Hemos visto cómo se ha abucheado
al jefe de Estado, al presidente del Gobierno y a sus ministros. Algunos
consejeros/as y diputados han tenido que soportar los denominados escraches,
protestas en la puerta de sus casas, por grupos de ciudadanos que querían
manifestar el repudio hacia decisiones políticas tomadas por estos políticos y
que han supuesto un gran sufrimiento para un sector de la población. Estos
escraches, por ejemplo, se han realizado contra políticos y banqueros
considerados responsables del fraude las preferentes, o de quienes han
facilitado los desahucios de las familias que no pueden pagar sus hipotecas por
quedarse sin trabajo.
Nos hemos enterado que el concejal
del PSOE y anterior alcalde, al parecer, ha sido increpado por un vecino que se
siente perjudicado por sus decisiones políticas. No tenemos información
fidedigna y desconocemos los hechos, las causas y la persona implicada. Lo que
sí hemos sabido es que el portavoz del PSOE ha divulgado en medios diferentes
este suceso. Y aparenta estar dolorido. Sin embargo, alguna persona que acompañaba
a quien recriminó al ex alcalde y portavoz del PSOE, José Juan López niega que
sucedieran las cosas tal como él las cuenta.
Lo que nosotros nos preguntamos,
¿puede alguien que ha estado tomando decisiones como alcalde durante 9 años, y
apoyando con su voto algunos otros, que han afectado a vecinos y que se sienten
indignados, molestarse porque se lo recuerden? Si no hay violencia, siempre
condenable, la protesta ante la injusticia y sus responsables, no sólo es
legítima, sino que es necesaria. Apenas tenemos información de lo acontecido, pero
los indicios apuntan a que no hubo agresión ni insultos ofensivos. Parece ser
que no hubo nada más allá de la carga emocional a la que se encontraban
sometidos ambos y la interpretación del reproche que hizo el otrora alcalde.
Pero lo que también sucede, es que hay quienes nunca
han entendido que la actividad política tiene que estar sometida a la crítica
de los ciudadanos/as. Es más, sin crítica, no hay democracia ni libertades. Era
lo propio en los años de la dictadura franquista y que, al parecer, algunos
añoran para el ejercicio de su poder. Sin posibilidad de crítica, lo que queda
es la impunidad y el despotismo del poder, y el servilismo del pueblo. Ningún político, como el portavoz del PSOE, puede
pretender la inmunidad frente a ella.
No nos molestaríamos en informar del real o ficticio reproche del otro día si no fuera porque se ha
hablado de ello en otros medios. Es sabido que discusiones verbales entre
vecinos/as se producen a menudo, y ninguna merece ser mencionada como
acontecimiento político o social relevante. Pero cuando alguien dimensiona en
redes y medios un hecho insignificante, presentándose además como víctima, cuando
trata de implicar indirectamente a representantes públicos de otras fuerzas
políticas para magnificar y dar una componente que el acontecimiento en sí no
posee, nos obliga a tener que hablar de ello. Pero repetimos, según las fuentes
que nos lo han comentado, todo se circunscribe a la rabia de un vecino
perjudicado por la acción del ex alcalde, y no pasó más allá de las expresiones
verbales (incluso algún testigo directo ha negado hasta eso, afirmando que sólo se produjeron los gestos de desprecio habituales)
que se suelen dar en casos similares.
Sea como fuere, gestos o
expresiones verbales (siempre cuando no sean insultos ofensivos), si son
consecuencia del daño y de la injusticia soportada, de la coacción sufrida o
por haber arriesgado el patrimonio y la identidad del pueblo, el río Castril,
la respuesta (que no ha sido violenta) está más que justificada. Como las que,
a veces, padecen los profesionales de la política que gobiernan las instituciones
del Estado, y como también tienen que padecerlas los que viven del ejercicio de
la política municipal y aspiran a seguir haciéndolo en Castril. Y quien no
quiera asumirlo, quien quiera el silencio de todo el vecindario ante su
gestión, ante los despropósitos en los que incurra, se equivoca de sitio.