El agua para consumo humano es un derecho, no un impuesto para sufragar los gastos del ayuntamiento.

Hemos leído un bando publicado por el alcalde en el que se anuncian nuevas tarifas por consumo de agua. También sabemos que en el plan de ajuste se contemplaba que los gastos de gestión y mantenimiento del agua se equilibrasen con ingresos obtenidos por consumo. Bien, esa es una vía. Otra sería que los gastos corrieran a cargo de los ingresos ordinarios del ayuntamiento. Las dos pueden discutirse. A favor de la primera, está el argumento de que pague más quien más consume. A favor de la segunda, que independientemente del consumo, el mantenimiento y gestión viene a ser prácticamente el mismo, y que la pequeñas oscilaciones que puedan producirse (si no hay desviaciones ilegales)  dependen del número de miembros de la unidad familiar.

Hasta ahí, un debate que entra en términos de lo razonable. Pero lo que desde ningún punto de vista puede aceptarse, es que los ingresos obtenidos por consumo de agua sean superiores a lo que se necesita para la gestión y mantenimiento. Es decir, el agua no puede ser un instrumento de recaudación para sufragar gastos del ayuntamiento, sean de la índole que sean. Ni aquí ni en Pekín.

Pero esa pretensión sería aún más grave en una población como Castril, que tiene derechos históricos al consumo de agua del río sin que tenga que pagar por ello (salvo gestión y mantenimiento). Además, así está reconocido por sentencia judicial. Cualquier intento que pretenda ir más allá de lo que ya hemos dicho, del gasto necesario para garantizar la buena distribución del agua con la calidad adecuada, chocará con la firme oposición del pueblo. Y será la tumba política de sus promotores.

Hemos pretendido conocer con detalle qué planes hay, pero por ahora sólo sabemos la existencia de ese edicto indicando unos precios que entran dentro de lo razonable. Pero estamos a la espera de que se tome la decisión final: el acuerdo en sesión plenaria. Por último, también deberán aprobarse las ordenanzas donde queden fijados definitivamente los precios por consumo. 

Las movilizaciones contra los recortes en el sistema público de enseñanza, apenas tuvieron repercusión en Castril.

A pesar del alto grado de consenso existente en la comunidad educativa acerca de la defensa del sistema público de enseñanza, a pesar del pronunciamiento en contra de los recortes presupuestarios que tanto el Gobierno como la Junta de Andalucía están acometiendo, la huelga convocada por sindicatos, asociaciones de padres y madres y, también, de estudiantes, para el día de ayer, pasó prácticamente desapercibida en la localidad.

Algunas familias decidieron no llevar a los niños/as al colegio y algún profesor se puso en huelga, pero la esperada  masiva respuesta de los maestros y maestras no se produjo. Algo extraño dada la cantidad de interinos/as existentes en Castril y que se verán especialmente afectados/as por los recortes. Todos los profesionales verán mermados sus salarios, incrementado su horario lectivo y aumentado el ratio profesor/alumno. Pero en el caso de los interinos/as, la reducción salarial será mayor como consecuencia de la reducción de su jornada laboral. Además el porcentaje de contratación para el próximo curso será menor, por lo que algunos enseñantes se verán en el paro.

Respecto a lo que afecta al alumnado y a las familias, habrá una disminución de la calidad de la enseñanza como consecuencia de la masificación de las aulas. Pero además, los recortes también afectarán a las tasas de matrícula, que se incrementarán, y a las becas, que disminuirán en número y se endurecerán las condiciones para acceder a ellas. Otros programas podrán verse afectados, como la gratuidad de los libros o los ordenadores para el alumnado. Aún quedan por perfilar los detalles y que se aprueben las leyes y decretos que las desarrollan. Pero si no hay marcha atrás, a eso se apunta .

El Tribunal Constitucional admite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo a la disposición XV de la ley de Residuos Sólidos que trataba de legalizar el trasvase del río Castril.

