El pasado día tres de febrero, el tribunal Supremo ordenó la inmediata paralización de las obras del trasvase del río Castril a Baza. Lo hizo porque estas obras estaban amparadas en un decreto gubernamental declarado nulo de pleno derecho, el RD 14119/2005, por el propio tribunal. La publicación en BOE se hizo con fecha de 1 de marzo de 2010. Desde entonces, y a pesar de estar advertidos, las obras prosiguieron tratando de ejecutar el máximo de ellas, con los antidisturbios tomando la población de Cortes impidiendo las movilizaciones ciudadanas. Ello sucedió antes de que una nueva decisión judicial frenara sus ilegales y especulativos planes sobre el río Castril. Un día después del auto del Supremo ordenando la paralización, las máquinas iniciaron su retirada.
La obcecación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) contó con el beneplácito de la Agencia Andaluza del Agua, de la delegación de Medio Ambiente y del ministerio de Medio Ambiente. La Junta, que tiene las competencias en protección ambiental, eludió responsabilidades derivándolas al ministerio. Desde el ministerio (las obras se aprobaron dependiendo la CHG del ministerio, antes de ser transferido a la Junta) alegaban contar con el visto bueno de la Junta. Ignoraron las irregularidades y carencia de cobertura legal del trasvase por plegarse a intereses economicistas y para enmendar viejos errores debidos a la mirada estrecha y desarrollista de antiguos responsables de la CHG, que les llevó a la construcción del pantano del Portillo y a transnochados planes para unir pantanos, con vistas a la puesta en regadío de las comarcas de Huéscar-Baza. La incompetencia política mostrada por los responsables que heredaron esa situación es más que manifiesta.
La CHG nunca ha tenido los directivos que hicieran de este organismo regulador de las aguas del Guadalquivir un modelo de gestión planificada desde la sostenibilidad, con transparencia e imparcialidad. Nunca hemos visto esos directivos competentes y nunca hemos visto esa deseada gestión. Pero desde que se transfirieron las competencias a la Junta de Andalucía, pasando a depender de la Agencia Andaluza del Agua, la ineficacia, falta de transparencia, enchufismo, arbitrariedad, fraude y presunta corrupción han presidido sus actuaciones. Algunos directivos están imputados de delitos contra el Medio Ambiente, y otros lo estarán próximamente. En el juzgado de Huéscar se tramita la denuncia por la muerte de truchas ocasionadas por la reducción de caudal en el río con motivo de las obras en el embovedado. Por otro lado, el gerente de la Agencia tendrá que dar explicaciones sobre la ocultación y tergiversación en la información requerida para las obras del trasvase del río Castril. También tendrá que responder del porqué continúan las obras de la central hidroeléctrica dentro del conjunto Histórico de Castril sin los preceptivos permisos y estando advertidos de ello. Las causas están abiertas y veremos qué sucede en el futuro. Otras nuevas denuncias irán abriéndose paso para exigir responsabilidades y limpiar la Agencia Andaluza del Agua y la CHG, convertidas en Granada en una particular cortijada del PSOE, donadora de favores a los amigos políticos que tienen intereses en la explotación de recursos hidráulicos en la provincia.
Pero la irresponsabilidad, incompetencia y maquiavelismo ejercitados desde la Agencia va más lejos. Llevan años engañando y desviando la atención sobre la aprobación de los nuevos regadíos en Castril. Con la complicidad del alcalde de Castril han venido utilizando la concesión y aprobación del proyecto con exclusivos intereses electorales y/o para desactivar las movilizaciones contra el trasvase. En realidad, no sabemos si hay voluntad real de aprobar esos regadíos. La última vez que denegaron la aprobación del proyecto de nuevos regadíos lo hicieron autoinculpándose de errores (véase entrada del 29-10-10) en la tramitación y exposición pública del proyecto. La tarea pendiente aquí es grande, pero no parece que, mientras los gestores políticos sean los actuales, pueda solucionarse definitivamente.
Ante tanta ignominia, que directamente nos afecta al pueblo de Castril en temas delicados y de vital importancia para el pueblo, la noticia del Constitucional anulando el art. 51 del Estatuto de Andalucía, que otorgaba la gestión de la CHG a la Junta, y que obliga a la devolución o traspaso de competencias de la CHG al ministerio de Medio Ambiente, las reacciones han sido diversas y encontradas.
