El Tribunal Supremo ordenó la inmediata paralización de las obras del trasvase porque estas se amparaban en un decreto del Gobierno, el RD 1419/2005, que fue declarado nulo de pleno derecho. Esta sentencia fue publicada el 1 de marzo de 2010. Desde entonces, las obras del trasvase estaban fuera de la ley. Pero la Administración y la CHG, en una obcecación sin precedentes, prosiguieron las obras a pesar de su ilegalidad. Las familias agricultoras y los grupos preocupados por la degradación del río Castril, protestaron por la continuación de las obras durante el verano de 2010, siendo reprimidas por la fuerza pública enviada al efecto por el entonces subdelegado de Gobierno, A. Cruz. Por tanto, pronto se cumplirán dos años desde que fueron declaradas ilegales las obras sin que, desde entonces, se pueda trabajar en las tierras afectadas por ellas.
Algunos agricultores de Cortes han manifestado su preocupación y, también, su determinación de retirar o cambiar de sitio las tuberías que estorban para la realización de las tareas agrícolas. Algunos así lo han hecho. Pero la respuesta de la empresa que realizaba las obras no ha dejado de ser sorprendente. Resulta que obras ilegales, realizadas en unas tierras ilegalmente expropiadas y por una empresa ilegalmente contratada, puede denunciar el legítimo derecho de un agricultor a trabajar en sus tierras. Realmente inaudito. Con esto no queremos decir que la denuncia vaya a prosperar, pero lo cierto es que si alguna denuncia tiene sentido, sería la de los propios agricultores a la empresa por ocupación ilegal de tierras. Los agricultores de Cortes ya han anunciado movilizaciones en los próximos días. En Castril también tiene que pronunciarse. En definitiva, se trata de exigir a la empresa la retirada de las tuberías que impiden la realización de las tareas agrícolas. Más tarde será el momento de pedir responsabilidades a la CHG y demás administraciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario