Las iniciativas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Cortes de Baza, ACPES y la Plataforma, empiezan a dar sus frutos. En efecto, el caudal natural del río ha sido restituido. Pero la pregunta que surge ahora es: ¿quién se responsabilizará del daño hecho al río? Decenas de truchas yacen en las riberas, flora y fauna se han visto afectadas..Con la devolución de los caudales naturales, nuevos arrastres, esta vez del cemento que no se había secado, han ensombrecido la vida del río. ¿Pagará alguien por este atentado ecológico?
Las denuncias están en curso. El SEPRONA ha emitido los correspondientes informes y ahora deben responder las administraciones implicadas. La CHG por promover las obras y la reducción de caudal, la empresa por no solicitar los permisos correspondientes, el Ayuntamiento de Castril por permitirlo y mirar hacia otro lado cuando fue advertido.
La Junta de Andalucía tiene que actuar. Las obras están dentro del Conjunto Histórico Cultural de Castril y el paraje está considerado como Paisaje de Interés Singular por el plan de Protección del Medio Físico de la provincia de Granada. Por tanto, se tenían que haber hecho los estudios ambientales pertinentes y contar con las autorizaciones preceptivas.
Al margen de las denuncias ante los juzgados, la Fiscalía debería de actuar de oficio. No se puede cometer una agresión ambiental de estas características y al margen de la ley sin que la justicia intervenga. De una vez por todas tienen que darse cuenta que un río no es un canal que distribuye y desagua según convenga en cada momento. Su caudal no puede estar a merced de los intereses económicos o especulativos en juego. El río es un ecosistema vivo que alimenta la trama ecológica de la cuenca, desde el nacimiento hasta la desembocadura. El río Castril es uno de los pocos ríos vivos con que cuenta Andalucía y no podemos permitir que deje de serlo. Esa es nuestra responsabilidad.
Las denuncias están en curso. El SEPRONA ha emitido los correspondientes informes y ahora deben responder las administraciones implicadas. La CHG por promover las obras y la reducción de caudal, la empresa por no solicitar los permisos correspondientes, el Ayuntamiento de Castril por permitirlo y mirar hacia otro lado cuando fue advertido.
La Junta de Andalucía tiene que actuar. Las obras están dentro del Conjunto Histórico Cultural de Castril y el paraje está considerado como Paisaje de Interés Singular por el plan de Protección del Medio Físico de la provincia de Granada. Por tanto, se tenían que haber hecho los estudios ambientales pertinentes y contar con las autorizaciones preceptivas.
Al margen de las denuncias ante los juzgados, la Fiscalía debería de actuar de oficio. No se puede cometer una agresión ambiental de estas características y al margen de la ley sin que la justicia intervenga. De una vez por todas tienen que darse cuenta que un río no es un canal que distribuye y desagua según convenga en cada momento. Su caudal no puede estar a merced de los intereses económicos o especulativos en juego. El río es un ecosistema vivo que alimenta la trama ecológica de la cuenca, desde el nacimiento hasta la desembocadura. El río Castril es uno de los pocos ríos vivos con que cuenta Andalucía y no podemos permitir que deje de serlo. Esa es nuestra responsabilidad.