Pleno extraordinario: el alcalde deslegitima a la oposición para pedir documentación. Los grupos políticos se reprochan entre sí las carencias e irregularidades en la gestión municipal, tanto en la legislatura pasada y como en la actual.

Se celebró el Pleno extraordinario, convocado por la oposición, en el que se pedía información documentada de diferentes gestiones y obras realizadas por el actual equipo de gobierno. No se ofreció la documentación solicitada, pero sí polemizaron con numerosos dimes y diretes en una  sesión esperpéntica.

El portavoz de la oposición (PSOE) espetó al alcalde recordándole que la documentación solicitada tenía que entregarla porque era una obligación legalmente establecida y que procedería a interponer las denuncias correspondientes si persistía en su actitud. El alcalde respondió que tampoco el portavoz de la oposición, siendo alcalde, entregaba la documentación que se le requería y que él lo haría cuando lo estimase oportuno y su trabajo (especialmente el que le ocupaba referente al cambio de tubería del agua para consumo) se lo permitiera. Además, le recordó que había una auditoría abierta para aclarar las irregularidades y la gestión durante los años que fue alcalde. El portavoz del PSOE replicó que, al margen de lo sucedido durante la época en que ejerció la alcaldía, era un derecho de su grupo y que el alcalde estaba obligado a responder.

Los demás grupos municipales, poniendo de manifiesto la situación de inestabilidad del equipo de gobierno, también criticaron su desconocimiento de algunas de las iniciativas del alcalde e incluso el que no se les facilitara información demandada. Esto provocó diferentes rifi-rafes, como los protagonizados con Andrés Pérez (PP) e Isabel Iruela (GIC). A ambos el alcalde les acusó de no haber realizado las tareas políticas para las que estuvieron cobrando con dedicación exclusiva, y alegó que esa era la causa de que desconocieran esa parte de la gestión de la que aducían tener desconocimiento. Entre otras cosas, estos concejales le reprocharon desconocer los motivos del cambio de compañía telefónica, a lo que el alcalde respondió que dicho cambio supondría un importante ahorro en las arcas municipales, y que era, además, un cambio necesario para los usos que pretendía. También criticaron el cambio en los compromisos adquiridos respecto a las antenas de telefonía móvil sin facilitar información.

Alicia López (IU) trató de moderar y reconducir de manera airosa lo que se estaba convirtiendo en una ridícula situación sin salida. Propuso que se celebrara un nuevo pleno donde se entregara la documentación requerida, pero advirtiendo al PSOE que sus pretensiones carecían de legitimidad toda vez que habían dejado el ayuntamiento con una deuda de un millón y medio de euros. El alcalde, después de amenazar con la dimisión o de retirar la auditoría, aceptó otro pleno para más adelante donde daría cuenta de la información que se le demandaba. Por su parte, ante el cuestionamiento de su trabajo, Eva (Nuevo Castril) dijo que renunciaría a la condición de tesorera.

Finalmente, se levantó la sesión. Como hemos dicho, un esperpento: acusaciones respecto a despropósitos entre miembros del equipo de gobierno, un alcalde que se defiende con vagas alusiones a las obras emprendidas, pero que no entrega la documentación; y una oposición que no respetó los derechos ciudadanos, que negó la información que se le solicitaba, que mintió, que manipuló y utilizó información confidencial y privada para acusar públicamente a sus opositores cuando gobernaba, ahora descubre que el derecho a la información que a todo ciudadano (y grupo municipal) asiste, es de obligado cumplimiento por quien gobierna el municipio. Pues bien venido sean, señores del PSOE, al redil de los demócratas; pero para que su conversión nos parezca veraz, que empiecen por entregar la documentación del Centro Saramago, los libros al detalle con los ingresos y los gastos habidos durante su gestión. La petición hace tiempo que la tienen sobre la mesa.