La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir continúa con el proceso de expropiaciones por la vía de urgencia amparándose en el decreto 1419/2005. Este decreto fue declarado nulo de pleno derecho por el T. Supremo en sentencia de 24 de noviembre de 2009 y publicada en el BOE de 1 de marzo de 2010. Por tanto, todas las consecuencias que se derivan de la aplicación del decreto anulado, carecen de legalidad. Entre ellas, las obras del trasvase del río Castril, la contratación de las obras, el proceso de expropiaciones, etc. De todo ello ya tienen conocimiento en la CHG y las administraciones implicadas. Asimismo, existen numerosos procedimientos judiciales abiertos, algunos incluso por la vía penal ante el absurdo empecinamiento de la CHG, ministerio de Medio Ambiente y consejería en proseguir con estas obras ilegales.
La prepotencia mostrada por el Subdelegado de Gobierno, mandando a la fuerza pública para desalojar a los agricultores de sus tierras y que la empresa pueda continuar con los trabajos a pesar de su manifiesta ilegalidad, es un hecho sin precedentes en un Estado de derecho. Los responsables de todos estos acontecimientos pronto se verán sometidos al veredicto de las urnas. Es bastante probable que tengan que abandonar las administraciones que hoy ocupan y continuar su vida cotidiana como cualquier otro ciudadano de a pie. Pero la acción de la justicia no se detendrá y algunos tendrán que responder ante ella.
En un giro de tuerca más, con fecha de 24 de agosto de 2010, la CHG publica un edicto en el ayuntamiento de Castril en el que avisa de que continuará con las expropiaciones, conminando a los agricultores que se negaron a firmar la propuesta que anteriormente se les hizo a que valoren sus finca antes de que de oficio sea la propia CHG quien fije la indemnización correspondiente. Y ello lo hace en base a la urgencia aprobada en el decreto anulado por el T. Supremo. (Puede leerse el edicto pichando sobre él). Es un desprecio más a la sentencia del Supremo, un desafío a uno de los poderes del Estado, al poder judicial. La CHG, con este acto de desacato, se está situando fuera del marco constitucional y del Estado de derecho.
En Castril y Cortes nadie quiere un nuevo caso “Nevada”, donde responsables políticos acaben con penas de inhabilitación y de cárcel, pero sin que el centro comercial sea demolido. Por eso, todas las acciones que se están emprendiendo en todos los ámbitos tienen como objeto la inmediata paralización de las obras, restituir los terrenos afectados e indemnizar a los agricultores. Luego, será la justicia quien tenga que actuar y repartir suerte.
Algunos están aún a tiempo de rectificar errores. Es de sabios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario