La Plataforma pide al Supremo que ordene la demolición de las obras del trasvase, la retirada de las tuberías, por el ministerio de Medio Ambiente.

En el auto en el que el Tribunal Supremo ordenaba la paralización definitiva de las obras del trasvase también se instaba al ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino la remisión de un informe sobre el estado de las obras, antes de proceder a la petición formulada por la Plataforma por la Defensa del Río Castril de que se demoliera la obra.

El informe del ministerio de Medio Ambiente fue, por fin, enviado. Pero este informe ha sido hecho según el estado de las obras en la fecha en que el Supremo ordenó su paralización, como consecuencia de la petición de ejecución de sentencia realizada por la Plataforma, dado que las obras proseguían a pesar de haber sido declarado nulo de pleno derecho el decreto que las amparaba, el decreto 1419/2005. La sentencia del Supremo declarando nulo de pleno derecho el decreto 1419/2005 se produjo el 1-3-2010. Por tanto, es a partir de esa fecha desde cuando las obras se vienen ejecutando fuera de la ley y, en consecuencia, es a esa fecha a la que debe remitirse el informe solicitado. Esto es lo que ahora alega la Plataforma frente al Supremo antes de que decida sobre la petición de demolición de la obra.

A fecha de hoy, según el ministerio, la obra se encuentra ejecutada al 94 %. Esa información tampoco es la contrastada por nosotros, pues, entre otras cosas, en ella no se mencionan que aún no se han realizado los cruces en el río, tanto los de Cortes como los de Castril. Pero la realidad es muy diferente si tomamos como fecha el 1 de marzo, cuando el Supremo declaró nulo de pleno derecho el mencionado decreto que amparaba las obras. Entonces estas aún no se habían iniciado en el término de Cortes; en Castril quedaban pendientes la instalación de arquetas, ensamblaje de tuberías y la parte que todavía hoy queda pendiente en ambos municipios. Tampoco se había iniciado la estación de bombeo y otras partes de la obra en el término de Baza. Es decir, que en total se habián ejecutado poco más del 50 % de las obras.

Ahora se puede más fácilmente comprender, confirmando lo que ya sabíamos entonces, el porqué de las prisas del ministerio, de la Junta, y de la subdelegación de Gobierno por avanzar o terminar las obras cuanto antes. A todos se le advirtió que estaban operando fuera de la ley. No obstante, se empecinaron en acelerar las obras empleando una desproporcionada represión sobre el pueblo de Cortes, hasta situarlo en la práctica en un estado de sitio, frente a la legítima resistencia de familias agricultoras y personas defensoras del río Castril. Efectivamente, tras los desalojos y el envío masivo de multas, las obras avanzaron. Eso es lo que pretendían, avanzar a pesar de la ilegalidad de las mismas. ¿Para qué? Para generar este elemento de presión que pueda dificultar la decisión del Supremo sobre la petición de demolición de la obra; es decir una política de hechos consumados que tratara de eludir la acción de la justicia.

Pero desde la Plataforma ya se sabía lo que podía pasar y se actuó en consecuencia. Ahora se han remitido los informes y documentos que muestran el estado de las obras poco después de la sentencia que declaraba nulo de pleno derecho el decreto que las amparaba, publicada el 1 de marzp de 2010, como también, en su día, se le hizo llegar al Supremo la documentación que acreditaba que las partes implicadas conocían dicha sentencia. Por ello, las opciones pueden ser dos: que el ministerio se vea obligado a retirar las tuberías o que sean los propios agricultores quienes lo hagan, haciéndose cargo el ministerio de los costes que ello suponga. Eso es lo que la Plataforma ha expresado en sus alegaciones.