El delegado de Medio Ambiente deriva las responsabilidades sobre el trasvase al Gobierno. El Subdelegado deja recado con el envío masivo de multas.

Se ejecutan una obras y realizan unas expropiaciones al amparo de un decreto, el RD 1419/2005, declarado nulo de pleno derecho por el T. Supremo. Ante ello, la CHG acelera las obras pretendiendo una política de hechos consumados. Los agricultores/as y vecinos/as de Cortes y Castril protestan, defienden el río y las tierras de las que dependen ambos pueblos. Con ellos está la justicia y el derecho. ¿Qué hace el representante del Gobierno en la provincia? Manda a la fuerza pública (GRS) para desalojar a las personas propietarias de fincas y a los vecinos y vecinas que los acompañaban en el trance de la invasión destructiva que se produce en sus cultivos. Nadie los ha convocado, simplemente es la solidaridad vecinal, es la defensa de un río del que secularmente han vivido y que ha dado lugar al patrimonio natural y cultural con el que se identifican los pueblos ribereños.

Ahí no termina todo. Desde hace unos días están llegando cartas anunciando multas de 3.000 euros a personas acusadas de convocantes y participantes de reuniones y no se sabe qué más. Ni nadie les ha pedido el DNI, ni han obstaculizado los trabajos de la empresa que contratada ilegalmente trabaja ilegalmente en tierras ilegalmente expropiadas. La acusación es tan esperpéntica que incluso bastante antes de que lleguen las cartas a las personas denunciadas por la Guardia Civil, en el foro de la página http://www.riocastril.com/, un anónimo invitado anuncia mofándose, con varios días de antelación, quienes van a ser multados. Como no creemos en la clarividencia, suponemos que tras ese anónimo invitado se encuentra la persona que rastrea en las fotos a ver si localiza la cara de alguno de sus críticos para, sin demora, ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil. Incluso se permite especular acerca de a quién no ha encontrado. Que no se preocupe, que le daremos oportunidad de ello. A estas alturas, sospechamos el nombre del anónimo invitado.

Viendo esa actitud prepotente del Subdelegado de Gobierno, arropando con la fuerza pública las obras ilegales, era de prever que no acudiera a la reunión convocada en la delegación provincial de Medio Ambiente. Así que nos quedamos sin poder interpelar al principal responsable de que las obras se estén ejecutando y apoyadas en la absurda represión sobre las personas que defienden el río y el ecosistema de la cuenca.

La reunión contó con la presencia del delegado de Medio Ambiente, el gerente de Agencia Andaluza del Agua, y los responsables técnicos de la delegación. De todo lo acontecido en la reunión puede leerse, a continuación, el escrito dirigido al Defensor del pueblo Andaluz, donde se comentan todos los temas que se trataron y se pide su intervención.

Sr. Defensor del Pueblo Andaluz:

En días pasados enviamos una queja referida al trasvase del río Castril que se está ejecutando estos días en el término municipal de Cortes. En ella expresábamos nuestra protesta e indignación por la actuación de la CHG al reemprender las obras a pesar de haber sido declarado nulo de pleno derecho el decreto que las amparaba (RD 1419/2005). Asimismo mostrábamos nuestra disconformidad con el envío de fuerza pública para proteger los trabajos de la empresa frente a las legítimas reclamaciones de los agricultores propietarios de las fincas. Hoy, día 9, parece que se han retirado dichas fuerzas especiales (GRS).

Ayer, martes día 8, sostuvimos una entrevista con el delegado provincial de Medio Ambiente en Granada. De esta entrevista albergábamos la esperanza de que la delegación se comprometiera en la paralización de las obras, aunque fuese una suspensión cautelar de las mismas. Los motivos que aducíamos los habíamos presentado por escrito semanas atrás. En archivo adjunto se envía dicho escrito. Rechazaron tal posibilidad alegando que técnica y jurídicamente estas obras son competencia del ministerio de Medio Ambiente, los únicos que podrían pronunciarse sobre ello, así como sobre la legalidad o ilegalidad de las obras y las expropiaciones.

Sí aceptaron estudiar las falsedades y omisiones relativas al impacto ambiental de las obras, contempladas en la Ficha Ambiental que en su día elaboró la CHG y que sirvió para emitir el Informe Ambiental que la delegación de Medio Ambiente envió a la secretaría de Cambio Climático del ministerio de Medio Amiente. En base a dicho informe, la secretaría de Cambio Climático decidió no proceder al Estudio de Impacto Ambiental.

Por nuestra parte insistimos en que además de pedir información al ministerio, a partir de la cual la delegación tomaría las correspondientes medidas, en su responsabilidad sobre la gestión medioambiental y dada la magnitud de las falsedades y omisiones contenidas en la Ficha Ambiental, la delegación podría pedir la suspensión cautelar de las mismas hasta conocer la realidad de las obras. Justificaron que el pronunciamiento e informe de la delegación de Medio Ambiente necesariamente tenía que hacerse sobre la base de la Ficha Ambiental, pues al haber sido declaradas las obras de emergencia, no era necesaria la presentación de un proyecto.

Pero precisamente es esa circunstancia, la emergencia, lo que ahora ha quedado anulada en la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2009, BOE 1 de marzo de 2010. Por tanto, si no hay emergencia, entendemos que la CHG está ahora obligada a presentar el proyecto para ser sometido a estudio y aprobación por parte de la delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Por tanto, sí entra en el ámbito de competencias de la Junta el pedir la suspensión de las obras hasta que se presente y sea informado dicho proyecto. Al margen de las competencias del ministerio, la Junta no puede eludir las propias.

La petición que hacemos ahora queremos unirla a la planteábamos en días pasados. A la ilegalidad de la contratación de las obras y del proceso de expropiación, unimos el que la carencia de proyecto ya no se justifica y, en consecuencia, la Junta de Andalucía puede y debe intervenir paralizando las obras del trasvase.

Esperamos que de sus gestiones se vean satisfechas las demandas de los pueblos de Castril y Cortes, porque creemos que es de justicia y que el derecho nos ampara.

Gracias de antemano. En Castril a 9 de septiembre de2010.