En el día de hoy, tras presentar las alegaciones al procedimiento de expropiación seguido por la CHG, la Plataforma ha presentado una denuncia ante la fiscalía por falsedad en documento público. Entre las administraciones denunciadas figuran la CHG y el ayuntamiento de Castril.
En las actas de ocupación remitidas por la CHG a las personas afectadas, aparece una firma en representación del ayuntamiento cuando nadie, ni el alcalde, concejal u otra persona nominada al efecto se encontraba presente en el momento de levantamiento del acta. Por tanto, esas actas se han falsificado. Además de depurar responsabilidades, esto puede posibiltar el que pueda replantearse en el ámbito judicial los fundamentos y el proyecto de trasvase.
Finalmente, los miembros de la Plataforma se entrevistaron con el delegado provincial de Medio Ambiente. El debate giró acerca de lo que se consideran caudales ecológicos. La Plataforma puso de manifiesto cómo lo que considera la CHG como caudal ecológico, y que es lo que quedaría tras el trasvase, supondría la muerte del río. Ello podría deducirse de lo sucedido cuando con motivo de las obras en el túnel redujeron el caudal a 500 l/sg.: es decir, mortandad de truchas y degradación ecológica del río. Los representantes de las administraciones, CHG y Agencia Andaluza del Agua, trataron de defenderse (manejando increíbles datos) diciendo que se limitaron a aplicar lo que la ley dice al respecto. Es más, trataron de derivar parte de culpa de la desecación del río en el abuso en las captaciones de agua por los regantes de la dehesa.
Pero ese echar balones fuera no se limitó al reciente desastre ecológico -que se encuentra en los juzgados-, sino también a la resposabilidad de la AMA en las obras del trasvase a Baza y, en cualquier caso, al margen de maniobra del propio delegado en ese proyecto. Por una parte se escudó en que las obras del trasvase no han sido transferidas a la Agencia Andaluza del Agua. Y para rematar, que cualquier rechazo al actual proyecto o planteamiento al ministerio de Medio Ambiente acerca de la idoneidad del proyecto alternativo, sería decisión de la Consejería de Medio Ambiente, y no suya. Ante esa evasión de responsabilidades, la Plataforma optó por levantar la sesión no sin antes recordarle su función como administración que debe velar por el medio ambiente, y más en este caso, en el que tienen constancia de la imposibilidad que el río Castril siga siendo un río vivo con la detracción de caudales que se pretenden para el trasvase.
En las actas de ocupación remitidas por la CHG a las personas afectadas, aparece una firma en representación del ayuntamiento cuando nadie, ni el alcalde, concejal u otra persona nominada al efecto se encontraba presente en el momento de levantamiento del acta. Por tanto, esas actas se han falsificado. Además de depurar responsabilidades, esto puede posibiltar el que pueda replantearse en el ámbito judicial los fundamentos y el proyecto de trasvase.
Finalmente, los miembros de la Plataforma se entrevistaron con el delegado provincial de Medio Ambiente. El debate giró acerca de lo que se consideran caudales ecológicos. La Plataforma puso de manifiesto cómo lo que considera la CHG como caudal ecológico, y que es lo que quedaría tras el trasvase, supondría la muerte del río. Ello podría deducirse de lo sucedido cuando con motivo de las obras en el túnel redujeron el caudal a 500 l/sg.: es decir, mortandad de truchas y degradación ecológica del río. Los representantes de las administraciones, CHG y Agencia Andaluza del Agua, trataron de defenderse (manejando increíbles datos) diciendo que se limitaron a aplicar lo que la ley dice al respecto. Es más, trataron de derivar parte de culpa de la desecación del río en el abuso en las captaciones de agua por los regantes de la dehesa.
Pero ese echar balones fuera no se limitó al reciente desastre ecológico -que se encuentra en los juzgados-, sino también a la resposabilidad de la AMA en las obras del trasvase a Baza y, en cualquier caso, al margen de maniobra del propio delegado en ese proyecto. Por una parte se escudó en que las obras del trasvase no han sido transferidas a la Agencia Andaluza del Agua. Y para rematar, que cualquier rechazo al actual proyecto o planteamiento al ministerio de Medio Ambiente acerca de la idoneidad del proyecto alternativo, sería decisión de la Consejería de Medio Ambiente, y no suya. Ante esa evasión de responsabilidades, la Plataforma optó por levantar la sesión no sin antes recordarle su función como administración que debe velar por el medio ambiente, y más en este caso, en el que tienen constancia de la imposibilidad que el río Castril siga siendo un río vivo con la detracción de caudales que se pretenden para el trasvase.
1 comentario:
y yo me pregunto que clase de autonomia tenemos, para que estos temas no sean de su competencia?
Habra que ir al gobirno central. Hasta el propio presidente,
Como lo organizamos?
Salud y Suerte!
Casimira
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