Legalizar las medidas adoptadas en el decreto de sequía (RD 1419/2005), no significa que el Supremo no ordene la demolición de la obra.

Analicemos cómo se ha pretendido el absurdo de legalizar las medidas para combatir la sequia en un momento en que no se produce tal circunstancia. En la pag. 130 del diario de sesiones (nº 92) de 8 de julio, el Senado introduce en el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados la disposición decimoquinta que convalida las actuaciones del decreto de sequía RD 1419/2005. Previamente había sido aprobada como enmienda adicional el 22 de junio con resutado de 130 fotos a favor, 1 en contra y 108 abstenciones. Posteriormente se remite al Congreso de los Diputados. El 14 de julio (pag. 33 del diario de sesiones) se debate en el Congreso el proyecto de ley de residuos con las enmiendas introducidas por el Senado. Se someten a votación las diferentes enmiendas y el grupo de enmiendas donde se encuentra la disposición decimoquinta se aprueba por 185 votos a favor 148 en contra y 7 abstenciones. En el debate no hubo alusiones al decreto 1419/2005, sobre el sentido de su incorporación en este proyecto de ley, de sus consecuencias, etc. Sólo se habló de lo que era objeto de la ley, los residuos y su tratamiento. Finalmente, el 26 de julio se aprueba el proyecto de ley. El día 29 se publica en el BOE.

La situación, según entendemos, pretende dar cobertura legal a las actuaciones emprendidas con la aprobación del decreto de sequía, que fueron muchas. Pero ello no debe ni tiene que afectar a las decisiones adoptadas por el Supremo, como la paralización definitiva del trasvase y, en su caso, la demolición de la obra. Ahora bien, la duda que nos queda es si ya cuentan para el futuro -una vez resuelva el Supremo sobre la demolición- cobertura legal para iniciar un nuevo proyecto de trasvase del río Castril. Estaremos atentos.

Una nueva ignominia se cierne sobre la vida del río Castril: el parlamento, a escondidas, legaliza el trasvase.

¡Increíble! Hoy aparece publicada en el BOE la ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. Hasta ahí, nada que objetar. Pero leyendo su articulado, nos encontramos en la disposición adicional decimoquinta lo siguiente:

Disposición adicional decimoquinta. Convalidación de actuaciones realizadas al amparo
del Real Decreto 1419/2005, de 25 de noviembre.
1. Se convalidan todas las obras y actuaciones relativas a la ordenación de los
recursos hídricos en las cuencas del Guadiana, Guadalquivir y Ebro, derivadas de la
ejecución del Real Decreto 1419/2005, de 25 de noviembre, declarado nulo por sentencia
del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2009.
Dichas actuaciones tendrán la consideración de emergencia a los efectos
prevenidos en el artículo 97 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del texto refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, las actuaciones
aprobadas al amparo del Real Decreto 1419/2005, de 25 de noviembre, cuyo régimen
jurídico se convalida por la presente disposición, llevan implícita la declaración de utilidad
pública, a los efectos de la ocupación temporal y expropiación forzosa de bienes y
derechos, así como la de urgente necesidad de la ocupación.

Es decir, que el decreto declarado nulo de pleno derecho por el Tribunal Supremo y que tras la petición de ejecución de sentencia por la Plataforma, ha obligado al ministerio a la paralización definitiva de las obras del trasvase, ahora pretenden legalizarlo a través de la ley de residuos y suelos contaminados, que no tiene nada que ver con la situación de sequía que dio lugar a la aprobación del decreto 1419/2005. Tendrá que valorarse desde un punto de vista jurídico; pero en principio esto parece un fraude aunque sea con la aprobación del parlamento. El Congreso y el Senado representan la soberanía popular, sí, pero siempre dentro del marco de la Constitución, con el respeto a los procedimientos constitucionalmente establecidos.

Analizaremos detenidamente el tema más adelante, pero está claro que quieren iniciar el proceso que permita que las obras del trasvase continúen y, además, por la vía de emergencia. No puede ser inmediato porque tienen que cumplir los requisitos y plazos que la ley contempla. Pero lo que una vez más se pone de manifiesto es que la clase política está compuesta de profesionales a los que sólo les interesa el poder y el dinero. Si ya no hay sequía, ¿a cuento de qué aprobar estas obras con carácter de emergencia? ¿Por qué aprobarlas mediante una ley que trata de otros temas? ¿Sabrán los parlamentarios lo que han aprobado?

¿A quiénes representan estos señores? Cada vez son más las voces en Castril y en Cortes que dicen no sentirse por ellos representados, que entienden la críticas del movimiento 15-M, que viven también la misma indignación que miles de personas en todas las ciudades del Estado expresan contra la clase política, contra el sistema. Una vez más, estamos con ellas.

