El alcalde defiende tres proyectos que dependen del río Castril. El hecho de que sea el río Castril, como cualquier río, una fuente de riqueza no es nada nuevo. Que las aguas se utilicen para consumo humano, para regadíos o para producir energía es algo que viene de antaño. Por tener esa importancia, las aguas del río, de todos los ríos, fueron siempre muy codiciadas. Pero como ha sucedido en la geografía andaluza, las tecnologías y el capitalismo desarrollista han angostado la vida de los ríos. El consumo humano no lo fue sólo para los pueblos ribereños, la energía producida era conectada en la red general y las demandas para regadíos aumentaban al calor del beneficio. El agua de sus caudales fue convirtiéndose en un factor económico más. En tanto que tal, la lógica del capitalismo exigió el máximo de productividad y rentabilidad: promociones urbanísticas, turismo, cultivos bajo plástico, extratempranos, presas ligadas a la producción eléctrica, etc.
Los ríos fueron degradándose y desapareciendo como ríos vivos, ecosistemas fluviales que albergaban y alimentaban una rica variedad de formas de vida. El movimiento ecologista llamó a atención sobre todo ello. La necesidad de conservar los ríos como fuentes vivas que interactúan y mantienen el equilibrio ecológico de las cuencas por donde discurren se fue asumiendo cada vez más. La normativa europea, más lentamente de lo que los grupos conservacionistas demandaban, introdujo medidas de protección que obligaba a los estados, como el Estado español, a incorporar en su legislación.
Al río Castril lo someten como factor económico a tres proyectos: el trasvase a Baza, la central hidroeléctrica y los nuevos regadíos de Castril. Analizados los tres, no se desprende más conclusión que la muerte del río. Surgen las voces de alarma y se piden explicaciones. Entre los promotores de los proyectos está la CHG y como defensor de los tres, el alcalde de Castril.
Se dice que el trasvase a Baza es para consumo humano. Hay quien habla incluso de que es un tema de solidaridad. Bella palabra de la que sólo se acuerdan cuando se refieren a un recurso que no es una mercancía que pueda equitativamente repartirse. Escondido queda que el acuífero Sierra de Baza sea un lago que cuenta con unos recursos disponibles de 35 hm3 (más que el embalse del Portillo), escondidos quedan los pozos ilegales que desecan las fuentes de las que se capta el agua en la vecina Baza. Y escondidos quedan los usos (en Zújar, Caniles, Baza…) y cantidades que se llevarán.
Se incrementan las voces de alarma. Pero a esto, el alcalde de Castril responde que cuenta con una concesión para nuevos regadíos en Castril. Si se pierde el río, ganamos unos euros. El problema es que no hay agua para tanto. Los regadíos tradicionales tienen sus derechos históricos y el río necesita un caudal ecológico que mantenga las formas de vida, entre ellas alguna protegida como la trucha común.
Los tres proyectos –lo hemos dicho- suponen la muerte del río. En la legislación actual se contempla la exposición pública de los proyectos y un determinado período para que puedan presentarse alegaciones por los afectados y las asociaciones que defienden el medio ambiente. No puede hacerse con el trasvase a Baza porque lo declaran de emergencia. Sí con los nuevos regadíos. Tres años después de haber dicho el alcalde que tenía la concesión (una mentira que está recogida por escrito) presentan un mermado proyecto de nuevos regadíos. Ahora son sólo 2.500 has. y 2,9 hm3 sometidos a una serie de condiciones. El alcalde vuelve a la carga culpando a unos y otros del retraso. Pero en la resolución que declara el impacto ambiental no aparecen entre las personas o grupos que presentan alegaciones ninguna de las imputadas por el alcalde (otra mentira a su haber). Los sucesivos proyectos que han ido presentando ante la CHG, han sido sometidos a exposición y han sido remitidos a diferentes asociaciones a fin de que se incorporen las alegaciones que consideren oportunas. El propósito de estas alegaciones es el de evitar cualquier ilegalidad con consecuencias irreparables sobre el medio ambiente. El resultado puede ser que no pueda ejecutarse el proyecto, que se subsanen las ilegalidades y que tengan que introducirse medidas correctoras que minimicen el impacto.
La legislación española incorporó tardíamente la necesidad de que estos proyectos fueran sometidos al correspondiente Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y al trámite de exposición y consulta a los afectados. El ejercicio de ese derecho, que reiteramos, de por sí insuficiente, por alguna asociación o particular es lo que el alcalde de Castril, también algún representante de la comunidad de nuevos regadíos, está tratando de criminalizar. ¿Quiere el alcalde de Castril que se suprima la normativa que obliga al informe ambiental, al EIA, a la exposición y consulta, de la legislación española? ¿Nos retrotraemos a tiempos anteriores?
