El alcalde de Castril había venido defendiendo la necesidad del trasvase del río a Baza y criticando a quienes se oponían al mismo, insistiendo en que la merma de caudal era insignificante así como el impacto de las obras (1ª mentira).
Pero el mismo día en que se inician las obras y ante la negativa de la empresa a posponer su ejecución, emite un decreto ordenando su paralización. ¿Qué ha sucedido para no tener ningún interés en el inicio de estas? ¿Por qué ha pedido desesperadamente que no empezaran?
La CHG le propuso al alcalde una concesión para nuevos regadíos si el ayuntamiento permitía el trasvase a la comarca de Baza. En este proyecto de nuevos regadíos y en sus beneficiarios vio el PSOE local y su candidato, López Ródenas, el porcentaje de votos que necesitaban para alcanzar la alcaldía. Pero en las elecciones municipales de 2007 la situación estaba tan reñida que en la propaganda electoral dijo haber conseguido la concesión para los nuevos regadíos (2ª mentira), tratando de ganar los votos -insuficientes si no llega a salvarlo, mediante un sueldo, el concejal tránsfuga del PP- para conseguir la alcaldía.
La concesión para los nuevos regadíos no llega y el proyecto del trasvase sigue para adelante. El alcalde se prodiga en los medios de comunicación y en folletos culpando a asociaciones y opositores al trasvase de que la concesión no llegue (3ª mentira). Finalmente sostiene que han formalizado la concesión con el director de la Agencia Andaluza del Agua (4ª mentira).
No puede haber nueva concesión porque es contraria al plan de cuenca. Y la ley es una norma de obligado cumplimiento. El Ministerio de Medio Ambiente lo comunicó al ayuntamiento de Castril. Si se realiza el trasvase, los hipotéticos beneficiarios de los nuevos regadíos pueden sentirse estafados. Y hay dinero invertido. Por tanto, si no se encuentra alguna salida (“algún apaño” -dicho en castizo-), la situación será insostenible. No sólo perderán la base social que apoya al equipo de gobierno, sino que la contestación está servida.
El decreto de paralización de las obras es eso lo que persigue: ganar tiempo para encontrar esa salida. Pero este decreto tiene una virtud inesperada: el alcalde reconoce lo que se venía largamente denunciando: la ilegalidad de las obras. Desde la Diputación y la dirección provincial del PSOE se pretende que las obras continúen. El ayuntamiento se opone hasta en tanto no se resuelva el tema de los nuevos regadíos. El conflicto, provocado por la ciega y arrogante ambición del alcalde y otros políticos provinciales, es un polvorín que puede estallar en cualquier momento.
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