Con fecha de 6 de julio, la Plataforma ha denunciado ante la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía las obras del trasvase por carecer de la preceptiva autorización por ser una zona integrada dentro del Conjunto Histórico-Cultural. También ha formalizado la denuncia ante la Delegación de Medio Ambiente por discurrir las obras por el valle del río, considerado Paisaje Agrario de Interés Singular por el Plan de Protección del Medio Físico de la provincia de Granada, por lo que necesitarían del correspondiente informe ambiental y autorización de la propia Delegación.
Es cierto que la Resolución de la Secretaría de Estado de Cambio Climático decidió no someter a estudio de impacto ambiental las obras del trasvase, y que para ello se atuvo a informes emitidos por la propia Junta de Andalucía (esta Resolución se encuentra recurrida), pero lo que dicha Resolución no contemplaba, y ahora se denuncia, es la vulneración de dos normativas concretas que no se han tenido en cuenta, ni en la Resolución de la secretaría de Cambio Climático ni ahora con el inicio de las obras, tal como indica el decreto de la alcaldía que ordena la paralización de las obras. Ambas normativas (las que protegen por estar en una zona BIC -Bien de Interés Cultural- y ser Paisaje Agrario Singular) obligan a estudios y autorizaciones preceptivos, cuestiones ambas que no se han realizado.
Si ambas delegaciones de la Junta no intervienen, serán los Tribunales de Justicia los que tendrán que tomar las decisiones que obliguen a restituir la legalidad.
Es cierto que la Resolución de la Secretaría de Estado de Cambio Climático decidió no someter a estudio de impacto ambiental las obras del trasvase, y que para ello se atuvo a informes emitidos por la propia Junta de Andalucía (esta Resolución se encuentra recurrida), pero lo que dicha Resolución no contemplaba, y ahora se denuncia, es la vulneración de dos normativas concretas que no se han tenido en cuenta, ni en la Resolución de la secretaría de Cambio Climático ni ahora con el inicio de las obras, tal como indica el decreto de la alcaldía que ordena la paralización de las obras. Ambas normativas (las que protegen por estar en una zona BIC -Bien de Interés Cultural- y ser Paisaje Agrario Singular) obligan a estudios y autorizaciones preceptivos, cuestiones ambas que no se han realizado.
Si ambas delegaciones de la Junta no intervienen, serán los Tribunales de Justicia los que tendrán que tomar las decisiones que obliguen a restituir la legalidad.
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