Con la dimisión del concejal del
PP Andrés López (y que al parecer formalizó el viernes pasado), el equipo de
gobierno queda compuesto por el otro concejal del PP, Javier Dengra, quien a
tenor del pacto de legislatura ostentará la alcaldía a partir de junio, la
concejal de IU Alicia López, y la concejal Eva Carrasco que con el alcalde
Miguel Pérez forman el grupo de Nuevo Castril. No olvidemos que la concejal
Isabel Iruela, del GIC, presentó su dimisión a finales del verano.
Aún desconocemos el sentido de
esta dimisión, pues son tres meses lo que quedan de mandato del actual alcalde
antes de que acceda a la alcaldía su compañero de candidatura en el PP. Suponemos que se quiere
escenificar el desacuerdo con la gestión; porque lo que es esperar que vaya a
conseguirse alguna propuesta pendiente, superar alguna desavenencia o cualquier
otra cosa de tipo positivo con el alcalde, no parece sea este el camino más
indicado. Llegará junio, cuando se produzca el relevo en la alcaldía, y la
situación seguirá igual. Entonces, entendemos, lo que sí podría pretender esta medida, la
dimisión ahora formalizada, es dar un aviso al futuro alcalde. Un aviso en el
sentido de hacerle saber que el apoyo a su próxima gestión depende también del
acuerdo que puedan negociar. ¿Es así, o no es más que una respuesta impulsiva
como consecuencia del enfrentamiento con el alcalde? El tiempo desvelará que
hay tras esta y la anterior dimisión.
Pero también cabe una tercera
hipótesis. Y es la de que el PSOE estuviera detrás de estos movimientos. Podría
estar (el PSOE) interesado en que a junio se llegara en una situación precaria,
en cuanto a gobernabilidad del ayuntamiento se refiere, de manera que pudiera
proponer algún acuerdo que les permitiera entrar en el gobierno municipal.
Tenemos el precedente de lo acontecido en Cortes de Baza, donde rompieron el
pacto de gobierno para hacerse con la alcaldía, a través de una moción de
censura, formando gobierno con el hasta entonces principal grupo de oposición. De maniobras como estas, el PSOE local tiene
amplia experiencia. Y en general en la comarca y en Andalucía. Muchos años de
régimen y de control del territorio le han permitido el poder y las redes
clientelares como para manejar estos asuntos.
Pero en Castril, la pérdida del
poder municipal ha permitido que se pongan al descubierto las irregularidades
en la gestión de estos años atrás. No sólo por la voluminosa deuda que ha
aflorado, por lo que el ayuntamiento tuvo que acogerse al plan de pago a
proveedores con las medidas de ajuste que este imponía, sino porque a día de
hoy aún se ignora el paradero o el uso de dinero procedente de subvenciones o
aportaciones; especialmente en lo que se refiere al Centro Saramago, pero
también al propio ayuntamiento. Sin ir más lejos, el Servicio de Formación para
el Empleo reclama la devolución de 23.436 euros de un curso de “soplador de
vidrio”, cantidad que, según dicho servicio, adelantó al ayuntamiento en 2010,
no habiéndose realizado tal curso. En el ayuntamiento no les consta expediente
alguno. Por tanto, ¿qué sucedió con el dinero y con el curso? Ahora mismo es un
misterio que sólo el anterior alcalde podría desvelar. Pero también pudiera
suceder que nunca se supiera. Y tal vez haya intereses en que esto sucediera
así.
