Una incineradora de residuos tóxicos y peligrosos podría instalarse en la comarca.

El ayuntamiento de Huéscar, en votación de pleno ordinario, dio el visto bueno a la empresa “Plasma system group s.l.” para la instalación en su término municipal, en una zona conocida como Campo de Valentín y próxima a los términos municipales de Castril y Castilléjar, de la instalación de una incineradora de residuos tóxicos y peligrosos.

La propuesta de la empresa ha sido presentada como innovadora tecnológicamente, basada en la gasificación por plasma, de manera que, según los promotores, se habría conseguido eliminar el fuerte impacto ambiental negativo que provocan las incineradoras; es decir, que se trataría de una “planta incineradora ecológica”, de impacto ambiental nulo.

Esta propuesta, que ha convencido a la mayoría de los ediles oscenses, iba acompañada de las previsiones de creación de 300 puestos de trabajo y de dinero a mansalva para el ayuntamiento e, incluso, las asociaciones ciudadanas de Huéscar.

Pero cuando sorpresivamente aparece un suculento filón de riqueza en una olvidada, deprimida y mal comunicada comarca, es inevitable agudizar el sentido crítico e indagar acerca de los porqués y preguntarse si hay algo más allá de lo hasta ahora dicho y prometido. Realmente, ¿son tan limpias estas plantas incineradoras? Si lo son, ¿por qué instalarlas en una comarca mal comunicada? ¿Dónde se puede consultar el proyecto de la empresa? ¿Qué otras instalaciones similares hay funcionando en Europa? ¿Quién es la empresa promotora, qué experiencia tiene en el sector?

Los informes oficiosos han empezado a circular. La mayoría sostienen que se está faltando a la verdad y que los efectos medioambientales serán enormes en toda la comarca. Los argumentos en que se basan parecen demoledores. Por otro lado, hay acusaciones de que todo se trata de un fraude o estafa puesto en marcha en Huéscar, repitiendo experiencias de otros países.

Desde la administración de este blog hemos preguntado a Ecologistas en Acción y, asimismo, hemos hecho consultas en la delegación provincial de Medio Ambiente. El resultado ha sido el mismo. En Medio Ambiente nos han dicho que no les consta nada; y a Ecologistas en Acción les han respondido por escrito que no han recibido ningún proyecto de esas características.

Otras fuentes indican que, por ahora, lo que la empresa está tratando es de conseguir la aprobación inicial, para posteriormente presentar el proyecto y los grupos empresariales y financieros que lo pondrían en marcha.

En fin, todo muy confuso. Lo cierto es que las alarmas se han desatado en el vecino municipio y, poco a poco, se han ido extendiendo a todos los municipios colindantes. Por nuestra parte, con las cautelas necesarias, iremos comentando, conforme vayan adquiriendo fiabilidad, los estudios e informes, tanto los que ya están en curso como los que se puedan recabar en los próximos días.

La CHG tiene que retirar las tuberías. No pueden hacer de las obras del trasvase un nuevo “Nevada”.

El decreto del Gobierno por el que se adoptaban medidas excepcionales para combatir la sequía fue declarado nulo por el Tribunal Supremo. Por tanto, todas las consecuencias que se derivan de su aplicación, son nulas. Las obras del trasvase del río Castril se aprobaron como obras de emergencia aplicando dicho decreto. No hay más decreto que el 1419, nulo de pleno derecho, que apruebe la emergencia de las obras. Así, no cabe más que admitir la ilegalidad de las obras.

La CHG tiene que dar las instrucciones necesarias a la empresa para que inicie la retirada de los tubos. Las administraciones del Estado y los ayuntamientos por donde discurren las obras saben que estas son ilegales. El tiempo apremia y no podemos dar lugar a un nuevo caso “Nevada”. Ni ingeniería jurídica ni medidas dilatorias podrán negar lo evidente: las obras son ilegales, las expropiaciones también. No pueden intentar jugar con hechos consumados que dificulten la toma de decisiones. Las obras ejecutadas no alcanzan el 50 % de lo proyectado y queda lo más complicado. La Plataforma, el ayuntamiento de Cortes y las demás organizaciones que rechazan el proyecto actúan y van a actuar en consecuencia.

Ningún ayuntamiento, ninguna administración, central o de la Junta de Andalucía, puede mirar para otro lado. Los plazos se agotan y la sombra de nuevas denuncias se proyecta sobre ellas. El organismo de cuenca de la CHG debe actuar con inmediatez y olvidarse de las declaraciones demagógicas e interesadas de los políticos provinciales del PSOE. El nuevo Gobierno de la Junta tiene que retomar el diálogo sobre la base del proyecto que la Junta impulsaba consistente en la captación de aguas desde la desembocadura del río en el pantano del Negratín, y romper definitivamente la encerrona provocada por antiguos directivos de la CHG. Desde la Agencia Andaluza del Agua tienen que acabar con la irracionalidad en la gestión del agua en el vecino pueblo de Baza y acabar con los espurios intereses de algunos dirigentes comarcales del PSOE. La también nueva ejecutiva provincial del PSOE debe tomar la palabra.

