Izquierda Unida pedirá en el Congreso que el Gobierno se defina sobre la ilegalidad del trasvase y la presencia de los antidisturbios en Cortes.

El Gobierno tendrá que definirse sobre si piensa acatar la sentencia del Tribunal Supremo que declara nulo de pleno derecho el decreto 1419/2005. Este decreto declaraba como obras de emergencia diferentes actuaciones para paliar los efectos de la sequía en diferentes cuencas hidrográficas, entre ellas la del Guadalquivir. Dicho decreto fue prorrogado permitiendo a su amparo que se aprobasen las obras del trasvase del río Castril a la población de Baza.

Al haberse aprobado con carácter de emergencia, esta figura, la emergencia, permitió que no fuese obligatorio la presentación de proyecto para ser sometido a los preceptivos informes ambientales y la participación ciudadana. Asimismo, la declaración de emergencia, posibilitó que las obras fueran adjudicadas a la empresa SOGEOSA aplicando el art. 72 de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas, obviando el concurso público y acortando los plazos en todos los trámites administrativos. Igualmente, por la emergencia declarada en el decreto anulado, se aplicó el art. 52 de la ley de Expropiación Forzosa, eludiendo la normativa, controles y plazos del proceso ordinario.

Por tanto, estas obras, a fecha de hoy, carecen de cobertura legal. Y lo que es más grave, se están ejecutando con la protección de la fuerza pública. Obras innecesarias e irracionales, ecológicamente insostenibles, que además son, ahora, ilegales, se encuentran protegidas por la fuerza pública. La población de Cortes de Baza, y también, en menor medida, de Castril, están recibiendo multas de entre 3.000 y 7.000 euros por simplemente proteger sus cultivos frente a las máquinas de una empresa ilegalmente contratada, en unas tierras sometidas a un proceso ilegal de expropiaciones para realizar unas obras ilegales.

Esto es una violación del Estado de derecho. IU va a preguntar y pedir aclaraciones al Gobierno. Asimismo va a exigir responsabilidades. De la respuesta del ministro y la ministra de Medio Ambiente, sabremos hasta dónde llegan las convicciones democráticas de los responsables del Ejecutivo. Estaremos atentos.