Recibida la noticia, lo primero e inmediato que dijimos: ¡se les acabó el cortijo! Los jefecillos de la Agencia Andaluza del Agua ya no podrán seguir mangoneando. Nos vinieron a la cabeza los pozos ilegales, las responsabilidades de M. Quirante (exsecretario de aguas del PSOE) y J. Alcón en el pozo de la fuente de S. Juan, en la información que se nos ha ocultado o que pudiera estar manipulada, en las risas falsas e hipócritas de personajes que se mueven ufanos por los despachos, con la seguridad de que pronto se verán repletos de amigos/as de su partido o de atemorizados jóvenes mileuristas con contratos en precario. Pensamos en cómo afectaría al proyecto de reforma de las administraciones públicas de la Junta de Andalucía y en cómo buena parte de sus planes han quedado chafados.
Pero más tarde, en un análisis tranquilo y sosegado, sin negar los beneficios de su devolución al ministerio, la reflexión nos condujo en otra dirección. Veamos:
Los criterios con los que se construye un Estado y las unidades político-administrativas que lo configuran tienen que ver con procesos históricos y con los intereses económicos, políticos e ideológicos de los grupos sociales que han dirigido esos procesos. Esas circunstancias hacen que en ocasiones frecuentes, las unidades políticos-administrativas o los propios Estados tengan poco que ver con las ecorregiones en las que los pueblos se asentaron. Evidentemente, se han producido aberraciones como los Estados construidos en África por el colonialismo, en donde los intereses se midieron con escuadra y cartabón. Pero no nos vamos a referir a ello. Pensamos en Andalucía. El río Guadalquivir, su cuenca, es el gran eje vertebrador de las tierras sobre la que el pueblo andaluz se ha forjado a lo largo de la historia, con una identidad que ha pujado por ser reconocida con desigual respuesta en momentos históricos diferentes (véase también entrada del 28-02-11). Si aceptamos esa realidad, hoy nos resulta difícil entender que el río Guadalquivir, que su cuenca y sus aguas, no puedan ser gestionadas para seguir alimentando y dando vida a lo que ha sido patrimonio natural del pueblo andaluz. Pero lo cierto es que, en la actualidad, partes mínimas de la cuenca hidrográfica pertenecen a territorios de otras comunidades. Podemos no comprender por qué ello ha sido así; pero lo es.
A partir de ahí, tampoco podemos asumir que desde Andalucía no pueda gestionarse el agua de la cuenca por más nefastos que sean los gestores que de ella se han hecho cargo en los últimos años. La disyuntiva que se nos presenta podríamos visualizarla con la weberiana distinción entre la ética de la convicción (actuar de acuerdo a principios) y ética de la responsabilidad (poner el énfasis en las consecuencias previsibles) que ha estado presente en tantas decisiones políticas. Como se rememoró el pasado 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, cuando se debatieron en los inicios de la II República el derecho a voto de la mujer, también hubo muchas voces que aunque en principio asumían el derecho al sufragio universal, se inclinaron por negar el voto femenino por las consecuencias políticas que podría suponer (y así sucedió). Sin embargo, hoy no negamos que aquello fue un hecho histórico y la restitución de un derecho inalienable. ¿Nos encontramos en una situación parecida con la gestión de la cuenca del Guadalquivir? En nuestra opinión, entendiendo a quienes apuestan por la responsabilidad, y en ese sentido he leído declaraciones de compañeros/as ecologistas, la gestión no puede dejar de ser andaluza. En la situación actual habrá que crear figuras de cogestión con participación de las comunidades (Extremadura, Castilla-la Mancha y Murcia) con áreas integradas en la cuenca del Guadalquivir. La forma jurídica y su engranaje constitucional tendrá que estudiarse. Pero sobre todo, hay que salvar que las decisiones sobre el río Guadalquivir no sean tomadas a las espaldas del pueblo andaluz. Sus dirigentes políticos merecerán nuestra reprobación, pero son efímeros. El pueblo y su río, no. Por ello, pensamos, debemos dejar abierta una ventana a la esperanza.
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