El Tribunal Constitucional ha admitido la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo contra la disposición XV de la ley de Residuos Sólidos y Suelos Contaminados. Como se recordará, con esta disposición se trataba de legalizar las medidas contempladas en el RD 1419/2005 (más conocido como decreto de la sequía) que el Supremo había declarado nulo de pleno derecho. Entre las medidas que a su amparo se aprobaron figuraba el trasvase del río Castril. La Plataforma pidió en incidente de ejecución de sentencia la paralización de las obras del trasvase al propio Tribunal Supremo.

El Supremo resolvió favorablemente dicha petición hasta en dos ocasiones; sin posibilidad de más recursos en la última. Pero el Gobierno, a través del grupo parlamanterio del PSOE, encontró un ardid para burlar la sentencia y el auto del Supremo que ordenaba la paralización. Durante la tramitación en el Senado de la ley de Residuos Sólidos y Suelos Contaminados (ley 22/2011), el grupo parlamentario del PSOE introdujo, sorpresivamente y sin debate, una disposición, la XV, que trataba de legalizar las medidas contempladas en el decreto declarado nulo por el Supremo y, por tanto, darle cobertura legal a las obras del trasvase y poder eludir la paralización ordenada por el Supremo.

La Plataforma por la Defensa del Río Castril interesó al Supremo para que planteara la cuestión de inconstitucionalidad. El Supremo entendió que, en efecto, había sólidas y fundadas razones para sostener la  transgresión de varios artículos de la Constitución con la aprobación de la disposición XV (véase entrada del 18-2-12). En concreto se podrían haber vulnerado los artículos 24.1, 9.3 y 33.3. Finalmente, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad suspendiendo, además, todas las actuaciones del procedimiento.

Aún queda pendiente de resolver las otras peticiones al Supremo, cuales son la demolición de la obra (retirada de los tubos), restitución del medio e indemnización a las partes afectadas. Y por el lado extrajudicial, también se está a la espera que los responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir  y del ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino abran las negociaciones pertinentes para estudiar la propuesta del proyecto alternativo. Es decir, la captación de las aguas desde a desembocadura en el embalse del Negratín.

Para más información de la resolución del Supremo, véanse los enlaces:

http://loquepasaencastril.blogspot.com.es/2012/02/el-supremo-sostiene-que-la-disposicion.html

http://loquepasaencastril.blogspot.com.es/2012/02/el-supremo-plantea-cuestion-de.html

Se celebró un pleno extraordinario para aprobar el plan de pago a proveedores. NC, PP y PSOE votan a favor, GIC se abstiene e IU vota en contra.

Este pleno extraordinario tenía como único punto del orden del día la aprobación del plan de pago a proveedores, una vez que ya había sido aprobado en el pleno anterior el plan de ajuste obligatorio para ahora poder acceder a la operación de crédito. Esta operación de crédito permitirá el pago de las deudas a proveedores reconocidas por el ayuntamiento. No hubo apenas debate dado el acuerdo existente entre la mayoría. Pero sí intervino, para expresar el porqué votaba en contra, la concejal de IU Alicia López. En su intervención, Alicia, no negó el derecho de los proveedores a cobrar su deuda, pero añadió que el ayuntamiento no podía admitir sin realizar ningún estudio el más de un millón de euros que se reclaman. Eso supondría dar el visto bueno a la gestión despilfarradora del anterior alcalde y que lo que se tendría que hacer es un análisis de esa deuda y valorar su legitimidad, pues algunas parecían estar injustificadamente abultadas, antes de proceder a los pagos. Para ello bien podrían utilizarse otros instrumentos diferentes al plan propuesto. La concejal del GIC, Isabel Iruela, se abstuvo en la votación.

Como es obvio, el anterior alcalde y su grupo votaron a favor conjuntamente con el grupo del alcalde, Nuevo Castril, y el PP. Al fin y al cabo, ahora todos los esfuerzos del ayuntamiento se dirigirán al pago de una deuda que él, el anterior alcalde, en sus delirios de grandeza,  generó y que en buena medida son gastos suntuarios, superfluos y que no responden a las necesidades del pueblo. Sin embargo, ahora, todos los vecinos/as serán corresponsables del esfuerzo presupuestario para pagar esas deudas.

