Analicemos cómo se ha pretendido el absurdo de legalizar las medidas para combatir la sequia en un momento en que no se produce tal circunstancia. En la pag. 130 del diario de sesiones (nº 92) de 8 de julio, el Senado introduce en el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados la disposición decimoquinta que convalida las actuaciones del decreto de sequía RD 1419/2005. Previamente había sido aprobada como enmienda adicional el 22 de junio con resutado de 130 fotos a favor, 1 en contra y 108 abstenciones. Posteriormente se remite al Congreso de los Diputados. El 14 de julio (pag. 33 del diario de sesiones) se debate en el Congreso el proyecto de ley de residuos con las enmiendas introducidas por el Senado. Se someten a votación las diferentes enmiendas y el grupo de enmiendas donde se encuentra la disposición decimoquinta se aprueba por 185 votos a favor 148 en contra y 7 abstenciones. En el debate no hubo alusiones al decreto 1419/2005, sobre el sentido de su incorporación en este proyecto de ley, de sus consecuencias, etc. Sólo se habló de lo que era objeto de la ley, los residuos y su tratamiento. Finalmente, el 26 de julio se aprueba el proyecto de ley. El día 29 se publica en el BOE.
La situación, según entendemos, pretende dar cobertura legal a las actuaciones emprendidas con la aprobación del decreto de sequía, que fueron muchas. Pero ello no debe ni tiene que afectar a las decisiones adoptadas por el Supremo, como la paralización definitiva del trasvase y, en su caso, la demolición de la obra. Ahora bien, la duda que nos queda es si ya cuentan para el futuro -una vez resuelva el Supremo sobre la demolición- cobertura legal para iniciar un nuevo proyecto de trasvase del río Castril. Estaremos atentos.
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