Tras las fiestas, se impone una realidad nada halagüeña. Los servicios sociales en la incertidumbre.

Una año más, y a pesar de la generalizada situación de crisis y empobrecimiento, tanto las familias castrileñas y los familiares que volvieron a pasar unos días desde las localidades donde se encuentran trabajando (o estudiando), como los visitantes que aprovecharon las fiestas para venir a Castril, disfrutaron como en otros años. Sin duda, para estos días de fiesta, una vez al año, se interrumpe el forzado estilo de vida ahorrativo que se prolonga a lo largo de todo el año. Lo que sí sucedió, es que al caer el día festivo de la “hispanidad” en sábado y no en viernes, como el año pasado, la afluencia de visitantes en ese primer día de toros fue menor, lo que se notó especialmente en los establecimientos hosteleros y en la verbena.

Pero finalizados estos días de diversión y relajamiento, la cruda realidad vuelve a hacer acto de presencia, obligándonos a repensarla y darle respuesta. Estos días, junto al debate sobre la nueva ley educativa, en la federación estatal de municipios se discute la reforma de la administración local que pretende el Gobierno. Una de las medidas que propone es la supresión de diversas competencias en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Entre estas destaca la transferencia a las diputaciones (u otras entidades estatales) de los servicios sociales que dependen de los ayuntamientos en la actualidad. Y este es uno de los temas que nos preocupa.

En muchas localidades de las gobernadas por PP y PSOE se ha procedido a privatizar los servicios de ayuda a domicilio, de manera que son empresas privadas las que lo gestionan. Hasta ahora en Castril, a pesar de las insinuaciones que han llegado desde la propia corporación municipal, no se ha planteado abiertamente. Y no parece que el alcalde esté ahora mismo por ello. Pero si eso puede ser una buena noticia para las familias beneficiarias (dependientes) y las trabajadoras de dichas ayudas, no lo es tanto si se centralizan los servicios en diputaciones u otras entidades estatales. Teniendo en cuenta que casi todas están gobernadas por fuerzas políticas que han apoyado en muchos municipios la privatización, la espada de Damocles se cierne sobre estos servicios.

¿Qué tiene de negativo que sea una empresa quien gestione los servicios? En principio, una empresa, como toda empresa, tiene como objetivo obtener unos beneficios de su actividad. Y esos beneficios tienen que salir de las aportaciones que para la dependencia otorga el Estado. Así, el salario (y jornada laboral) de las personas que trabajan podría verse disminuido por las plusvalías que la empresa necesita para proseguir su actividad. Además, la contratación de dichas trabajadoras no dependería de los criterios de contratación que rigen en las administraciones públicas, sino los propios de la empresa privada. Y como tal, se harán a voluntad de la empresa. ¿Pueden tener asegurado su trabajo quienes lo ejercen en la actualidad? Algunas podrán tenerlo (dependiendo de los "compromisos" de la empresa), pero no todas. ¿Y el salario? La experiencia nos muestra que los ayuntamientos, que reciben el dinero desde otras instituciones, pagan íntegramente los sueldos, aunque sean demasiado frecuentes los retrasos (a veces priorizan otros pagos con ese dinero desde la denominada “caja única”, lo que sin duda es una inadmisible irregularidad). Pero en el caso de las empresas privadas que gestionan los servicios, la cuestión es aún peor, prolongándose durante muchos meses el retraso, incluido el tener que reclamar ante diferentes administraciones o instancias judiciales para obligar a las empresas a cumplir con las obligaciones contraídas con las trabajadoras.

La privatización de los servicios de ayuda a domicilio, aparte de los comentados perjuicios sobre las trabajadoras, recaerá en última instancia en los propios usuarios, pues la contratación de las trabajadoras atendiendo a criterios económicos y la aparejada exigencia de productividad, siempre acabará repercutiendo en la calidad de la prestación (cuidados) que reciben.

Con esto hemos expuestos las razones por las que nos oponemos a la privatización de los servicios de ayuda a domicilio, bien porque sea el propio ayuntamiento quien lo decida, o bien porque pasen a depender de otras entidades estatales, como plantea la pretendida reforma de las administraciones locales, que procedan de dicha manera.