Nuevamente se han producido disensiones en el equipo de gobierno. Esto es indicativo de que la inestabilidad de la que hace unos días hablábamos, aún no se ha resuelto. Sigue sin haber el nivel de diálogo y consenso necesario antes de adoptar las decisiones, y eso, en momentos en  que hay que tomar decisiones difíciles respecto a los reajustes del gasto, va en detrimento de la gestión y de la estabilidad. No pinta bien la situación.

Las medidas del Gobierno supondrán más empobrecimiento para nuestra comarca. Con los recortes en servicios básicos aumentarán las dificultades de las familias castrileñas

Las medidas aprobadas por el Gobierno han profundizado la senda abierta por el anterior. Como estamos viendo, tanto PSOE como PP se han puesto al servicio de los mercados financieros y de las instituciones europeas que exigen políticas de ajuste con el objetivo de reducir el déficit. Para ello, antes como ahora, reducen el gasto público, el que se emplea en sostener servicios básicos y del que se benefician las clases trabajadoras. Aumentaron la edad de jubilación y redujeron las pensiones; el año pasado disminuyeron el sueldo de los funcionarios y ahora lo congelan (aunque con el aumento del IRPF es una reducción). Hicieron dos reformas laborales para abaratar y dar facilidades al despido de trabajadores/as; en consecuencia, el paro aumenta acercándose a la cifra de 6 millones de desempleados/as. Reducen el dinero que se emplea en políticas activas de empleo, como las escuelas taller. Pero también a la Educación, a la Sanidad y las ayudas a la dependencia les afectan los recortes. En fin, estas y otras medidas tendrán sus repercusiones en Castril y comarca.

Si nadie lo evita, si con las protestas y movilizaciones no se impide, el menor número de maestros/as y profesores, más el  aumento de alumnos/as por aula, supondrá que el año que viene habrá grupos de niños que tendrán que fusionarse, mermando la calidad de la enseñanza que reciben. También se han anunciado recortes en transporte escolar y de comedor. Y si ya es todo un sacrificio tener hijos/as estudiando fuera, ahora tendremos que añadirle el aumento de matrículas universitarias, la disminución de becas y el endurecimiento de los requisitos para mantenerlas. Por otro lado, también nos encontraremos con algún maestro/a o profesor/as de Castril que trabaja de interino/a que tendrá que volver con los padres al quedarse sin trabajo.

Respecto a la Sanidad, no parece que a Castril puedan afectarle los recortes en lo que se refiere a personal en el Centro de Salud. Pero habrá que ir viendo si se cubren las sustituciones. Lo que sí nos tememos es que algunas personas de Castril que realizan sustituciones en centros sanitarios puedan tener más dificultades para conseguir contratos. La capacidad adquisitiva de todos los empleados/as en el sector público, sean la enseñanza o los ayuntamientos, la sanidad o la Junta, será menor. También quienes trabajan en las ayudas a la dependencia, cuyo número podrá verse reducido. En cuanto a los beneficiarios de estas ayudas, los solicitantes del grado 1 lo tendrán ahora más complicado.

El ayuntamiento, además del plan de ajuste, por el cual tendrá que reducir gastos y desembolsar importante sumas para pago a proveedores, recibirá del Estado menos dinero. En concreto perderá el IBI del pantano del Portillo, que tendría que pagar la CHG y cuyos efectos, si no se remedia, podrían en peligro de quiebra técnica a la propia corporación.

El empobrecimiento generalizado y el desempleo, además, tendrá repercusiones en el consumo, viéndose afectados los comercios y servicios hosteleros. Tampoco se podrá contar con los ingresos temporales que producen las políticas activas de empleo para el alumnado de ellas, ni las posibilidades que podrían abrirse en el futuro con un buen diseño comarcal de ellas, relacionándolas con potenciales actividades generadoras de empleo como la agricultura ecológica, ganadería ecológica, el turismo rural y de naturaleza, etc.. Mal panorama para una ya de por sí comarca económicamente deprimida.

