Hemos leído en la prensa que la
subdelegación de Gobierno en Granada ha iniciado contactos para desbloquear la
situación del trasvase. Su intención, dicen, es solucionar de manera definitiva
los problemas de abastecimiento y regadío que se tienen en la zona Norte de
Granada. Pero su ignorancia del tema es más que manifiesta; o su voluntad de
engañar a unos y otros esperando réditos políticos y, lo que es peor, añadiendo
nuevos enfrentamientos por las aguas del río Castril. Veamos.
No puede haber ninguna
negociación que desbloquee el paralizado trasvase del río Castril mientras esté
pendiente de decisiones judiciales. Mientras no se resuelvan los procedimientos
judiciales abiertos, no puede continuarse con el proyecto. Y hay dos principalmente:
uno es la decisión del Constitucional sobre la cuestión de inconstitucionalidad
planteada por el Supremo a la
disposición XV de la ley de Residuos Sólidos y Suelos Contaminados,
disposición que pretendía dar cobertura legal al trasvase una vez que el
Supremo ordenó la paralización definitiva por carecer el proyecto de tal
requisito. Cuando resuelva el Constitucional, pueden suceder dos cosas: que
decida que esta disposición es adecuada a la Constitución y, entonces, el
ministerio pueda iniciar un nuevo proyecto con arreglo al procedimiento legal
establecido. No podrá retomar el anterior, del que hay buena parte ya
construida, porque este se hizo fuera de la ley, declarado así por el Supremo. O al contrario, si el Constitucional declara
inconstitucional la disposición XV, entonces el Supremo podría ordenar demoler
las obras realizadas, reponer el medio alterado e indemnizar a los agricultores
y partes afectadas.
No obstante, si el ministerio
considerara, ante una resolución favorable del Constitucional, reemprender las obras
o un nuevo proyecto, dejando al margen lo que decidiera el Supremo (que ya
hemos dicho que también se tendría que pronunciar sobre en qué medida puede
afectar a lo ya sentenciado), tampoco podría hacerlo porque la Audiencia Nacional
decretó la suspensión cautelar de todas las actuaciones hasta tanto no haya
sentencia definitiva, tras el recurso contencioso-administrativo que la Plataforma
por la Defensa del Río interpuso en su momento.
Por tanto, no pueden negociar
nada hasta que los tribunales resuelvan. A no ser que admitan que la única negociación
posible es la que pueden establecer contando con la Plataforma. Porque es esta
organización quien tiene interpuesto los recursos y quien puede aportar las
soluciones, que ya fueron trasladadas al anterior Gobierno y estaría dispuesta
a plantearlas al actual. Y la alternativa es sencilla: retomar el antiguo
proyecto de la Junta de Andalucía de captar las aguas a su llegada al embalse
del Negratín. De esta forma, podrían aprovechar parte de las infraestructuras
instaladas y se salvaría la integridad ecológica del río Castril. Sólo tendrían
que retirar las tuberías que discurren por los términos de Castril y de Cortes,
restituir el medio natural afectado, indemnizar a los agricultores y aprobar
una figura de protección para el río y su valle.
Como puede verse, todas las
partes pueden ver satisfechas sus demandas. Y no hay excusas posibles. Ni más coste
por bombeo del agua, porque el actual proyecto paralizado también lo prevé al
bombearlas desde el pie del cerro Jabalcón, ni por la calidad de las aguas, que
está demostrado con informes técnicos que es prácticamente la misma que aguas
arriba, en la Cerrada, donde iba ubicada la captación; es más, desde el propio
Negratín toman sus aguas para consumo humano en la comarca de Almanzora
(Almería). Aún así, si lo prefieran, pueden regar con las aguas del Negratín,
dejando la excelente agua de sus acuíferos sólo para consumo. Lo único que el
ministerio y la subdelegación necesitan es llamar como interlocutor válido a la
Plataforma. Todo los demás es confundir y enredar en un callejón sin salida.