El alcalde de Castril y la delegada de Educación convocan un acto propagandístico para anunciar que alguna vez se construirá el colegio.

Sabíamos que el prometido colegio no se iniciaría –contra lo prometido tantas veces- cuando terminara el presente curso escolar. El acuerdo de la Diputación con la consejería de Educación excluía a Castril de entre los municipios que se verían beneficiados para la construcción o reforma de sus instalaciones escolares. Pero entonces, ¿a qué vinieron? Ya decíamos en la entrada anterior que los alcaldes y delegados/as de la Junta utilizarían cualquier excusa para vender imagen antes de que por ley no puedan hacerlo. Así está siendo en muchos pueblos de la comarca y continuará hasta el día 29 de este mes. El esperpento es tal, que llegan a inaugurar obras en las que aún tienen pendientes de finalizar un 15 % de ellas.

Esta vez la excusa ha sido la presentación del proyecto del nuevo colegio. El anteproyecto estaba expuesto en el colegio, por lo que se conocía lo esencial. Pero, ¿significa ello que van a comenzar las obras? Esa pregunta les fue formulada por una asistente al acto de propaganda. Respondieron que no podían decir la fecha, pero que se construiría dentro del año natural. No dirían la fecha porque luego podrían ser criticados ante posibles incumplimientos. Estos políticos son como niños: “lo sé, pero no te lo digo”.

Aclaremos lo siguiente. Una vez que se ha aprobado el proyecto, tiene que iniciarse el expediente de contratación para su ejecución. Si ha sido así, en dicho expediente, en sus cláusulas de contratación tienen que venir la fecha de inicio de las obras y la fecha aproximada para su terminación. Y ese documento es público. Por tanto, esos datos no pueden ser ocultados, salvo que no se haya iniciado el expediente. En ese caso, no hay nada de nada. Sólo la misma vaga promesa de siempre. No obstante, la AMPA se ha dirigido tanto al ayuntamiento como a la delegación para que les sea remitido el expediente. Nosotros ya lo adelantamos: no le remitirán nada, porque no hay expediente iniciado. Pero en fin, antes del 22 de mayo, fecha de las elecciones municipales, no sería de extrañar que el alcalde saliera diciendo que el colegio no se puede construir por culpa de los ecologistas. Ya lo conocemos.

Esta impresentable clase política utiliza cualquier excusa para aparecer públicamente antes del día 28. Después está prohibibido por la ley electoral.

¿Qué sucede para que en las obras del ayuntamiento de Castril se trabaje con una celeridad inaudita? La respuesta la podemos encontrar en la convocatoria de elecciones municipales. A partir de la fecha de convocatoria, el 28 de marzo, la ley electoral prohíbe todo tipo de propaganda electoral, y ello incluye aquellos actos institucionales de las administraciones que no son más que puro autobombo, como las inauguraciones, presentaciones, anuncios, etc. ¿Cómo lo han solucionado los alcaldes y responsables provinciales de la junta? Acelerando la terminación de algunas obras o partes de ellas y presentarlas públicamente antes del 28 de marzo. Lo han hecho en pueblos de la comarca y sospechamos que eso es lo que harán con la remoción del consistorio castrileño. También anunciando nuevamente obras que estaban previstas desde hace años, como los kms. de carretera pendientes de arreglar hasta el cruce con la de Cortes-Benamaurel, pero que ahora, dicen, son ya inminentes. ¿Por qué, si se aprobaron en el plan cuatrienal de 2008, han esperado hasta ahora? ¿Por qué esperar a la proximidad de las elecciones y no haber evitado los accidentes, averías e incomodidades que genera su mal estado? O, rizando el rizo, volviendo a presentar proyectos, como el del colegio (a ver qué dicen nuevo la delegada de Educación y el alcalde). En fin, todo sea por figurar y vender imagen.

Decididamente, estos profesionales de la política han perdido el sentido del ridículo. Pero aún irán más lejos. También en Castril. Pronto veremos cómo tratarán de burlar la ley con actividades seguidas fielmente por serviles periodistas orgánicos. Pero algunos estaremos atentos. Que lo sepan, desde el alcalde hasta la senadora, pasando por el delegado provincial. Luego, que decida la Junta Electoral. Más tarde, el pueblo hablará.