La Plataforma pide al Supremo que ordene la demolición de las obras del trasvase, la retirada de las tuberías, por el ministerio de Medio Ambiente.

En el auto en el que el Tribunal Supremo ordenaba la paralización definitiva de las obras del trasvase también se instaba al ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino la remisión de un informe sobre el estado de las obras, antes de proceder a la petición formulada por la Plataforma por la Defensa del Río Castril de que se demoliera la obra.

El informe del ministerio de Medio Ambiente fue, por fin, enviado. Pero este informe ha sido hecho según el estado de las obras en la fecha en que el Supremo ordenó su paralización, como consecuencia de la petición de ejecución de sentencia realizada por la Plataforma, dado que las obras proseguían a pesar de haber sido declarado nulo de pleno derecho el decreto que las amparaba, el decreto 1419/2005. La sentencia del Supremo declarando nulo de pleno derecho el decreto 1419/2005 se produjo el 1-3-2010. Por tanto, es a partir de esa fecha desde cuando las obras se vienen ejecutando fuera de la ley y, en consecuencia, es a esa fecha a la que debe remitirse el informe solicitado. Esto es lo que ahora alega la Plataforma frente al Supremo antes de que decida sobre la petición de demolición de la obra.

A fecha de hoy, según el ministerio, la obra se encuentra ejecutada al 94 %. Esa información tampoco es la contrastada por nosotros, pues, entre otras cosas, en ella no se mencionan que aún no se han realizado los cruces en el río, tanto los de Cortes como los de Castril. Pero la realidad es muy diferente si tomamos como fecha el 1 de marzo, cuando el Supremo declaró nulo de pleno derecho el mencionado decreto que amparaba las obras. Entonces estas aún no se habían iniciado en el término de Cortes; en Castril quedaban pendientes la instalación de arquetas, ensamblaje de tuberías y la parte que todavía hoy queda pendiente en ambos municipios. Tampoco se había iniciado la estación de bombeo y otras partes de la obra en el término de Baza. Es decir, que en total se habián ejecutado poco más del 50 % de las obras.

Ahora se puede más fácilmente comprender, confirmando lo que ya sabíamos entonces, el porqué de las prisas del ministerio, de la Junta, y de la subdelegación de Gobierno por avanzar o terminar las obras cuanto antes. A todos se le advirtió que estaban operando fuera de la ley. No obstante, se empecinaron en acelerar las obras empleando una desproporcionada represión sobre el pueblo de Cortes, hasta situarlo en la práctica en un estado de sitio, frente a la legítima resistencia de familias agricultoras y personas defensoras del río Castril. Efectivamente, tras los desalojos y el envío masivo de multas, las obras avanzaron. Eso es lo que pretendían, avanzar a pesar de la ilegalidad de las mismas. ¿Para qué? Para generar este elemento de presión que pueda dificultar la decisión del Supremo sobre la petición de demolición de la obra; es decir una política de hechos consumados que tratara de eludir la acción de la justicia.

Pero desde la Plataforma ya se sabía lo que podía pasar y se actuó en consecuencia. Ahora se han remitido los informes y documentos que muestran el estado de las obras poco después de la sentencia que declaraba nulo de pleno derecho el decreto que las amparaba, publicada el 1 de marzp de 2010, como también, en su día, se le hizo llegar al Supremo la documentación que acreditaba que las partes implicadas conocían dicha sentencia. Por ello, las opciones pueden ser dos: que el ministerio se vea obligado a retirar las tuberías o que sean los propios agricultores quienes lo hagan, haciéndose cargo el ministerio de los costes que ello suponga. Eso es lo que la Plataforma ha expresado en sus alegaciones.

El problema de los vertidos al río podría quedar solucionado definitivamente en los próximos días.

Informábamos en la entrada del día 21 de junio que ya se había solucionado el vertido de aguas residuales que se producía a la entrada de la cerrada, y que se trabajaba en una solución definitiva a todos los vertidos que contaminan las aguas del río Castril.

Nos consta que en estos días se siguen arreglando las deficiencias en el sistema de recogida de residuos líquidos a los diferentes colectores, como de los dos pozos de bombeo existentes: uno en la cuesta Mª Alonso y otro enfrente del molino de Casildo. El situado en la cuesta Mª Alonso llevaba años sin funcionar, con los motores mal colocados, y el otro, trabajando a medio gas con un sólo motor de los dos que tiene.

Puestos en contacto con los actuales responsables del ayuntamiento, nos han asegurado que pronto podrán entrar en funcionamiento los dos pozos de bombeo y que, después de la primera toma de contacto con los servicios técnicos de la Diputación, han encontrado la adecuada disposición para que el buen funcionamiento de la depuradora de Castril sea pronto una realidad.

