Publicada la sentencia del Supremo que declaraba nulo de pleno derecho el RD 1419/2005, por el cual el Gobierno adoptaba una serie de medidas para combatir la sequía, el trasvase del río Castril dejó de tener cobertura legal. Inmediatamente después de su publicación en BOE (1-3-10), la Plataforma informó e instó a las administraciones implicadas a que procedieran a la paralización de las obras. Entre las administraciones informadas se encontraban los ayuntamientos por cuyos términos transcurren las obras, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Subdelegación de Gobierno, delegación provincial de Medio Ambiente, etc. Ningún organismo tomó en consideración la advertencia de la Plataforma y las obras del trasvase prosiguieron.
Es más, el ritmo de ejecución de las obras se incrementó, e incluso se recurrió a las fuerzas antidisturbios para impedir que las reclamaciones de los agricultores, ajustadas a derecho, pudieran evitar la acelerada continuación de las mismas. El objetivo siempre nos pareció claro: pretenden una política de hechos consumados, es decir, acabar lo más pronto posible antes de que se produjera un nuevo pronunciamiento judicial. A esto se le puede llamar cualquier cosa, pero, nos parece, que no puede decirse que no obraran de mala fe.
Lo han intentado, pero no les ha dado tiempo. El Tribunal Superior ha ordenado la inmediata paralización cuando aún queda un importante porcentaje de obra sin acabar (véase entrada del 21 23 de febrero). Quedan varios kilómetros entre los que hay pendientes de ejecutar tanto en Cortes como en Castril. Hay arquetas sin instalar y los temidos cruces del río no se han efectuado. La mayor parte del conjunto Histórico de Castril (figura BIC) se ha salvado y el monumento Natural de la Peña no ha sido atravesado. La estación de bombeo al pie del Jabalcón ha quedado sin construir.
Sin embargo, han sido también muchos los kms. de tierras afectadas: expropiaciones y ocupaciones de terreno, destrozos en cultivos y vegetación de ribera, caminos y acequias invadidos, tubería enterrada, etc. Y todo ello se ha realizado sin cobertura legal. No pueden alegar buena fe porque estaban advertidos desde primeros de marzo de que la obra en su conjunto había quedado fuera de la ley. Y continuaron con ella.
Por todo ello, se pedirán responsabilidades. Izquierda Unida las pedirá en el terreno político, las exigirán en las instituciones. Los Verdes y otras asociaciones también se han manifestado públicamente sobre ellas. La Plataforma acudirá a la vía judicial. Esta mañana, en la fiscalía, se ha dado el primer paso. Pero a estas iniciativas se sumarán otras. Es el momento de exigir justicia, que se depuren las responsabilidades políticas y penales, se proceda a la demolición de la obra y restituya el daño ambiental causado, que se indemnice a los agricultores/as afectados.
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