La Junta hace aguas en Castril: el trasvase, la central hidroeléctrica, nuevos regadíos. El Constitucional le niega competencias sobre la CHG.

El pasado día tres de febrero, el tribunal Supremo ordenó la inmediata paralización de las obras del trasvase del río Castril a Baza. Lo hizo porque estas obras estaban amparadas en un decreto gubernamental declarado nulo de pleno derecho, el RD 14119/2005, por el propio tribunal. La publicación en BOE se hizo con fecha de 1 de marzo de 2010. Desde entonces, y a pesar de estar advertidos, las obras prosiguieron tratando de ejecutar el máximo de ellas, con los antidisturbios tomando la población de Cortes impidiendo las movilizaciones ciudadanas. Ello sucedió antes de que una nueva decisión judicial frenara sus ilegales y especulativos planes sobre el río Castril. Un día después del auto del Supremo ordenando la paralización, las máquinas iniciaron su retirada.

La obcecación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) contó con el beneplácito de la Agencia Andaluza del Agua, de la delegación de Medio Ambiente y del ministerio de Medio Ambiente. La Junta, que tiene las competencias en protección ambiental, eludió responsabilidades derivándolas al ministerio. Desde el ministerio (las obras se aprobaron dependiendo la CHG del ministerio, antes de ser transferido a la Junta) alegaban contar con el visto bueno de la Junta. Ignoraron las irregularidades y carencia de cobertura legal del trasvase por plegarse a intereses economicistas y para enmendar viejos errores debidos a la mirada estrecha y desarrollista de antiguos responsables de la CHG, que les llevó a la construcción del pantano del Portillo y a transnochados planes para unir pantanos, con vistas a la puesta en regadío de las comarcas de Huéscar-Baza. La incompetencia política mostrada por los responsables que heredaron esa situación es más que manifiesta.

La CHG nunca ha tenido los directivos que hicieran de este organismo regulador de las aguas del Guadalquivir un modelo de gestión planificada desde la sostenibilidad, con transparencia e imparcialidad. Nunca hemos visto esos directivos competentes y nunca hemos visto esa deseada gestión. Pero desde que se transfirieron las competencias a la Junta de Andalucía, pasando a depender de la Agencia Andaluza del Agua, la ineficacia, falta de transparencia, enchufismo, arbitrariedad, fraude y presunta corrupción han presidido sus actuaciones. Algunos directivos están imputados de delitos contra el Medio Ambiente, y otros lo estarán próximamente. En el juzgado de Huéscar se tramita la denuncia por la muerte de truchas ocasionadas por la reducción de caudal en el río con motivo de las obras en el embovedado. Por otro lado, el gerente de la Agencia tendrá que dar explicaciones sobre la ocultación y tergiversación en la información requerida para las obras del trasvase del río Castril. También tendrá que responder del porqué continúan las obras de la central hidroeléctrica dentro del conjunto Histórico de Castril sin los preceptivos permisos y estando advertidos de ello. Las causas están abiertas y veremos qué sucede en el futuro. Otras nuevas denuncias irán abriéndose paso para exigir responsabilidades y limpiar la Agencia Andaluza del Agua y la CHG, convertidas en Granada en una particular cortijada del PSOE, donadora de favores a los amigos políticos que tienen intereses en la explotación de recursos hidráulicos en la provincia.

Pero la irresponsabilidad, incompetencia y maquiavelismo ejercitados desde la Agencia va más lejos. Llevan años engañando y desviando la atención sobre la aprobación de los nuevos regadíos en Castril. Con la complicidad del alcalde de Castril han venido utilizando la concesión y aprobación del proyecto con exclusivos intereses electorales y/o para desactivar las movilizaciones contra el trasvase. En realidad, no sabemos si hay voluntad real de aprobar esos regadíos. La última vez que denegaron la aprobación del proyecto de nuevos regadíos lo hicieron autoinculpándose de errores (véase entrada del 29-10-10) en la tramitación y exposición pública del proyecto. La tarea pendiente aquí es grande, pero no parece que, mientras los gestores políticos sean los actuales, pueda solucionarse definitivamente.

