Las medidas del Gobierno supondrán más empobrecimiento para nuestra comarca. Con los recortes en servicios básicos aumentarán las dificultades de las familias castrileñas

Las medidas aprobadas por el Gobierno han profundizado la senda abierta por el anterior. Como estamos viendo, tanto PSOE como PP se han puesto al servicio de los mercados financieros y de las instituciones europeas que exigen políticas de ajuste con el objetivo de reducir el déficit. Para ello, antes como ahora, reducen el gasto público, el que se emplea en sostener servicios básicos y del que se benefician las clases trabajadoras. Aumentaron la edad de jubilación y redujeron las pensiones; el año pasado disminuyeron el sueldo de los funcionarios y ahora lo congelan (aunque con el aumento del IRPF es una reducción). Hicieron dos reformas laborales para abaratar y dar facilidades al despido de trabajadores/as; en consecuencia, el paro aumenta acercándose a la cifra de 6 millones de desempleados/as. Reducen el dinero que se emplea en políticas activas de empleo, como las escuelas taller. Pero también a la Educación, a la Sanidad y las ayudas a la dependencia les afectan los recortes. En fin, estas y otras medidas tendrán sus repercusiones en Castril y comarca.

Si nadie lo evita, si con las protestas y movilizaciones no se impide, el menor número de maestros/as y profesores, más el  aumento de alumnos/as por aula, supondrá que el año que viene habrá grupos de niños que tendrán que fusionarse, mermando la calidad de la enseñanza que reciben. También se han anunciado recortes en transporte escolar y de comedor. Y si ya es todo un sacrificio tener hijos/as estudiando fuera, ahora tendremos que añadirle el aumento de matrículas universitarias, la disminución de becas y el endurecimiento de los requisitos para mantenerlas. Por otro lado, también nos encontraremos con algún maestro/a o profesor/as de Castril que trabaja de interino/a que tendrá que volver con los padres al quedarse sin trabajo.

Respecto a la Sanidad, no parece que a Castril puedan afectarle los recortes en lo que se refiere a personal en el Centro de Salud. Pero habrá que ir viendo si se cubren las sustituciones. Lo que sí nos tememos es que algunas personas de Castril que realizan sustituciones en centros sanitarios puedan tener más dificultades para conseguir contratos. La capacidad adquisitiva de todos los empleados/as en el sector público, sean la enseñanza o los ayuntamientos, la sanidad o la Junta, será menor. También quienes trabajan en las ayudas a la dependencia, cuyo número podrá verse reducido. En cuanto a los beneficiarios de estas ayudas, los solicitantes del grado 1 lo tendrán ahora más complicado.

El ayuntamiento, además del plan de ajuste, por el cual tendrá que reducir gastos y desembolsar importante sumas para pago a proveedores, recibirá del Estado menos dinero. En concreto perderá el IBI del pantano del Portillo, que tendría que pagar la CHG y cuyos efectos, si no se remedia, podrían en peligro de quiebra técnica a la propia corporación.

El empobrecimiento generalizado y el desempleo, además, tendrá repercusiones en el consumo, viéndose afectados los comercios y servicios hosteleros. Tampoco se podrá contar con los ingresos temporales que producen las políticas activas de empleo para el alumnado de ellas, ni las posibilidades que podrían abrirse en el futuro con un buen diseño comarcal de ellas, relacionándolas con potenciales actividades generadoras de empleo como la agricultura ecológica, ganadería ecológica, el turismo rural y de naturaleza, etc.. Mal panorama para una ya de por sí comarca económicamente deprimida.

La pregunta que podemos hacernos es si, como dice el Gobierno y la Unión Europa, eso es lo único que se puede hacer o si, en lugar de seguir ese camino y sufrir sus consecuencias tan lesivas para el bienestar, hay otras alternativas. Pues lo primero que nos sorprende es ver que en ese mismo Presupuesto se contempla pagar una cifra aún más alta que la del recorte hecho; en concreto 28.848 millones de euros, en concepto de intereses a los financiadores privados de la deuda. Si en la Unión Europea hubiese un auténtico banco central, éste hubiera financiado al 0% al Estado español (aunque no hubiera sido a cambio de nada sino imponiendo cualquier condición que se hubiera estimado conveniente para evitar esa deuda en el futuro), de modo que no habría que pagar esos intereses ni, por tanto, realizar el recorte de gasto.

Como dice el catedrático de economía Juan Torres: “Dicen que hay que recortar gastos sociales porque vivimos por encima de nuestra posibilidades, porque no hay recursos… y resulta que se recortan porque hay que pagar los intereses que cobran los bancos privados por llevar a cabo una financiación que podría realizar mucho más livianamente el Banco Central Europeo… Se preguntarán entonces que por qué no hace eso el Banco Central Europeo y la respuesta es igualmente fácil. En los Tratados europeos y en sus estatutos se estableció que le está prohibido que financie a los gobiernos, con el único propósito de facilitar así el negocio de los bancos privados. A estos les da todo el dinero que le piden al 1% y con esa liquidez compran la deuda de los estados al 6%, al 7%, al 10% o a mucho más como ha ocurrido con Grecia en algún momento. Negocio redondo. Y, además, doble negocio redondo porque al recortar gastos públicos en educación, sanidad, pensiones, atención a la dependencia, etc. los servicios se deterioran y se fomenta su provisión mediante negocios privados. Beneficios para los de arriba, menos ingresos y peores condiciones de vida para los de abajo” (ATTAC, Andalucía).

También nos podemos preguntar por qué no se persigue el fraude fiscal. Lejos de pretender la recaudación de ese dinero, que según la asociación de subinspectores de hacienda asciende a más de 60.000 millones de euros cada año, muy superior al recorte efectuado, lo que el Gobierno ha hecho ha sido establecer una amnistía fiscal a los que hasta ahora han venido defraudando. Es decir, que le perdonan lo que tenía que haber pagado, cantidad que hubiera evitado ese recorte en el gasto público y las consabidas consecuencias de deterioro para nuestro bienestar. Esto sólo puede entenderse si nos percatamos de los intereses que comparten ese pequeño sector de la población que ostenta el poder financiero y el poder político.