobreviviría al fascismo político. En el poder político, en el PSOE, se encuentran hoy algunos hijos de aquél.
Enlaces de los vídeos de la represión.
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