La pregunta que podemos hacernos es si, como dice el Gobierno y la Unión Europa, eso es lo único que se puede hacer o si, en lugar de seguir ese camino y sufrir sus consecuencias tan lesivas para el bienestar, hay otras alternativas. Pues lo primero que nos sorprende es ver que en ese mismo Presupuesto se contempla pagar una cifra aún más alta que la del recorte hecho; en concreto 28.848 millones de euros, en concepto de intereses a los financiadores privados de la deuda. Si en la Unión Europea hubiese un auténtico banco central, éste hubiera financiado al 0% al Estado español (aunque no hubiera sido a cambio de nada sino imponiendo cualquier condición que se hubiera estimado conveniente para evitar esa deuda en el futuro), de modo que no habría que pagar esos intereses ni, por tanto, realizar el recorte de gasto.

Como dice el catedrático de economía Juan Torres: “Dicen que hay que recortar gastos sociales porque vivimos por encima de nuestra posibilidades, porque no hay recursos… y resulta que se recortan porque hay que pagar los intereses que cobran los bancos privados por llevar a cabo una financiación que podría realizar mucho más livianamente el Banco Central Europeo… Se preguntarán entonces que por qué no hace eso el Banco Central Europeo y la respuesta es igualmente fácil. En los Tratados europeos y en sus estatutos se estableció que le está prohibido que financie a los gobiernos, con el único propósito de facilitar así el negocio de los bancos privados. A estos les da todo el dinero que le piden al 1% y con esa liquidez compran la deuda de los estados al 6%, al 7%, al 10% o a mucho más como ha ocurrido con Grecia en algún momento. Negocio redondo. Y, además, doble negocio redondo porque al recortar gastos públicos en educación, sanidad, pensiones, atención a la dependencia, etc. los servicios se deterioran y se fomenta su provisión mediante negocios privados. Beneficios para los de arriba, menos ingresos y peores condiciones de vida para los de abajo” (ATTAC, Andalucía).

También nos podemos preguntar por qué no se persigue el fraude fiscal. Lejos de pretender la recaudación de ese dinero, que según la asociación de subinspectores de hacienda asciende a más de 60.000 millones de euros cada año, muy superior al recorte efectuado, lo que el Gobierno ha hecho ha sido establecer una amnistía fiscal a los que hasta ahora han venido defraudando. Es decir, que le perdonan lo que tenía que haber pagado, cantidad que hubiera evitado ese recorte en el gasto público y las consabidas consecuencias de deterioro para nuestro bienestar. Esto sólo puede entenderse si nos percatamos de los intereses que comparten ese pequeño sector de la población que ostenta el poder financiero y el poder político.

¿Ha funcionado en Castril un fondo de reptiles?

Finalmente no se han llegado a hacer ninguna de las auditorías que se reclamaban, tanto para el ayuntamiento como para el Centro Saramago. Por ahora, lo realizado en el ayuntamiento ha sido una clarificación y reconocimiento de las deudas existentes, exigencia previa antes de remitirlas al Gobierno para  que puedan ser aceptadas en el plan de pago a proveedores establecido por él.  Han quedado algunas de ellas sin reconocer por no cumplir los requisitos y, de otras, se está a la espera de lo que decidan los tribunales, pues allí se encuentran recurridas.

Respecto al  Centro Saramago, se va avanzando lentamente. Se va sabiendo algo de las subvenciones que se recibieron. También de los gastos en que se incurrieron. Llama la atención la existencia de deudas a proveedores, largamente reclamadas, al tiempo que se incurría en gastos dudosos y de correspondencia  difícilmente verificable y, por tanto, sospechosa. Esto nos lleva a pensar si los presupuestos, la financiación  y subvenciones, recibidas en el Centro durante los últimos años, no habrían funcionado como los fondos ERE; los fondos para empresas en regulación de empleo que la Junta ha estado administrando y que, hoy, se encuentran investigados en los juzgados. Y uno de sus responsables, el ex consejero de trabajo, en la cárcel. Tendremos que esperar a que termine la investigación antes de sacar conclusiones, pero los indicios y la inexistencia de libros de contabilidad parecen apuntar a una gestión plagada de irregularidades.