La Administración se justifica en sus propios errores para no aprobar el proyecto de nuevos regadíos en Castril.

El uso electoral y arrojadizo de los nuevos regadíos lleva gravitando sobre la población de Castril desde hace muchos años. Responsables públicos del PSOE y el alcalde han venido vendiendo la aprobación del proyecto como una conquista social en la que se habían involucrado. Pero no eran más que mentiras. A menudo habían aludido a la tardanza en su definitiva aprobación a los obstáculos interpuestos por las asociaciones que defienden el medio ambiente. Decían que eran las alegaciones sobre las posibles afecciones ambientales presentadas por estas asociaciones las responsables de que no se aprobaran. Finalmente, cuando el pueblo se estaba movilizando para protestar por el trasvase de aguas del río a la localidad de Baza, anunciaron que los nuevos regadío eran una realidad.

Sin embargo, mucha gente en el pueblo ya era consciente de que los nuevos regadíos estaban siendo utilizados para pescar votos y desmovilizar a la población que, con inquietud, veía cómo otra vez peligraba la vida del río del río Castril con el proyectado trasvase. La condición puesta para obtención de los nuevos regadíos, como bien se encargaban de repetir una y otra vez desde el círculo próximo al alcalde, era que se aceptara el trasvase. Pero eso era justamente lo que levantaba las voces de alarma. Esa era la jugada que desde la Plataforma se intuyó desde un principio y de la que se trató de alertar a personas beneficiarias de los nuevos regadíos: estos regadíos serían imposibles en la práctica con el trasvase; pero además, se advertía, una vez las obras estuvieran finalizándose en el término de Castril, acabarían denegando cualquier concesión. Entre tanto, utilizando hábilmente el tema, es decir, dosificando los anuncios de su inminente aprobación, tratarían de desmovilizar a la población a la vez que se garantizaban el apoyo político y un buen puñado de votos entre los beneficiarios de esos nuevos regadíos. Pero para los miembros de la Plataforma lo que que no se veía era una decidida apuesta y voluntad real de incrementar las hectáreas de regadío en Castril.

Llegando a extremos impropios de un estado de derecho, el alcalde había acusado a diferentes personas y asociaciones de los retrasos en la puesta en marcha de esos regadíos. La acusación se basaba en el hecho de que se había utilizado lo que la ley contempla: la posibilidad de plantear alegaciones acerca de previsibles impactos sobre el medio ambiente. Es decir, lo que con tanto esfuerzo se consiguió en las últimas décadas: la normativa de protección ambiental y el ejercicio del derecho a presentar alegaciones a cualquier proyecto sometido a información pública. Esto lo presentaba el alcalde como una conspiración malévola que atentaba contra los planes de los nuevos regadíos. Como es sabido, las alegaciones a cualquier proyecto tienen como fin que se cumpla la legislación; algo que nunca debiera escandalizar a los que quieren ser respetuosos con ella, y menos si además pertenecen o están de acuerdo con el partido gobernante, el partido que propone y aprueba esas leyes. Pero como hemos dicho, todo ello no era más que una estrategia que desviaba responsabilidades, conseguía apoyos y preparaba el terreno para cuando surgiera lo que finalmente ha sucedido: se deniega la concesión.

Algunas personas habíamos creído que finalmente y a pesar de las mentiras y el retraso, la administración cedería ante los agricultores y promotores de la comunidad de nuevos regadíos por los compromisos públicos que habían ido contrayendo en los últimos años. Incluso se operaron los cambios normativos que podían posibilitar la aprobación de estos regadíos. Pero no ha sido así. Aduce la Agencia Andaluza del Agua que los defectos en la tramitación del expediente conlleva la nulidad del proyecto. ¿Acaso desconoce la administración cómo se tramitan estos proyectos? ¿O es que se han ido permitiendo esos defectos, especialmente los referidos a exposición pública y consulta de los mismos, para después proceder a declarar nulo todo el proceso? ¿No esconde esto una falta de voluntad real de querer poner en marcha estos regadíos? Atrás quedaron las mentiras. “Los nuevos regadíos son ya una realidad” decía el alcalde hasta hace unos días. La última vez en el álbum de fotos que sirvió de programa de las fiestas. Seguramente volverá el alcalde a culpabilizar a los ecologistas, a sus oponentes políticos, a los defensores del río. Pero lo que no hará será reconocer sus mentiras y el uso electoral que de ellas ha hecho. Nunca reconocerá la falta de voluntad real por la administración ni cómo se ha utilizado el tema para tratar de desmovilizar al pueblo de Castril en su lucha contra el trasvase. Se acabó el tiempo. Finalizadas (o casi) la obras en Castril, lo que el pueblo opina ya no es ni será necesario; la decisión final sobre el trasvase se decidirá en los tribunales de justicia. Por tanto, la Administración, con las manos libres, ha dejado de marear la perdiz: por ahora, no habrá nuevos regadíos.

La comunidad de nuevos regadíos dispone de un mes para recurrir la resolución, pero si como es previsible, esta se hiciera firme, tendría que volver a iniciar el proceso. Ha sido mucho el esfuerzo dedicado para poner en marcha los nuevos regadíos. Por ello, no debiera darse marcha atrás. Pero algo sí debe quedar claro: no se puede dar crédito a los cantos de sirena ni dejarse seducir por el ayuntamiento o los responsables públicos de las administraciones. La Agencia Andaluza del Agua sabe cómo se tramitan los proyectos, los períodos de exposición y consulta, las medidas correctoras que debe incluir para prevenir impactos ambientales, etc. Es decir, lo que no han hecho hasta ahora. La comunidad de nuevos regadíos debe ser consciente de que las aguas del río Castril tienen que quedarse en la cuenca, para los regadíos de Castril y Cortes, para los tradicionales y las nuevas hectáreas de riego que se implanten. Los riegos en la cuenca contribuyen positivamente al mantenimiento del ecosistema de la cuenca y del ecosistema fluvial en un proceso de retroalimentación. El proyecto de nuevos regadíos puede ser viable y positivo, pero siempre que las aguas del Castril no sean trasvasadas a otras comarcas y cuencas. Por tanto, deben que saber con quién tienen que unir sus esfuerzos. Serán bien recibidos.

Nuevas concesiones de los acuíferos de Baza para regadíos. A la par, siguen demandando el trasvase del río Castril porque dicen que les falta agua.

Ecologistas en Acción envía un comunicado que reproducimos más adelante. En él comentan la aprobación por la Agencia Andaluzxa del Agua de medio millón de m3 anuales (suficiente para un consumo de 8.000 personas) para regadíos procedentes del acuífero Sierra de Baza, el principal aporte con que cuenta la localidad de Baza para su abastecimiento. Ello es una muestra más de la falsedad de los informes emitidos por la CHG advirtiendo de futuros problemas en el abastecimiento para la población bastetana contando con los actuales recursos disponibles, y que pretenden justificar la necesidad del trasvase del río Castril. En bastantes ocasiones han alegado la reducción de caudales de las fuentes de que se abastece y se riega en Baza. Pues esto nos muestra la prevaricadora política de la CHG en lo que a gestión de recursos hidráulicos se refiere. No pueden exigir el trasvase de aguas de un río, con la degradación ecológica que ello pueda suponer, sin ordenar y racionalizar la gestión de los propios recursos hídricos.

¿Qué pretenden?, ¿que se reduzcan los niveles piezométricos de manera que se vean afectados los caudales de las fuentes para justificar el trasvase del río Castril?, ¿el agua como negocio?, ¿especular con el agua? Cuando se encuentran en sede judicial numerosos recursos contra el trasvase, esta noticia puede volverse en contra de sus pretensiones. Y de sus intereses. De esos intereses que debieran responder personas ligadas al PSOE local, a los regadíos, a las empresas que especulan con terrenos, etc. De todo ello debieran responder personas como Manuel Quirante, Alcón García de la Serrana, P. Fernández, etc. (Más información en la entrada del 22-11-09)


El comunicado de Ecologistas en Acción

POR LO VISTO HAY TANTA AGUA EN BAZA QUE VAN A CONCEDER MEDIO MILLÓN DE METROS CÚBICOS ANUALES DEL ACUÍFERO PARA REGAR SECARRALES.

La Agencia Andaluza del Agua está preparada para autorizar una concesión de más de medio millón de metros cúbicos anuales (agua para abastecer un año a casi 8.000 personas) para el riego de 120 Hectáreas de secano.

Se trata del Cortijo Casablanca, en el término municipal de Guadix, que pretende sacar el agua del acuífero de Baza.

Ya vamos viendo el interés por llevar agua para beber a Baza (que parece que no tiene mucho problema de abastecimiento, a la vista de ésta y otras concesiones otorgadas en los últimos años). Se llevan el agua del Castril para beber y la que han usado siempre la dedican a sus regadíos, antiguos y, sobre todo, nuevos, mientras la gente en Cortes de Baza y en Castril se quedan mirando las palomicas.

Ecologistas en Acción ha alegado ante esta nueva concesión (que tiene el visto bueno ya de todas las administraciones) por inmoral e ilegal.

Es inmoral porque no se puede poner en riego secanos a costa del agua potable de una población, como es Baza.

Es ilegal porque suponen nuevos regadíos y estos no están contemplados en el Plan Nacional de Regadíos y además la Junta tiene el compromiso con la Unión Europea de no poner en riego ni una hectárea de más, fuera de lo ya programado.

Además existe una decisión de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de fecha 16 de junio de 2008, en la que se acuerda la imposibilidad de otorgar ninguna nueva concesión de aguas en la cuenca hasta la aprobación del nuevo Plan Hidrológico de Cuenca, aunque esta decisión se incumple sistemáticamente en la provincia de Granada.

Otorgar esta concesión del mismo acuífero de donde se nutre Baza, que está previsto que se tenga que abastecer mediante una conducción costosísima y una potabilización también más cara, en lugar de hacerlo del acuífero -donde por lo visto sobran medio millón de metros cúbicos- atenta contra los principios de economía y eficacia de la administración, al optar por solucionar el problema de abastecimiento a Baza con la opción económica y ambientalmente más cara, cuando son conocedores de la existencia de este recurso localizado y que no supone ningún coste adicional

Relevos en la delegación de Gobierno y el ministerio de Medio Ambiente. ¿Se acatará la sentencia del Supremo paralizando el trasvase del río Castril?

Sin muchas explicaciones, el presidente ha anunciado los cambios en su Gobierno. Entre ellos la sustitución de la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, por la anterior consejera de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar.

En principio, lo noticia, en Castril, ha sido recibida con satisfacción. No tanto por el nombramiento de la nueva ministra, pues la duda sobre su sensibilidad ambiental es más que razonable, sino por el cese de la anterior, cuya nefasta gestión respecto a los temas medioambientales ha sido puesto de manifiesto en los 6 años que ha estado de ministra, tanto en Agricultura como en Medio Ambiente.

Siendo ministra de Agricultura Elena Espinosa y estando en el ministerio de Medio Ambiente Cristina Narbona, el Gobierno aprobó el decreto que contemplaba determinadas medidas para combatir la sequía. Dicho decreto y sus prórrogas fueron un cajón de sastre para aprobar con carácter de emergencia varias obras obviando los trámites de consulta ciudadana y los correspondientes estudios ambientales. Una de estas obras, las del trasvase del río Castril, ya fueron descartadas por las administraciones y la propia Junta de Andalucía, pero desde la CHG aprovecharon la coyuntura para colarse con la justificación de la emergencia. Lo que anteriormente fue descartado por considerarlo prácticamente un ecocidio, es decir, que acabaría con la vida del río Castril, ahora se presenta como aguas para abastecimiento, consumo humano, inventando una necesidades que, sin embargo, cuando se proyectaba el anterior trasvase -2003-, en ningún momento se planteó que las aguas tuvieran que satisfacer esas supuestas necesidades. Esta estrategia, la de recuperar el anterior trasvase que se había utilizado como arma arrojadiza contra el Gobierno de aquellos entonces (PP), se camufló en las prórrogas del decreto 1419/2005 de medidas contra la sequía. La ministra aceptó las propuestas que desde la CHG, a través de directivos como P. Girón o J. Delgado, y con la posterior aquiescencia de los responsables provinciales del PSOE granadino, le hicieron llegar. Este es el motivo de que la Ficha Ambiental presentada por la CHG no se corresponda con las obras que se están realizando. Porque, en realidad, dicha Ficha se elaboró sobre la base de trasvases anteriores.

Anulado por el Supremo, con fecha de 1 de marzo de 2010 dicho decreto, Elena Espinosa, la ministra ahora cesada, tenía que haber reconsiderado el trasvase del río Castril paralizando definitivamente las obras y negociando las alternativas que se habían propuesto. La Plataforma por la Defensa del Río Castril se lo hizo saber y, a día de hoy, aún no se ha recibido ninguna respuesta. En el cajón de algún despacho del ministerio duerme el escrito que, esperamos, la nueva ministra, Rosa Aguilar, debiera responder. No olvidemos que además de la anulación por el Supremo del decreto 1419/2005, la sequía ha quedado oficialmente extinguida. Mucho nos tememos que si no hay respuesta en los próximos días, nuevamente haya que acudir a la vía judicial y contra los actuales responsables del ministerio.

Pero también la nueva ministra, Rosa Aguilar, tendrá que responder en el Congreso a las preguntas del portavoz de Izquierda Unida, G. Llamazares. Será el momento de evaluar el talante con el que la ministra pretende ejercer el cargo y la gestión ambiental en lo que queda de legislatura.

También hubo relevo en la delegación de Gobierno en Andalucía. Bajo el mandato de J.J. López Garzón, y ejerciendo en la subdelegación de Granada A. Cruz, se ha producido la represión sobre los vecinos y vecinas de Castril y Cortes que han protestado por las expropiaciones y las obras del trasvase del río. Cortes de Baza fue tomado por los antidisturbios (GRS) para proteger las obras y se ha procedido al envío masivo de multas administrativas y, también, denuncias por la vía penal. Se acusa a los vecinos y vecinas de reuniones y concentraciones ilegales; como si el derecho de reunión no estuviere constitucionalmente reconocido en el Estado español; como si para reunirse en una finca privada y con autorización de los agricultores propietarios de ellas, se necesitase de permisos previos. Recuérdese que las expropiaciones se realizaron acogidas a la emergencia del decreto anulado y que, además, se encuentran denunciadas en diversos juzgados.

La prepotencia mostrada por el subdelegado de Gobierno, con el apoyo del delegado de Gobierno ahora cesado, también tendrá sus consecuencias. Ahora parece ser que están pensando cambiar la acusación, y dado que no se sustenta lo de reuniones y concentraciones ilegales, pretenden encausar a algunas personas por supuestas coacciones a la empresa que ejecuta los trabajos, dejando en suspenso las multas administrativas. Otra acusación falsa que muestra la carencia de fundamentos de la política represiva dirigida para realizar a toda costa, contra el derecho, la ley y el sentido común, el trasvase del río Castril. Esperamos y deseamos también que el nuevo delegado en Andalucía, L. García Garrido, ponga fin a esta irracionalidad y retire todas las acusaciones y las multas. Y por coherencia, cese al subdelegado de Gobierno en Granada por haber sido el responsable directo de esta política represiva.

La CHG continúa las obras y pretende cruzar el río con una empresa cuyo contrato es nulo por estar amparado en el decreto anulado por el Supremo.

La información que remitió la CHG a la delegación granadina de Medio Ambiente y que, después, sirvió para que la secretaría de Cambio Climático emitiera el Informe Ambiental, no tiene nada que ver con las obras que se están realizando en el río (Véanse entradas de 9-10, 10-9, 16-8). Pero además, la empresa y la CHG han argumentado que no era necesario presentar el correspondiente proyecto técnico porque las obras habían sido declaradas de emergencia. Esta emergencia sólo ha sido declarada en el decreto de Gobierno 1419/2005, decreto declarado nulo de pleno derecho por el T. Supremo en sentencia publicada el 1 de marzo de 2010. Asimismo, las expropiaciones de terrenos se hicieron aplicando el art. 52 de la ley de Expropiación forzosa precisamente al haber sido declaradas las obras de emergencia.

La situación en que nos encontramos es que al haber sido declarado nulo de pleno derecho el decreto del Gobierno, el resto de actos administrativos que dependían de dicho decreto también han dejado de tener cobertura legal. La empresa fue contratada, y así consta en su contrato, mediante el procedimiento que permite el art. 72 de la ley de Contratos de la Administraciones Públicas, es decir, por el procedimiento previsto para los casos de urgencia. Declarado nulo el decreto que aprobaba la emergencia que permitió la contratación de la empresa SOGEGOSA, el contrato de esta empresa, por tanto, también es nulo; por lo que la empresa está operando fuera de la ley. ¿Puede ahora la empresa continuar las obras? ¿Puede realizar los cruces en el río? ¿Puede invadir el dominio público hidráulico? ¿Puede penetrar en el conjunto Histórico-Artístico de Castril y atravesar el Monumento Natural de la Peña, figuras Bien de Interés Cultural?

La CHG no puede alterar el dominio público hidráulico y otorgar una concesión (200 l/sg del río Castril) sin el amparo del decreto del Gobierno. Tampoco una orden ministerial puede autorizar la emergencia sin la aprobación del Consejo de Ministros. Por tanto, no hay cobertura legal para las expropiaciones, para la contratación de la empresa, para eludir la presentación de proyecto, para alterar el dominio público hidráulico y otorgar la concesión. A esto hay que añadir las falsedades e irregularidades de la Ficha Ambiental y la ocultación del hecho de afectar a zonas BIC.

Por eso resulta aún más sorprendente que una empresa cuyo contrato con la Administración es nulo, dé aviso público de su intención de cruzar el río en varios puntos, de prolongar el trazado y de modificar el punto de captación. El período abierto por SOGEGOSA para presentar alegaciones a esta nueva modificación del trazado es nulo porque la empresa carece de contrato con la CHG que le pueda permitir hacerlo. El anuncio y, por supuesto, su posterior ejecución carece de validez legal. No olvidemos que la Plataforma por la defensa del Río Castril se ha personado en el proceso. También el ayuntamiento de Cortes y numerosos afectados están presentando alegaciones.

Las administraciones pretenden la vía de los hechos consumados, pero no se olvide que muchos actos se encuentran en vía judicial, todos han sido administrativamente comunicados y, en los próximos días, habrá nuevas denuncias. Pero las responsabilidades pueden ir más allá. Porque cuando se desoyen las advertencias y se actúa ignorando la existencia de la sentencia del Supremo, entonces será el momento de las responsabilidades penales. Y las administraciones públicas, incluidos los ayuntamientos, tendrán que responder.

Se programan las fiestas de Castril en un álbum de fotos del alcalde. Su saludo es una ofensa al sentido, la razón y al buen gusto.

Si, en efecto, eso es lo que parece el programa de fiestas de Castril: un álbum personal de fotos del alcalde. Hecho a todo color y con dinero público, el alcalde se autopromociona y vende imagen de los encuentros que ha mantenido en los últimos meses con personas que él considera relevantes. Es sabido que utiliza cualquier ocasión que encuentra para postularse y figurar, por más banal que sea, en los medios de comunicación. Ahora también es aprovechada con la excusa de la fiestas de Castril. Esa obsesiva y ridícula actitud le lleva a publicar hasta 23 fotos suyas.

Revisados programas de fiestas de pueblos de alrededor, no hemos encontrado nada parecido. En la mayoría de los casos, aparece sólo la foto del alcalde acompañando el saluda inicial. Pero no es eso sólo. Ningún alcalde aprovecha ese saluda o el programa para arremeter contra el vecindario que no sigue sumisamente su gestión política ni para justificar la evasión de responsabilidades ocultando la verdad.

Nos dice en el saluda inicial que el ayuntamiento de Castril es de los menos endeudados de la provincia. Evidentemente no especifica a qué tipo de deuda se refiere. Si es absoluta, porcentaje sobre los presupuestos, sobre la renta per cápita, etc. El dato real y cierto, que es lo preocupante, es que el ayuntamiento ha pasado de tener una deuda de 87.000 euros a finales de 2008 a ser de 436.000 euros en diciembre de 2009. ¿Ha crecido la deuda porcentualmente en algún pueblo más que en Castril? De continuar así, ¿qué cifra alcanzará el ayuntamiento al terminar el año? El vecino pueblo de Cortes, por ejemplo, ha pasado de tener una deuda de 157.000 a 263.000; es decir, ha crecido en 106.000 euros. Por tanto, menor deuda y menor crecimiento de ella, en términos absolutos y porcentualmente.

También comenta como un logro importante la aprobación del proyecto de restauración del castillo de la Peña. Pero calla algunos aspectos. ¿Por qué se ha aprobado con cargo al 1% de gastos de cultura por obra pública? ¿Porque es la compensación por las obras del trasvase del río? ¿Eso es lo negociado? Pues la jugada aún no está terminada. Más bien pronto que tarde llegará la paralización definitiva de las obras y su demolición, es decir la retirada de los tubos. En esa situación, ¿se aprobará la partida presupuestaria y se ejecutarán las obras de restauración del castillo? Respecto al “Santo”, la figura del Sagrado Corazón que preside la Peña, escribe el alcalde que su intención es que se mantenga en ese lugar. Lo que no nos aclara es cuál es la intención de los promotores de la obra, si finalmente decidieran llevarla a cabo. Esa información es la que tiene que dar a conocer ahora.

Y como no podía ser de otro modo, se adelanta las medallas sobre la aprobación de los nuevos regadíos para Castril. Cuando sean una realidad, que aún no lo son (aunque muchos pasos se han dado y ya parece vislumbrarse el final), será mérito de sus promotores, porque con su esfuerzo y tenacidad ha sido posible superar múltiples obstáculos (algunos necesarios y convenientes, como los trámites ambientales), entre ellos, los reiterados engaños y utilización electoral del tema por las administraciones y el propio ayuntamiento.

Reconocer la propia ignorancia es la antesala para el buen conocimiento. En efecto, el que reconoce que no sabe, está dispuesto a abrirse al conocimiento, a encontrar explicaciones racionales sobre lo que le rodea. Actitud bien diferente del que cree saberlo todo o cree, sin más, todo aquello que le dicen. Así lo entendemos desde que Sócrates, hace 25 siglos en la Grecia clásica, lo expusiera. Nadie tiene por qué tener una sólida formación en temas ambientales (ni en otros), pero el sentido de la prudencia obliga al estudio y asesoramiento antes de pronunciarse sobre lo que no se sabe. Todo antes de decir sandeces y repetir como un papagayos los dictados y consignas de otros, que además son partes interesadas. Eso es lo que hace el alcalde de Castril en lo referente al trasvase del río. La idiota seguridad que dice tener respecto a que el trasvase no afectará a la integridad del río, es la misma que muestra al afirmar que tampoco se verán reducidos los derechos de los regadíos de la vega. Cualquier regante que haya leído este artículo del álbum hubiera soltado una carcajada si no se tratara de un tema tan serio y preocupante. No es que le vayan a reducir hasta la mitad los caudales para riego, sino que pretenden que se instalen contadores en las acequias para controlar dichos caudales.

En vez de evadir responsabilidades, por qué no dice claramente en qué consistió la negociación y acuerdo con el entonces directivo de la CHG, J. Delgado? Porque fue a partir de ahí cuando se puso en marcha el nuevo plan de trasvase del río. Desde ese momento, él y sus equipo de gobierno municipal, son parte corresponsable. Y ahora, cuando las obras y las expropiaciones han dejado de tener cobertura legal, y la empresa contratada está fuera de la ley, el ayuntamiento está obligado a exigirle el proyecto y la licencia para poder continuar. Del incumplimiento de estos hechos podrían derivarse responsabilidades penales.

No es nuevo que el alcalde aproveche el dinero público, empleado en este álbum que pretende ser un programa, para arremeter contra las asociaciones que defienden el río. Nuevamente nos anuncia informes y documentos relativos al tema. ¿Habrán concluido la investigación que pensaban hacer sobre las personas que defienden el río? La anunció el anterior secretario provincial del PSOE, hoy consejero de Educación, y el subdelegado de Gobierno también aparecía especialmente interesado (véase entrada del 3-10-09). Estas pesquisas realizadas desde el poder, cada vez más nos recuerdan a otra gloriosa etapa del partido en cuestión, en la que algunos dirigentes promovieron un grupo terrorista, una guerra sucia desde el Estado que, entre otras acciones, supuso el secuestro y tortura de ciudadanos por el simple hecho de parecerles sospechosos. Por ahora, sus actuaciones parecen limitarse al acopio de información confidencial, que está amparada por la ley de protección de datos, para hacerla pública (por tanto, presumiblemente, un delito). También a la identificación y chivatazo, a través de fotografías, de las personas que han acudido a apoyar a los agricultores/as de Cortes, para más tarde inventar absurdas acusaciones y el envío de multas. Esperemos que el seguimiento de las actividades no haya supuesto también la intervención de teléfonos. A estas alturas, con esta especie de terrorismo de Estado a escala local y provincial, nos podemos esperar cualquier cosa, incluida la contratación de periodistas para dar pábulo de credibilidad a esa falsa realidad que pretenden mostrar.

Por último, nos anuncia que se programarán en la plaza las migas que no se pudieron hacer a finales de agosto “por los motivos que todos sabéis”. En aquellos días sacó unos carteles culpando a unos vecinos de la anulación de las tradicionales migas, un acto que viene haciéndose desde hace años por grupos familiares en la plaza del pueblo y con apoyo del ayuntamiento. No sólo no gestionó bien aquel asunto, sino que ha tratado, como es su costumbre, de culpar a otros de lo que no es más que su responsabilidad y una muestra de su ineptitud.

El victimismo al que acude con frecuencia pudo haberle dado buenos dividendos políticos en otra época; pero en el pueblo se extienden las sospechas y aumentan las críticas. Dentro de unos meses llegarán las elecciones municipales. Es el momento en que el pueblo tendrá que decidir quiénes deben responsabilizarse de la gestión municipal.

Ecologistas en Acción denuncia ante la fiscalía que las obras en el río Castril no son las aprobadas por el Consejo de Ministros

Las obras que se aprobaron, y que no tenían que someterse a Evaluación de Impacto Ambiental, no iban por los márgenes del río ni por su valle fluvial.

Sin embargo la empresa Sociedad General de Obras (SOGEOSA), que realiza las obras promovidas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, solicita autorización a la Agencia Andaluza del Agua para el “Cruce canalización tubería al río Castril y afluentes”, ya que las obras que se realizan “fuera de los márgenes del río Castril y de su valle fluvial” -según la Secretaria de Estado para el Cambio Climático- cruza el río hasta en 4 ocasiones.

Obviamente, si tenemos que el Consejo de Ministros aprobó una tubería de 400 mm y la que se está poniendo es de 500 mm, y que la excusa para no someter las obras a Evaluación de Impacto Ambiental es que no iban por el río, tenemos que pensar que las obras que se realizan en las orillas del río Castril, con tuberías mayores a las proyectadas, no son las aprobadas como emergencia por el Consejo de Ministros en 2006.

Por eso se ha pedido a la Fiscalía que actúe de inmediato, para evitar que los hechos consumados bendigan un delito ambiental y socioeconómico de difícil reparación. La inhibición de la Fiscalía ampararía unos hechos de muy dudosa legalidad, convirtiéndose en cómplices y dejando la credibilidad en la justicia bastante malparada y a un pueblo desesperado viendo cómo se vulneran sus derechos más fundamentales ante la pasividad de quien debe defender el estado de derecho.

Las recientes declaraciones del Delegado de Medio Ambiente, amenazando al Ayuntamiento de Cortes de Baza por supuestos usos futuros del agua, añaden más confusión a este esperpento, que no se sostiene de ninguna manera y del que alguien tendrá que responder.

El Coordinador Provincial. Javier Egea.

De termosolares y embotelladoras, o de cuando de la manipulación informativa al servicio de un partido se trata.

Nos sorprende un diario, en concreto IDEAL, informando de un proyecto de construcción de 4 plantas termosolares en el vecino pueblo de Cortes de Baza. En tanto que se trata de una fuente de energía renovable, en la actualidad, con el proceso de cambio climático que estamos viviendo como consecuencia de los gases de efecto invernadero, sería una noticia bien recibida. Las termosolares, como otras fuentes energéticas que no suponen la quema de fósiles combustibles, las que producen CO2, han contado con el respaldo del movimiento ecologistas, las organizaciones y personas sensibilizadas e interesadas por el medio ambiente. Evidentemente, también las termosolares tienen que estar sujetas a las cautelas y los informes ambientales preceptivos. Cerca, en la colindante comarca del Marquesado, existen varias termosolares a las que hasta ahora nadie ha puesto ninguna objeción de tipo ambiental.

Pero resulta que esta termosolar, según el periodista que ejerce de corresponsal (del diario, del ayuntamiento bastetano o del PSOE local, según se mire), pretende captar el agua que necesitan para su refrigeración del río Castril. Sostiene que son 4 hm3. Evidentemente, esto sería una barbaridad para el ecosistema fluvial, el río, y el ecosistema de la vega. Las afecciones tendrían la importancia suficiente como para que cualquier persona interesada en preservar la integridad ecológica del río Castril hubiese mostrado su rechazo. ¿Pero qué sucede si el agua que se detrae no procede del río Castril como pretende hacernos ver el periodista en cuestión? Pues que si el caudal que se utiliza para la refrigeración proviene de aguas para regadío (como en la termosolar de Galera) o del acuífero captada mediante pozos (las del Marquesado), retornando nuevamente a su lugar de procedencia, entonces estaríamos hablando de un proyecto que nada tiene que ver con el río Castril. Y este es el caso que estamos tratando. Por más que se empeñe el periodista, el ayuntamiento de Cortes ni tiene competencias ni ha solicitado que se detraiga el agua del río Castril. Captada del acuífero mediante pozos, en la aldea de Campo de Cámara, a varios km. y decenas de metros de altitud por encima del río, si los aprueban las administraciones competentes, la vegetación y la vega del río Castril en nada podrán verse afectadas, ni se verán alterados los caudales que el río necesita para mantener el caudal ecológico y las necesidades de los regadíos tradicionales.