Ante tanta ignominia, que directamente nos afecta al pueblo de Castril en temas delicados y de vital importancia para el pueblo, la noticia del Constitucional anulando el art. 51 del Estatuto de Andalucía, que otorgaba la gestión de la CHG a la Junta, y que obliga a la devolución o traspaso de competencias de la CHG al ministerio de Medio Ambiente, las reacciones han sido diversas y encontradas.

Recibida la noticia, lo primero e inmediato que dijimos: ¡se les acabó el cortijo! Los jefecillos de la Agencia Andaluza del Agua ya no podrán seguir mangoneando. Nos vinieron a la cabeza los pozos ilegales, las responsabilidades de M. Quirante (exsecretario de aguas del PSOE) y J. Alcón en el pozo de la fuente de S. Juan, en la información que se nos ha ocultado o que pudiera estar manipulada, en las risas falsas e hipócritas de personajes que se mueven ufanos por los despachos, con la seguridad de que pronto se verán repletos de amigos/as de su partido o de atemorizados jóvenes mileuristas con contratos en precario. Pensamos en cómo afectaría al proyecto de reforma de las administraciones públicas de la Junta de Andalucía y en cómo buena parte de sus planes han quedado chafados.

Pero más tarde, en un análisis tranquilo y sosegado, sin negar los beneficios de su devolución al ministerio, la reflexión nos condujo en otra dirección. Veamos:

Los criterios con los que se construye un Estado y las unidades político-administrativas que lo configuran tienen que ver con procesos históricos y con los intereses económicos, políticos e ideológicos de los grupos sociales que han dirigido esos procesos. Esas circunstancias hacen que en ocasiones frecuentes, las unidades políticos-administrativas o los propios Estados tengan poco que ver con las ecorregiones en las que los pueblos se asentaron. Evidentemente, se han producido aberraciones como los Estados construidos en África por el colonialismo, en donde los intereses se midieron con escuadra y cartabón. Pero no nos vamos a referir a ello. Pensamos en Andalucía. El río Guadalquivir, su cuenca, es el gran eje vertebrador de las tierras sobre la que el pueblo andaluz se ha forjado a lo largo de la historia, con una identidad que ha pujado por ser reconocida con desigual respuesta en momentos históricos diferentes (véase también entrada del 28-02-11). Si aceptamos esa realidad, hoy nos resulta difícil entender que el río Guadalquivir, que su cuenca y sus aguas, no puedan ser gestionadas para seguir alimentando y dando vida a lo que ha sido patrimonio natural del pueblo andaluz. Pero lo cierto es que, en la actualidad, partes mínimas de la cuenca hidrográfica pertenecen a territorios de otras comunidades. Podemos no comprender por qué ello ha sido así; pero lo es.

A partir de ahí, tampoco podemos asumir que desde Andalucía no pueda gestionarse el agua de la cuenca por más nefastos que sean los gestores que de ella se han hecho cargo en los últimos años. La disyuntiva que se nos presenta podríamos visualizarla con la weberiana distinción entre la ética de la convicción (actuar de acuerdo a principios) y ética de la responsabilidad (poner el énfasis en las consecuencias previsibles) que ha estado presente en tantas decisiones políticas. Como se rememoró el pasado 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, cuando se debatieron en los inicios de la II República el derecho a voto de la mujer, también hubo muchas voces que aunque en principio asumían el derecho al sufragio universal, se inclinaron por negar el voto femenino por las consecuencias políticas que podría suponer (y así sucedió). Sin embargo, hoy no negamos que aquello fue un hecho histórico y la restitución de un derecho inalienable. ¿Nos encontramos en una situación parecida con la gestión de la cuenca del Guadalquivir? En nuestra opinión, entendiendo a quienes apuestan por la responsabilidad, y en ese sentido he leído declaraciones de compañeros/as ecologistas, la gestión no puede dejar de ser andaluza. En la situación actual habrá que crear figuras de cogestión con participación de las comunidades (Extremadura, Castilla-la Mancha y Murcia) con áreas integradas en la cuenca del Guadalquivir. La forma jurídica y su engranaje constitucional tendrá que estudiarse. Pero sobre todo, hay que salvar que las decisiones sobre el río Guadalquivir no sean tomadas a las espaldas del pueblo andaluz. Sus dirigentes políticos merecerán nuestra reprobación, pero son efímeros. El pueblo y su río, no. Por ello, pensamos, debemos dejar abierta una ventana a la esperanza.

Las carreteras empeoran, el colegio no se construirá, el agua que bebemos sigue siendo vomitiva. ¿Y el alcalde? Difamando, que algo queda.

Esa es la realidad. Llegan las elecciones y los partidos gobernantes se lanzan a la desesperada a vender imagen. El alcalde de Castril, como no iba a ser menos, aprovecha la servil disposición de periodistas al servicio de su partido para, de una parte, correr un tupido velo sobre los fracasos en proyectos con los que había cimentado buena parte de la legislatura que termina y, de otra, magnificar aquellos otros que se corresponden con la ineludible gestión municipal de los presupuestos y las subvenciones recibidas como sucede en cualquier municipio, sea del color político que sea.

Ahora sabemos que el colegio, que según fuentes municipales ya tenía el proyecto aprobado y las obras empezarían en junio, tampoco se construirá este año. El convenio al que han llegado la Diputación granadina y la consejería de Educación, según el cual la Diputación prestará a la Junta 15 millones de euros para mejoras en instalaciones escolares en unos nueve municipios de la provincia, excluye a Castril. No deja de ser sorprendente que dos adalides del trasvase del río Castril a Baza, como han sido Caler, presidente de la Diputación, y de la Chica, consejero de Educación y, antes, secretario provincial del PSOE en Granada, se hayan puesto de acuerdo para que Castril no sea uno de los pueblos beneficiados con la construcción de las nuevas instalaciones escolares. El ayuntamiento y el alcalde deberían dar explicaciones. La dirección del centro, la AMPA y el consejo escolar tendrían que pedirlas.

Las carreteras, conforme ha ido pasando el invierno, han empeorado su estado. Especialmente llama la atención la carretera dirección Pozo Alcón. Se encuentra cerrada la variante de la CHG y la parte de la carretera de la Junta, por la zona afectada por las obras de la central hidroeléctrica (obras que se encuentran denunciadas), ha estado cerrada temporalmente en numerosas ocasiones. Así, no queda más remedio que circular por la carretera que discurre al lado del pantano, con el lamentable estado de desprendimientos y baches que van aumentando día tras día, como puede apreciarse en la foto.

La carretera dirección Benamaurel ha ido empeorando hasta el punto de que baches, como el que también se aprecia en la foto, están ocasionando más de un accidente e incontables averías en los automóviles. Nadie se responsabilizará de ello. Pero algunos, como el alcalde, dirá que tenemos unas buenas infraestructuras (o al menos eso decía en el álbum-programa de fiestas).

Con respecto al agua de consumo, vamos a recordar algunas cosas: obligaron al vecindario a que se instalasen contadores. Lo hicieron a pesar de los derechos históricos del pueblo de Castril para disponer del agua de consumo. Esa agua, la de las fuentes públicas y la escasa que llegaba a las casa hace unos años, era agua que por acequias retornaba al río sin apenas afectar a la calidad y al caudal del propio río. En la actualidad, debido a los productos que se utilizan en los hogares, sí que hay que depurarla. Para ello, hace unos años, se instaló un depuradora de la que nadie sabe cuándo está en funcionamiento. Lo cierto es que gran parte del año, los vertidos de aguas residuales llegan al río sin depurar.

