Las obras que se aprobaron, y que no tenían que someterse a Evaluación de Impacto Ambiental, no iban por los márgenes del río ni por su valle fluvial.
Sin embargo la empresa Sociedad General de Obras (SOGEOSA), que realiza las obras promovidas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, solicita autorización a la Agencia Andaluza del Agua para el “Cruce canalización tubería al río Castril y afluentes”, ya que las obras que se realizan “fuera de los márgenes del río Castril y de su valle fluvial” -según la Secretaria de Estado para el Cambio Climático- cruza el río hasta en 4 ocasiones.
Obviamente, si tenemos que el Consejo de Ministros aprobó una tubería de 400 mm y la que se está poniendo es de 500 mm, y que la excusa para no someter las obras a Evaluación de Impacto Ambiental es que no iban por el río, tenemos que pensar que las obras que se realizan en las orillas del río Castril, con tuberías mayores a las proyectadas, no son las aprobadas como emergencia por el Consejo de Ministros en 2006.
Por eso se ha pedido a la Fiscalía que actúe de inmediato, para evitar que los hechos consumados bendigan un delito ambiental y socioeconómico de difícil reparación. La inhibición de la Fiscalía ampararía unos hechos de muy dudosa legalidad, convirtiéndose en cómplices y dejando la credibilidad en la justicia bastante malparada y a un pueblo desesperado viendo cómo se vulneran sus derechos más fundamentales ante la pasividad de quien debe defender el estado de derecho.
Las recientes declaraciones del Delegado de Medio Ambiente, amenazando al Ayuntamiento de Cortes de Baza por supuestos usos futuros del agua, añaden más confusión a este esperpento, que no se sostiene de ninguna manera y del que alguien tendrá que responder.
El Coordinador Provincial. Javier Egea.
No hay comentarios:
Publicar un comentario