La fuerza pública desaloja por la fuerza a los agricultores/as de Cortes que defienden sus tierras de las obras del trasvase del río Castril.

Esta mañana, las fuerzas del GRS han procedido por la fuerza a desalojar a los agricultores y vecinos/as de Cortes de Baza de sus tierras para permitir que continúen las obras del trasvase del río Castril. Esta injusta medida ha sido denunciada ante el juzgado de Baza. Asimismo, se ha mandado una queja al Defensor del Pueblo Andaluz pidiendo su intervención.

Esta inverosímil e inaudita situación, en que la fuerza pública es puesta al servicio de unas obras ilegales contra los legítimos derechos de los agricultores, ha levantado una oleada de indignación que, sin embargo, no está siendo reflejada en los medios de comunicación con presencia en Andalucía.

Para romper el bloqueo informativo esperamos que desde los foros y blogs de la comarca, desde las posibilidades que ofrece internet para la comunicación horizontal, se difunda lo sucedido y aparezcan las imágenes. Nosotros, para que estos hechos puedan entenderse en su contexto, publicamos la queja enviada al Defensor del Pueblo Andaluz. En ella se expone el problema y se le pide que intervenga.

Sr. Defensor del Pueblo Andaluz

En la mañana de hoy, 3 de septiembre de 2010, la Guardia Civil ha procedido a disolver por la fuerza a los vecinos y vecinas de Cortes de Baza y alguno de Castril que se encontraban con los agricultores propietarios de las tierras de por donde se pretende que discurran las obras del trasvase del río de Castril. Según la fuerza pública, la actitud de los agricultores y vecinos/as impedía que las obras que atraviesan los cultivos de la vega pudiesen llevarse a cabo.

Por su parte, los vecino/as de Cortes y miembros de la Plataforma por la Defensa del Río Castril les han argumentado, tanto a los responsables de la empresa como a los de la fuerza pública, que las obras son ilegales. Se les han entregado escritos en los que se advierte de tal circunstancia. Hace varias semanas también se advirtió de lo mismo al Sr. Subdelegado de Gobierno en Granada, a los responsables de diferentes administraciones públicas: consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ministerio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ayuntamientos por donde discurren las obras, etc. Por tanto, nadie puede ignorar el hecho de que las obras y las expropiaciones efectuadas son ilegales.

El proyecto de trasvase del río de Castril es ilegal porque el decreto del Gobierno que amparaba la realización de medidas con carácter de emergencia contra la sequía, decreto 1419/2005 de 25 de noviembre fue declarado nulo de pleno derecho por el Tribunal Supremo en sentencia de 24 de noviembre de 2009. Bajo esa declaración de “emergencia“ se justificaron todos los pasos para poner en marcha el proyecto: contratación de la empresa, denegación del estudio de impacto ambiental, expropiaciones, etc. Todos ellos son nulos, porque el decreto que los ampara así lo es. En consecuencia, las obras del trasvase del río Castril a Baza, obras aprobadas mediante decreto del Gobierno de 15 diciembre de 2006, como consecuencia de la emergencia decretada en el decreto 1419/2005, son ilegales.

Podemos enviarle más adelante toda la documentación acreditativa de cuanto llevamos dicho. En estos momentos, por la premura de nuestra queja, no podemos hacerlo; pero tampoco lo creemos necesario. No lo creemos porque desde su oficina respondieron a una queja sobre el impacto ambiental de este proyecto. Dicha queja fue emitida por Juan Manuel Iruela Sánchez, y la respuesta, con nº de expediente 07025361, fue recibida con fecha de salida del 17/09/09. En ella, desde su oficina se argumenta que dichas obras fueron declaradas de emergencia según el decreto 1419/2005, precisamente el decreto anulado por el Tribunal Supremo. Por tanto, pueden suponer que lo que ahora tiene que hacer el Gobierno es paralizar las obras y retirar los tubos que tienen enterrados en las vega de Castril, por ahora. Y si los promotores creen en la bondad de un proyecto similar, iniciarlo por la vía ordinaria. Pero no pretendemos decirle al Gobierno lo que debe hacer, sino lo que está obligado a realizar; esto es, cumplir la sentencia del Tribunal Supremo y suspender definitivamente las obras del trasvase.

Con esta queja eso es la que queremos exponerle: que la ley sea de obligado cumplimiento, incluido a los poderes públicos. Es algo inaudito que hoy haya sido disuelta por la fuerza pública una concentración de agricultores y vecino/as que defienden sus tierras y cultivos contra una empresa y unas obras ilegales. El proceso de expropiación está recurrido en los tribunales, la resolución que deniega el estudio de impacto ambiental también está recurrida, hay abiertas varias denuncias por la vía penal, etc. Los agricultores no han aceptado ninguna expropiación y además, tiene recurrido todo el proceso. Las tierras son de su propiedad. ¿Por qué no pueden estar en ellas? ¿Quién es esa empresa que pretende destrozar sus cultivos? ¿Qué autorizaciones muestra? Nada de nada. Enseñan un auto del juzgado de lo contencioso-administrativo nº 4 de Granada, según el cual se suspende cautelarmente un decreto de la alcaldía de Cortes que paralizaba las obras, hasta que haya sentencia firme, y lo esgrime como si eso fuera una muestra de legalidad, cuando no es nada de nada. En ningún momento se dice en tal auto que las obras sean legales y puedan proseguir. No lo puede decir porque el auto sólo se refiere a la validez de un acto administrativo determinado, y decide cautelarmente suspender su vigencia. Y eso es todo. Los agricultores enseñan los títulos de propiedad, los recursos y denuncias interpuestos a las expropiaciones y, sin embargo, son obligados a que abandonen sus tierras para que entren las máquinas que destrozan sus cultivos, es decir, las máquinas de la empresa contratada para hacer unas obras y con unas expropiaciones realizadas al amparo de un decreto declarado en sentencia firme nulo de pleno derecho. En definitiva, que unas obras ilegales han pretendido abrirse camino con el apoyo de la fuerza pública frente al derecho y la legitimidad de los agricultores a defender las tierras.

Pedimos su intervención. Pedimos que intervenga ante el Sr. Subdelegado de Gobierno para que no dé instrucciones a la fuerza pública para desalojar a los agricultores de Cortes o Castril, que estas fuerzas no impidan a los agricultores y vecinos/as el acceso a sus tierras, que se abstenga de mostrar públicamente animadversión hacia los grupos y personas que defendemos el río Castril y que, respetando la ley, que es su obligación, la fuerza pública sólo intervenga para defender la única legalidad a día de hoy, el derecho de los agricultores a disponer de sus tierras y de sus cosechas.

Esperando con rapidez su repuesta, quedamos agradecidos de antemano.