Estas son, precisamente, las consultas y los estudios que están en marcha. Nadie ha autorizado ni dado el visto bueno para que las aguas se detraigan del río Castril. Cualquier insinuación de connivencia respecto a esa posibilidad responde a la mente calenturienta de un periodista orgánico que ve cómo están perdiendo la batalla de la opinión pública ante la irracionalidad del trasvase.

No pueden justificar la emergencia cuando no hay sequía (reconocido oficialmente). Los argumentos para no aceptar el proyecto alternativo ahora se reducen a que tendrían que bombear el agua unos metros más si la cogen desde la desembocadura del río en el Negratín. Al parecer, esos metros de más en el bombeo, “cuestan” más que las obras del trasvase y, lo que es peor, ese costo es más importante que la muerte del río. También han inventado, inventado porque los informes oficialmente encargados lo desmienten, que la depuración y potabilización es más compleja. Algo hemos ganado, porque hasta ahora negaban que el agua detraída desde el proyectado punto de captación necesitase tal proceso de tratamiento.

Como muchos de estos aspectos han salido a luz pública en este mismo medio, y la rabieta en los dirigentes provinciales y locales del PSOE ha debido ser mayúscula, el periodista orgánico ha recurrido a sus privilegiadas fuentes informantes a ver de qué manera se puede desprestigiar a aquellos que pretenden entorpecer sus planes especulativos respecto a las aguas del río Castril. Lanzada la insidia contra el ayuntamiento de Cortes, ahora el turno le corresponde a la Plataforma. Para ello, nada mejor que contar con el alcalde de Castril.

Saca a colación, el periodista y quien le informa, todo en el mismo artículo, que el presidente de la Plataforma ha solicitado una embotelladora con agua de un manantial cuyas aguas vierten al río. Por supuesto esa solicitud no aparece por ningún lado, como tampoco se dice que la concesión del caudal de esa fuente (4 l/sg.) está asignada al propietario de la finca, que es de suponer que puede utilizarla para riego o para aquellos otros usos que, dentro de la ley, las autoridades puedan otorgarle. Esto es algo que, evidentemente, no tiene nada que ver con el trasvase del río, salvo el hecho, claro, de que el propietario de esa finca es el presidente de la Plataforma. Pero todo sea con el ánimo de sembrar un poco más de confusión.

Regresa el mito de la caverna. A decir verdad, nunca se fue. El reportaje de IDEAl del día 3 pareció una salida a la luz, como la vislumbrada por el preso cuando se libra de las cadenas y se aproxima lentamente la verdad, como narra el mito platónico. Pero el poder, los intereses y la manipulación mediática se mueven para que se crea que la realidad no es más que lo que reflejan: sombras que se proyectan sobre el fondo de la caverna. Fuera quedan los pozos ilegales, los políticos implicados en la apertura ilegal del pozo de S.Juan, las reconversiones de secano a regadío (Véase entradas de 22-11-09 y 11-08-10), la situación de los acuíferos, la llave del Portillo, el agua como negocio, el río Castril como factor económico, el dinero para los que mandan y viven del pesebre.

Pero su arrogancia y prepotencia les llevó a sobrepasarse a sí mismos. Creyeron que su poder se situaba incluso por encima de la ley que ellos mismos establecieron. Y lo pagaron. Lo han pagado, porque el decreto que los autorizaba para hacer y deshacer ha sido declarado por el Tribunal Supremo nulo de pleno derecho. Y ahora se han encontrado con la horna de su zapato, porque tendrán que responder ante el pode judicial. Por más periodistas orgánicos que utilicen para producir una imagen falsificada de la realidad.