Con estas actuaciones y otras, como las alegaciones al borrador del plan hidrológico de la cuenca del Guadalquivir, observamos cómo la sensibilidad en temas medioambientales es bien diferente al de la corporación anterior. Ahora sí parece que la defensa del río Castril se encuentra en el centro de las preocupaciones del equipo de gobierno. Pero para que nuestra opinión pueda ser más asertiva y completa, el ayuntamiento tendría que tomar ciertas medidas preventivas con respecto a la central hidroeléctrica. Se trataría, en primer lugar, de paralizar las obras hasta tanto no dispongan de todos los permisos preceptivos. Entretanto, habría que crear la comisión negociadora con la CHG y la Agencia Andaluza del Agua para que, durante la fase de explotación, se garanticen en el futuro los caudales ecológicos así como que el pueblo de Castril pueda verse económicamente beneficiado de los explotación de la central.

Facturas, deudas reconocidas, opacas y sin pagador definido: la auditoría no puede demorarse.

Estos días hemos vivido cierta polémica a raíz de la denuncia de un responsable provincial del PP, electo en de la Diputación de Granada, sobre irregularidades detectadas en numerosos municipios de la provincia en los que se han efectuado cambios de gobierno. Entre ellas citaba las facturas impagadas encontradas en Castril. En concreto mencionaba una factura de 9.000 euros que, al parecer, se comprometió a pagar el Cento J. Saramago y que era debida a los gastos habidos con motivo de la boda de José Saramago y Pilar del Río celebrada en Castril. El dispendio o catering fue servido por una empresa hostelera y que llevaría sin cobrar desde que se celebró aquel evento en 2007.

Al día siguiente de publicarse la denuncia en medios provinciales, el gerente en funciones del Centro Saramago trató de desmentir dicha noticia. Pero en realidad, lo que hizo fue desmentir las inexactitudes ofrecidas por el representante provincial del PP. Porque lo cierto es que la deuda existía, y que ella se debe a un catering ofrecido en Castril con motivo de diversos actos que se celebraron ese día, entre ellos la en principio semisecreta boda de Saramago y Pilar del Río. Pero también fue la presentación de la cátedra J. Saramago de la Universidad de Granada. A tales actos acudieron invitados personalidades de la Universidad, Diputación –incluido su presidente, que es el mismo del Centro Saramago- además de representantes del mundo de la cultura. Finalmente, en el antiguo teatro, a dichas personalidades, familiares directos de José Saramago y representantes del ayuntamiento se les ofreció un catering.

¿Quién se hacía cargo del pago de aquel catering? Hace unas semanas supimos que existía esa deuda y nos pusimos en contacto con Pilar del Río. Sabemos que ella llamó al ex alcalde y gerente en funciones para pedirle que le enviaran la factura, pues ella se haría cargo con los gastos. No volvimos a saber nada más hasta las declaraciones del representante provincial del PP. Indagamos después y supimos que a Pilar del Río no le enviaron la factura y que el ex alcalde y gerente en funciones del Centro se excusó diciendo que el representante hostelero se encontraba de vacaciones. Evidentemente, esta deuda existe. No a nombre del ayuntamiento, ni del Centro ni tampoco de 9.000 euros. La deuda del cátering es de 4.800 euros y el entonces alcalde decidió que se guardara, estando desde entonces a su nombre. ¿Por qué el gerente, ahora en funciones, ha tenido tantos años esa deuda, sin comunicárselo a Pilar del Río y sin pagarla? ¿Por qué no hizo las gestiones para que se la enviaran, tal como ella le indicó? El resultado de esa arbitraria decisión, a nivel mediático, del gerente José Juan López, ha sido la de dejar empañada la imagen de J. Saramago y de Pilar. Para cualquiera que haya contextualizado, leído atentamente y comprendido los hechos denunciados, sin duda no es así. Pero no parece que sea esa la recepción de la noticia y la interpretación que de ella se está haciendo mayoritariamente.

Dejando de lado el hecho de que entre los beneficiarios se encontraban personalidades del mundo de la cultura y de la política, y que ello se planteara, en su momento, con la finalidad de promocionar el nombre de Castril, de lo que sí va quedando constancia es de cómo esa y otras iniciativas que el entonces alcalde intentó protagonizar en alguna medida, pretendían más bien su propia promoción política, ante su partido y la ciudadanía, que realmente la del pueblo de Castril o, si quiera, el reconocimiento y respeto a las personalidades convocadas al efecto.

Yendo más al fondo de los hechos denunciados, lo que nos encontramos es una gestión del Centro Saramago plena de irregularidades y, en lo que se sabe hasta ahora, plagada de deudas. Entendemos ahora la opacidad y ocultismo con la que el ex alcalde y gerente quiso dirigir el Centro. Nadie en el ayuntamiento sabe nada acerca de la gestión que se realizó. Pero sí de las muchas personas que reclaman deudas o facturas a su nombre. Aparecen deudas contraídas por suministro de gasoil, por utilización de taxis, por alquiler de locales, etc. Los trabajadores del vidrio, finalmente, cobraron porque se efectuaron las correspondientes denuncias. Ante esta situación, se impone una auditoría. Una auditoría que clarifique el estado de cuentas, el destino final de las subvenciones recibidas, la transparencia contable de lo recibido y pagado, la legalidad de lo actuado.

