Sin muchas explicaciones, el presidente ha anunciado los cambios en su Gobierno. Entre ellos la sustitución de la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, por la anterior consejera de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar.
En principio, lo noticia, en Castril, ha sido recibida con satisfacción. No tanto por el nombramiento de la nueva ministra, pues la duda sobre su sensibilidad ambiental es más que razonable, sino por el cese de la anterior, cuya nefasta gestión respecto a los temas medioambientales ha sido puesto de manifiesto en los 6 años que ha estado de ministra, tanto en Agricultura como en Medio Ambiente.
Siendo ministra de Agricultura Elena Espinosa y estando en el ministerio de Medio Ambiente Cristina Narbona, el Gobierno aprobó el decreto que contemplaba determinadas medidas para combatir la sequía. Dicho decreto y sus prórrogas fueron un cajón de sastre para aprobar con carácter de emergencia varias obras obviando los trámites de consulta ciudadana y los correspondientes estudios ambientales. Una de estas obras, las del trasvase del río Castril, ya fueron descartadas por las administraciones y la propia Junta de Andalucía, pero desde la CHG aprovecharon la coyuntura para colarse con la justificación de la emergencia. Lo que anteriormente fue descartado por considerarlo prácticamente un ecocidio, es decir, que acabaría con la vida del río Castril, ahora se presenta como aguas para abastecimiento, consumo humano, inventando una necesidades que, sin embargo, cuando se proyectaba el anterior trasvase -2003-, en ningún momento se planteó que las aguas tuvieran que satisfacer esas supuestas necesidades. Esta estrategia, la de recuperar el anterior trasvase que se había utilizado como arma arrojadiza contra el Gobierno de aquellos entonces (PP), se camufló en las prórrogas del decreto 1419/2005 de medidas contra la sequía. La ministra aceptó las propuestas que desde la CHG, a través de directivos como P. Girón o J. Delgado, y con la posterior aquiescencia de los responsables provinciales del PSOE granadino, le hicieron llegar. Este es el motivo de que la Ficha Ambiental presentada por la CHG no se corresponda con las obras que se están realizando. Porque, en realidad, dicha Ficha se elaboró sobre la base de trasvases anteriores.
Anulado por el Supremo, con fecha de 1 de marzo de 2010 dicho decreto, Elena Espinosa, la ministra ahora cesada, tenía que haber reconsiderado el trasvase del río Castril paralizando definitivamente las obras y negociando las alternativas que se habían propuesto. La Plataforma por la Defensa del Río Castril se lo hizo saber y, a día de hoy, aún no se ha recibido ninguna respuesta. En el cajón de algún despacho del ministerio duerme el escrito que, esperamos, la nueva ministra, Rosa Aguilar, debiera responder. No olvidemos que además de la anulación por el Supremo del decreto 1419/2005, la sequía ha quedado oficialmente extinguida. Mucho nos tememos que si no hay respuesta en los próximos días, nuevamente haya que acudir a la vía judicial y contra los actuales responsables del ministerio.
Pero también la nueva ministra, Rosa Aguilar, tendrá que responder en el Congreso a las preguntas del portavoz de Izquierda Unida, G. Llamazares. Será el momento de evaluar el talante con el que la ministra pretende ejercer el cargo y la gestión ambiental en lo que queda de legislatura.
También hubo relevo en la delegación de Gobierno en Andalucía. Bajo el mandato de J.J. López Garzón, y ejerciendo en la subdelegación de Granada A. Cruz, se ha producido la represión sobre los vecinos y vecinas de Castril y Cortes que han protestado por las expropiaciones y las obras del trasvase del río. Cortes de Baza fue tomado por los antidisturbios (GRS) para proteger las obras y se ha procedido al envío masivo de multas administrativas y, también, denuncias por la vía penal. Se acusa a los vecinos y vecinas de reuniones y concentraciones ilegales; como si el derecho de reunión no estuviere constitucionalmente reconocido en el Estado español; como si para reunirse en una finca privada y con autorización de los agricultores propietarios de ellas, se necesitase de permisos previos. Recuérdese que las expropiaciones se realizaron acogidas a la emergencia del decreto anulado y que, además, se encuentran denunciadas en diversos juzgados.
La prepotencia mostrada por el subdelegado de Gobierno, con el apoyo del delegado de Gobierno ahora cesado, también tendrá sus consecuencias. Ahora parece ser que están pensando cambiar la acusación, y dado que no se sustenta lo de reuniones y concentraciones ilegales, pretenden encausar a algunas personas por supuestas coacciones a la empresa que ejecuta los trabajos, dejando en suspenso las multas administrativas. Otra acusación falsa que muestra la carencia de fundamentos de la política represiva dirigida para realizar a toda costa, contra el derecho, la ley y el sentido común, el trasvase del río Castril. Esperamos y deseamos también que el nuevo delegado en Andalucía, L. García Garrido, ponga fin a esta irracionalidad y retire todas las acusaciones y las multas. Y por coherencia, cese al subdelegado de Gobierno en Granada por haber sido el responsable directo de esta política represiva.
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