¿Pero cómo es el agua que se bebe? La que llegaba del arroyo Juan Ruiz era de buena calidad; había cortes continuos pero el agua era buena. Decimos “era” porque la que actualmente consumimos proviene de la fuente de Tubos. Y es vomitiva por su sabor y, sanitariamente, a la vista de las numerosas infecciones gastroinstentinales que afectan a tantas personas del pueblo, dudamos de su potabilidad. Hay días, sin embargo –para arreglarlo-, que por su extraordinario olor a cloro, no queda más remedio que recurrir al agua envasada. ¿Por qué no se arregla de una vez las infraestructura para abastecimiento desde el arroyo Juan Ruiz, sustituyendo además la actual y deteriorada tubería de fibrocemento por una homologada y sin efectos perniciosos para la salud humana, de manera que no se produzcan más las roturas que suceden en la actualidad? Beber del agua de Tubos, en las condiciones actuales, supone un salto hacia atrás en el tiempo, algo que creíamos ya superado.

No hace mucho anunciaron las subvenciones para arreglo de caminos, pero, ¿a qué se espera? Su deterioro va en aumento: llegar a la dehesa es todo una odisea, para ir al cementerio hay que dar la vuelta por la cooperativa, circulando por la cuesta Mª Alonso te arriesgas a que el camino se derrumbe y caigas en los bancales ladera abajo, etc. Pero en fin, todos estos problemas no deben ser tan importantes para el alcalde como para ocuparle el tiempo y la atención que dedica a desprestigiar a las personas que defienden el río Castril, es decir, a sus demonios de siempre. Veremos qué sigue inventando en este período electoral.

No hubo amenazas ni insultos homófobos por parte de ecologistas de Castril. Ni fue ni puede ser posible desde el ecologismo.

En los últimos días, diferentes medios han difundido la noticia de que ecologistas de Castril han amenazado e insultado al alcalde. La fuente de esta noticia parece ser que ha sido un comunicado y/o informaciones emitidas por el propio alcalde.

Lo primero que nos sorprende es que estos medios no hayan tratado de contrastar lo ocurrido con la versión de la otra parte. Así, hubieran sabido que la celebración por la paralización del trasvase ordenada por el T. Supremo se realizó en un lugar próximo al río; que allí fue donde se lanzaron la mayoría de los cohetes y que un reducido grupo de personas, una vez acabado el encuentro, se fueron a la plaza a lanzar los escasos cohetes sobrantes. También hubieran sabido que en ningún momento se amenazó a nadie ni se corearon frases despectivas o de contenido homofóbico. Y también –sorpresa- sabrían que la celebración no era de ecologistas sino de personas que han estado oponiéndose al trasvase.

Entre las personas que asistieron al encuentro, qué duda cabe, se encontraban ecologistas, como en las múltiples y masivas manifestaciones contra el trasvase del río. Y es ahí donde cobran sentido estas acusaciones a ecologistas de Castril: se trata de una cortina de humo lanzada para desviar la atención de las recientes noticias sobre la paralización del trasvase; de las responsabilidades políticas y penales que pudieran derivarse del hecho de haber mantenido la ejecución de las obras careciendo de cobertura legal y habiendo estado advertidos de ello. El propio alcalde de Castril se encuentra en esa situación.

No es nada nuevo. Esas cortinas de humo son algo recurrente en el alcalde de Castril y, casi siempre, vienen acompañadas de una demonización de personas o grupos ecologistas a los que acusa de ser responsables de sus propios fracasos.

Nos gustaría, eso sí, que el ecologismo fuese ese nuevo fantasma que recorriera Europa, y todo el planeta; que su visión del mundo y proyección política fuese una realidad vivida en cada vez más países. Por ello apostamos y sometemos al debate nuestros planteamientos, lo hacemos con la fuerza de la razón y la firmeza de las movilizaciones. Sabemos que las fuerzas que apuestan por el desarrollismo capitalista (o socialista, si lo hubiere –fuera China tal cosa-), hoy por hoy, continúan imponiéndose. Pero de vez en cuando nos llega alguna alegría, como la paralización del trasvase del Castril.