A fecha de hoy, nos tememos que había más interés en conservar una entidad jurídica opaca al control público, la fundación Centro Saramago, que algo que realmente sirviese para dinamizar la vida cultural y la actividad económica en el pueblo de Castril. Es decir, había más interés en el anterior alcalde en utilizar el nombre de Saramago para sus intereses personales que para irradiar una imagen positiva y beneficiosa para Castril. La nueva corporación debe y puede revertir ese proceso.

Los ayuntamientos de Castril y Cortes, la Plataforma y otras asociaciones presentarán alegaciones al PHG para impedir el trasvase del río a Baza.

Esta vez sí hay unidad de acción enrte los ayuntamientos de Castril y Cortes de Baza. Con los cambios producidos en el equipo de gobierno del ayuntamiento castrileño, la postura respecto al río ha cambiado radicalmente. Ahora sí hay una decidida defensa del río Castril. Atrás quedó la cesión de sus aguas a cambio de otras prebendas, que, por lo demás, se han mostrado que eran falsas.

El borrador del plan hidrológico de la cuenca del Guadalquivir (PHG) prevé que las aguas del pantano del Portillo sean aguas destinadas para abastecimiento a Baza. Es decir, que la CHG y la Agencia Andaluza del Agua continúan empeñados en el trasvase que el Supremo paralizó. Evidentemente, tratan de legalizarlo por otros derroteros. No sabemos hasta qué punto se podrá sostener jurídicamente la aprobación del PHG basándose en la encomienda del Gobierno a la Junta, tras la declaración de inconstitucional de la transferencia a la Junta de la gestión de la cuenca y, por tanto, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Pero, en cualquier caso, usuarios de la cuenca y partes interesadas están pronunciándose con numerosas alegaciones al borrador presentado por la CHG.

En lo que respecta al pantano del Portillo, sobre el río Castril, serán los dos ayuntamientos por los que íntegramente discurre el río quienes presentarán alegaciones. También la Plataforma por la Defensa del Río, Ecologistas en Acción y la Red Andaluza Nueva Cultura del Agua, entre otras, se han pronunciado porque las aguas del pantano no se utilicen para abastecimiento a Baza y que dicho pantano sea de regulación general. Asimismo se pide la declaración de reserva natural fluvial para el río Castril, de manera que sus aguas, caudales ecológicos, vegetación de ribera, su flora y fauna, no se vean nunca más amenazados por intereses especulativos y desarrollistas, como han sido los tres proyectos de trasvase intentados en los últimos 20 años.

Ayuntamiento de Castril y Centro Cultural: una desastrosa herencia que exige una auditoría

Lo que ha podido saberse hasta ahora del estado del ayuntamiento sólo puede describirse con una palabra: desastroso. En estos escasos días transcurridos desde la toma de posesión del nuevo equipo de gobierno , no hacen más que aparecer deudas, facturas dudosas, informes que no llegan, documentación que no aparece, etc. El Centro cultural J. Saramago sigue siendo un misterio: no hay o han desparecido lo libros de inventario, contabilidad, contratos… Ahora se sabe que, además, está endeudado; lo cual no nos sorprende del todo a la vista de los sueldos que de su presupuesto se cobraban.

Ante esta situación, teniendo en cuenta la falta de colaboración del ex alcalde y gerente en funciones del Centro y otras dificultades aparecidas, dos medidas son necesarias: la primera sería la realización de una auditoría que permitiera conocer el estado financiero y patrimonial del ayuntamiento y del Centro. En segundo lugar, sería conveniente que Diputación de Granada y Ayuntamiento de Castril (y la Universidad de Granada) designasen al nuevo gerente. Con esta medida, tomada con carácter inmediato, podrían facilitarse las tareas necesarias para llevar a cabo la auditoría y se evitarían la fuga de documentación y otros materiales, así como iniciar la elaboración de un plan de saneamiento que permitiera asegurar los pagos pendientes de estos años atrás. Todo ello al margen de las responsabilidades en las hayan podido incurrir quienes gestionaron estas instituciones.

El problema de realizar la auditoría es el precio de la misma. Si como se está sabiendo, el ayuntamiento está en una delicada situación financiera, al menos en lo que a liquidez se refiere, hacer frente a este nuevo gasto es algo complicado. Se tendrían que estudiar precios, posibilidades de financiación y condiciones de pago que la empresa ejecutora de la auditoría estaría dispuesta a aceptar. Difícil decisión, pero es una exigencia que no puede demorarse más.