Se cae la máscara y aparece la verdadera faz: tras la falsa palabrería, no hay más que desarrollismo depredador, desprecio al medio ambiente, al río, a las normativas de protección ambiental, a la participación democrática. La ambición personal transgrede los más elementales principios éticos con acusaciones falaces, con incitación al enfrentamiento. Aquí, desde este blog, estamos siendo testigos de ello.
Los ríos fueron degradándose y desapareciendo como ríos vivos, ecosistemas fluviales que albergaban y alimentaban una rica variedad de formas de vida. El movimiento ecologista llamó a atención sobre todo ello. La necesidad de conservar los ríos como fuentes vivas que interactúan y mantienen el equilibrio ecológico de las cuencas por donde discurren se fue asumiendo cada vez más. La normativa europea, más lentamente de lo que los grupos conservacionistas demandaban, introdujo medidas de protección que obligaba a los estados, como el Estado español, a incorporar en su legislación.
Al río Castril lo someten como factor económico a tres proyectos: el trasvase a Baza, la central hidroeléctrica y los nuevos regadíos de Castril. Analizados los tres, no se desprende más conclusión que la muerte del río. Surgen las voces de alarma y se piden explicaciones. Entre los promotores de los proyectos está la CHG y como defensor de los tres, el alcalde de Castril.
Se dice que el trasvase a Baza es para consumo humano. Hay quien habla incluso de que es un tema de solidaridad. Bella palabra de la que sólo se acuerdan cuando se refieren a un recurso que no es una mercancía que pueda equitativamente repartirse. Escondido queda que el acuífero Sierra de Baza sea un lago que cuenta con unos recursos disponibles de 35 hm3 (más que el embalse del Portillo), escondidos quedan los pozos ilegales que desecan las fuentes de las que se capta el agua en la vecina Baza. Y escondidos quedan los usos (en Zújar, Caniles, Baza…) y cantidades que se llevarán.
Se incrementan las voces de alarma. Pero a esto, el alcalde de Castril responde que cuenta con una concesión para nuevos regadíos en Castril. Si se pierde el río, ganamos unos euros. El problema es que no hay agua para tanto. Los regadíos tradicionales tienen sus derechos históricos y el río necesita un caudal ecológico que mantenga las formas de vida, entre ellas alguna protegida como la trucha común.
Los tres proyectos –lo hemos dicho- suponen la muerte del río. En la legislación actual se contempla la exposición pública de los proyectos y un determinado período para que puedan presentarse alegaciones por los afectados y las asociaciones que defienden el medio ambiente. No puede hacerse con el trasvase a Baza porque lo declaran de emergencia. Sí con los nuevos regadíos. Tres años después de haber dicho el alcalde que tenía la concesión (una mentira que está recogida por escrito) presentan un mermado proyecto de nuevos regadíos. Ahora son sólo 2.500 has. y 2,9 hm3 sometidos a una serie de condiciones. El alcalde vuelve a la carga culpando a unos y otros del retraso. Pero en la resolución que declara el impacto ambiental no aparecen entre las personas o grupos que presentan alegaciones ninguna de las imputadas por el alcalde (otra mentira a su haber). Los sucesivos proyectos que han ido presentando ante la CHG, han sido sometidos a exposición y han sido remitidos a diferentes asociaciones a fin de que se incorporen las alegaciones que consideren oportunas. El propósito de estas alegaciones es el de evitar cualquier ilegalidad con consecuencias irreparables sobre el medio ambiente. El resultado puede ser que no pueda ejecutarse el proyecto, que se subsanen las ilegalidades y que tengan que introducirse medidas correctoras que minimicen el impacto.
La legislación española incorporó tardíamente la necesidad de que estos proyectos fueran sometidos al correspondiente Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y al trámite de exposición y consulta a los afectados. El ejercicio de ese derecho, que reiteramos, de por sí insuficiente, por alguna asociación o particular es lo que el alcalde de Castril, también algún representante de la comunidad de nuevos regadíos, está tratando de criminalizar. ¿Quiere el alcalde de Castril que se suprima la normativa que obliga al informe ambiental, al EIA, a la exposición y consulta, de la legislación española? ¿Nos retrotraemos a tiempos anteriores?
Se cae la máscara y aparece la verdadera faz: tras la falsa palabrería, no hay más que desarrollismo depredador, desprecio al medio ambiente, al río, a las normativas de protección ambiental, a la participación democrática. La ambición personal transgrede los más elementales principios éticos con acusaciones falaces, con incitación al enfrentamiento. Aquí, desde este blog, estamos siendo testigos de ello.
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