Se reunió la Comisión Especial de
Cuentas y aprobó las referidas al ejercicio de 2011 y del 2012, con los votos
favorables de los representantes de los
grupos PP, GIC, NC, PSOE, y la
abstención de la representante de IU. El motivo aducido por la concejal de esta
formación para abstenerse fue el no haber tenido con antelación la información
para poder estudiarla.
En principio hay acuerdo sobre
las cuentas del 12 y del 13. Pero surgen algunas dudas. En 2011 se aprobó el
plan de pago a proveedores dada la enorme cantidad de deudas contraídas en el
período de gobierno del PSOE (1.100.000 euros reconocidos y otros en vía
judicial, sin contar los del Centro Saramago), y el plan de ajuste al que
obligaba la ley para acogerse a dicho plan de pago a proveedores.
El plan de ajuste reducía los
gastos del ayuntamiento de forma progresiva durante un período de 4 años. Por
tanto, los presupuestos que se pretenden aprobar (2013) tendrán que concordar
con lo contenido en el plan de ajuste. Y la duda que tenemos es si los gastos
habidos hasta la fecha y los previsibles para lo que queda de año (también para
2014, cuyos presupuestos en teoría deben aprobarse antes de finalizar este año), tendrán esa correspondencia con el plan de ajuste.
Por otro lado, se habló del gasto
habido durante 2013 y alguna factura generada en 2012 que se habría presentado
en el ayuntamiento en este año. La cifra estaría alrededor de los 700.000
euros. A algunos de estos gastos, facturas presentadas entre el 30 de mayo y el
10 de junio, la secretaría intervención realizó algunos reparos, por lo que la
Junta de Gobierno, tanto la celebrada en julio, como la que hubo a continuación
de la Comisión de Cuentas, decidió enviarla a los servicios jurídicos de
Diputación. En general los reparos se refieren a gastos para los que no había
consignación presupuestaria, y también a algunas anomalías en los expedientes o
gastos que correspondían al año anterior. Teniendo en cuenta las 4 fuerzas políticas
que componían la Junta de Gobierno (NC, PP, GIC –dimitió un año después de
empezar la legislatura- e IU), así como la responsabilidad en cada área por los
concejales de las mismas, hemos preguntado por los gastos objeto de reparo.
Ellos fueron decisión del alcalde Miguel Pérez (NC), pues no se aprobaron en
Junta de Gobierno (la celebrada en junio fue impugnada por la concejal de IU)
ni eran responsabilidad de concejalías con competencias delegadas, como
Servicios Sociales, competencia de la concejal de IU.
Miguel Pérez nos aclara que
algunos están tergiversando interesadamente el gasto de 700.000 euros al
proclamarlo como deuda. Esos 700.000 euros –según él- estarían dentro de las
previsiones de gasto para el 2013 (que pueden estar cubiertos a su vez por las
previsiones de ingreso), por lo que no se puede confundir diciendo que es
deuda. Y respecto a los reparos de la secretaría intervención, sostuvo que los
gastos estaban justificados y que las anomalías eran subsanables.
Esperaremos a ver qué deciden los
servicios jurídicos de Diputación. Entre tanto, no estaría de más que el celo
mostrado por el equipo de gobierno respecto a los gastos en este primer
semestre del año, se haga extensivo a la legislatura anterior (colaborando con
la Justicia) y en lo que queda de esta cumpliendo con el plan de ajuste. Las
leyes son normas de obligado cumplimiento para todos/as, incluidos los
representantes políticos; y con mayor responsabilidad si fueron ellos los que
las propusieron.