Ser ecologista no es sólo defender que la relación ser humano-naturaleza se produzca de una forma respetuosa y equilibrada, entender el planeta como un ecosistema, mantener la diversidad biológica. Ser ecologista es también defender la diversidad cultural. La cultura, al fin y al cabo, es el medio por el que los seres humanos se han adaptado al entorno. La pluralidad de este ha ocasionado la de aquel. Y las culturas no son monolíticas: sufren modificaciones a lo largo de la historia por la propia acción de los individuos que en ella viven; por nuevas necesidades de adaptación, por la humana capacidad de invención y anticipación. Individuos y pueblos que deciden cómo organizar la sociedad y qué formas de interaccionar con el medio. Precisamente, el reconocimiento de esa capacidad de interlocución, de argumentación racional, de decisión y de cooperación, es lo que otorga dignidad a todos y cada uno de los seres humanos, con sus diferencias culturales y personales.

Para el ecologismo, esas diferencias culturales y personales, la identidad social y personal son enriquecedoras y facilitan el mutuo aprendizaje. La identidad personal, con el reconocimiento de su dignidad, representa la condición que impide la instrumentalización del ser humano, de cada uno de ellos. La exclusión o la discriminación, en la variante que sea, como sexismo o heterosexismo, como racismo o xenofobia, etc., atentan contra esa identidad y su dignidad. En el ecologismo nunca se ha admitido que las diferencias personales den lugar a relaciones de subalternidad, de exclusión o desprecio. Ni en Castril, ni en ninguna otra parte del mundo. Contra lo que otros digan.

La Plataforma pide ante la fiscalía que se depuren responsabilidades entre las administraciones por permitir que continuaran las obras del trasvase.

Publicada la sentencia del Supremo que declaraba nulo de pleno derecho el RD 1419/2005, por el cual el Gobierno adoptaba una serie de medidas para combatir la sequía, el trasvase del río Castril dejó de tener cobertura legal. Inmediatamente después de su publicación en BOE (1-3-10), la Plataforma informó e instó a las administraciones implicadas a que procedieran a la paralización de las obras. Entre las administraciones informadas se encontraban los ayuntamientos por cuyos términos transcurren las obras, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Subdelegación de Gobierno, delegación provincial de Medio Ambiente, etc. Ningún organismo tomó en consideración la advertencia de la Plataforma y las obras del trasvase prosiguieron.

Es más, el ritmo de ejecución de las obras se incrementó, e incluso se recurrió a las fuerzas antidisturbios para impedir que las reclamaciones de los agricultores, ajustadas a derecho, pudieran evitar la acelerada continuación de las mismas. El objetivo siempre nos pareció claro: pretenden una política de hechos consumados, es decir, acabar lo más pronto posible antes de que se produjera un nuevo pronunciamiento judicial. A esto se le puede llamar cualquier cosa, pero, nos parece, que no puede decirse que no obraran de mala fe.

Lo han intentado, pero no les ha dado tiempo. El Tribunal Superior ha ordenado la inmediata paralización cuando aún queda un importante porcentaje de obra sin acabar (véase entrada del 21 23 de febrero). Quedan varios kilómetros entre los que hay pendientes de ejecutar tanto en Cortes como en Castril. Hay arquetas sin instalar y los temidos cruces del río no se han efectuado. La mayor parte del conjunto Histórico de Castril (figura BIC) se ha salvado y el monumento Natural de la Peña no ha sido atravesado. La estación de bombeo al pie del Jabalcón ha quedado sin construir.

Sin embargo, han sido también muchos los kms. de tierras afectadas: expropiaciones y ocupaciones de terreno, destrozos en cultivos y vegetación de ribera, caminos y acequias invadidos, tubería enterrada, etc. Y todo ello se ha realizado sin cobertura legal. No pueden alegar buena fe porque estaban advertidos desde primeros de marzo de que la obra en su conjunto había quedado fuera de la ley. Y continuaron con ella.

Por todo ello, se pedirán responsabilidades. Izquierda Unida las pedirá en el terreno político, las exigirán en las instituciones. Los Verdes y otras asociaciones también se han manifestado públicamente sobre ellas. La Plataforma acudirá a la vía judicial. Esta mañana, en la fiscalía, se ha dado el primer paso. Pero a estas iniciativas se sumarán otras. Es el momento de exigir justicia, que se depuren las responsabilidades políticas y penales, se proceda a la demolición de la obra y restituya el daño ambiental causado, que se indemnice a los agricultores/as afectados.