Una nueva ignominia se cierne sobre la vida del río Castril: el parlamento, a escondidas, legaliza el trasvase.

¡Increíble! Hoy aparece publicada en el BOE la ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. Hasta ahí, nada que objetar. Pero leyendo su articulado, nos encontramos en la disposición adicional decimoquinta lo siguiente:

Disposición adicional decimoquinta. Convalidación de actuaciones realizadas al amparo
del Real Decreto 1419/2005, de 25 de noviembre.
1. Se convalidan todas las obras y actuaciones relativas a la ordenación de los
recursos hídricos en las cuencas del Guadiana, Guadalquivir y Ebro, derivadas de la
ejecución del Real Decreto 1419/2005, de 25 de noviembre, declarado nulo por sentencia
del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2009.
Dichas actuaciones tendrán la consideración de emergencia a los efectos
prevenidos en el artículo 97 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del texto refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, las actuaciones
aprobadas al amparo del Real Decreto 1419/2005, de 25 de noviembre, cuyo régimen
jurídico se convalida por la presente disposición, llevan implícita la declaración de utilidad
pública, a los efectos de la ocupación temporal y expropiación forzosa de bienes y
derechos, así como la de urgente necesidad de la ocupación.

Es decir, que el decreto declarado nulo de pleno derecho por el Tribunal Supremo y que tras la petición de ejecución de sentencia por la Plataforma, ha obligado al ministerio a la paralización definitiva de las obras del trasvase, ahora pretenden legalizarlo a través de la ley de residuos y suelos contaminados, que no tiene nada que ver con la situación de sequía que dio lugar a la aprobación del decreto 1419/2005. Tendrá que valorarse desde un punto de vista jurídico; pero en principio esto parece un fraude aunque sea con la aprobación del parlamento. El Congreso y el Senado representan la soberanía popular, sí, pero siempre dentro del marco de la Constitución, con el respeto a los procedimientos constitucionalmente establecidos.

Analizaremos detenidamente el tema más adelante, pero está claro que quieren iniciar el proceso que permita que las obras del trasvase continúen y, además, por la vía de emergencia. No puede ser inmediato porque tienen que cumplir los requisitos y plazos que la ley contempla. Pero lo que una vez más se pone de manifiesto es que la clase política está compuesta de profesionales a los que sólo les interesa el poder y el dinero. Si ya no hay sequía, ¿a cuento de qué aprobar estas obras con carácter de emergencia? ¿Por qué aprobarlas mediante una ley que trata de otros temas? ¿Sabrán los parlamentarios lo que han aprobado?

¿A quiénes representan estos señores? Cada vez son más las voces en Castril y en Cortes que dicen no sentirse por ellos representados, que entienden la críticas del movimiento 15-M, que viven también la misma indignación que miles de personas en todas las ciudades del Estado expresan contra la clase política, contra el sistema. Una vez más, estamos con ellas.