No estamos acostumbrados, pero es un bello ejercicio de honradez reconocer los errores políticos y abrirse al diálogo tantas veces pedido. Eso estamos esperando.

La Plataforma responde ante las críticas recibidas por algunos alcaldes de la comarca de Baza

LOS ALCALDES DEL PSOE DE LA COMARCA DE BAZA DEJAN AL DESCUBIERTO, UNA VEZ MÁS, LAS MENTIRAS CON LAS QUE SE HA FUNDAMENTADO EL TRASVASE DEL RIO CASTRIL Y PRESIONAN PARA QUE SE REANUDEN LAS OBRAS, ACTUALMENTE ILEGALES

Los alcaldes del PSOE de la comarcas de Baza presionan para que se reanuden las obras a pasar de tener conocimiento de la sentencia del Tribunal Supremo declarando nulo de pleno derecho el Real Decreto de sequía 1419/2005 que amparaba jurídicamente la emergencia de las obras del trasvase y por el que se inicio el proceso de expropiación forzosa de los terrenos afectados. Esta sentencia fue comunicada por la Plataforma, por escrito y con registro de entrada, a todos los ayuntamientos afectados por las obras por lo cual no pueden alegar desconocimiento de la misma.

De igual manera, los alcaldes de la comarca de Baza dejan al descubierto parte de las mentiras con las que han intentado justificar el trasvase, ya que las obras se declararon de Emergencia por una supuesta necesidad puntual para el pueblo de Baza, según consta en el contrato de adjudicación de obras que la CHG firmó con la empresa colaboradora, con clave 05.318.0293/7511, título: OBRA DE EMERGENCIA PARA LA CONDUCCION DE ABASTRECIMIENTO A BAZA DESDE EL EMBALSE DEL PORTILLO. Ahora, según las declaraciones de dichos alcaldes, también serán para los pueblos de Zújar, Freila, Caniles y Benamaurel y seguramente, si consiguen terminar las obras del trasvase, el siguiente paso será enlazar la toma para el abastecimiento a la comarca del Almanzora, argumentando la mala calidad del agua del embalse del Negratín, pantano este que está abasteciendo de agua potable a otras partes Andalucía.

Aún así, tanto la Plataforma como la mayoría de los defensores del río Castril, no está en contra del uso del agua, sino de las obras del trasvase desde el pantano del Portillo, porque Baza puede obtener el agua igualmente, dado que se da la circunstancia que tres de los pueblos que ahora reclaman el agua la tienen en sus propios términos municipales (Baza, Zújar y Freila ), es decir, en el pantano del Negratín, donde el río desemboca.

En cuanto a las calidades del agua, hay estudios realizados por la empresa TECNOMA contratada por la CHG, que los ediles conocen y que confirma que las calidades del agua en la desembocadura del río Castril y del Portillo desde donde se pretenden captar, tienen calidades similares; incluso aconsejan, en las conclusiones finales, la captación desde la desembocadura del río para que no afecte a sus ecosistemas. También estudios realizados por la Diputación de Granada califican que la calidad del agua subterránea, que hay en los acuíferos de la zona (totalmente recuperados a fecha de hoy), es superior a la que se puede captar desde el propio embalse del Portillo.

Cabría preguntar a los alcaldes de la comarca qué es lo que quieren, si agua para sus pueblos o que se realicen las obras del trasvase, porque una cosa no conlleva la otra. Pedimos un ejercicio de sensatez, que dejen la demagogia y se sienten a dialogar con todas las partes afectadas para buscar una solución que preserve la integridad del río Castril.

Miguel Ortiz, pte. de la Plataforma por la Defensa del Río Castril.

El trasvase del río Castril y la hipocresía de los profesionales de la política.

Mucho se ha hablado del desprestigio y desafección de la política y los profesionales de ella por la ciudadanía. Los casos de corrupción, nepotismo y arribismo en que han incurrido y que continúan salpicando a tantos dirigentes políticos justifican en parte ese desapego y desinterés entre sectores mayoritarios de la población. Pero también produce desazón las mentiras y falta de pudor con que acomenten cotidianamente la gestión de los asuntos públicos.

¿Cuántas veces han dicho que las obras del trasvase del río Castril eran unas obras declaradas de emergencia por el art. 6 del decreto 1419/2005, de 25 de noviembre, prorrogada su viegencia hasta el 30 de noviembe de 2007, por el Real decreto-ley 9/2006, de 15 de septiembre? ¿Cuántas veces que, en consecuencia, es aplicable a las obras el procedimiento previsto en el art. 52.2 de la Ley de Exporpiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954? Está documentado en todos los expedientes, en el BOE, en los informes oficiales remitidos por las diferentes administraciones a los ayuntamientos, al Defensor del Pueblo, en el contrato de obras de la empresa adjudicataria, etc. y en múltiples declaraciones de casi todos los responsabels de las administraciones implicadas.

¿Acaso el Subdelegado de Gobierno, Sr. Cruz, no se ha referido a ello en diversas ocasiones? (véanse declaraciones del día 8-9-09). Pues ahora pretenden convencernos de que no es así. De que dicho decreto, anulado por el Tribunal Supremo, no amparaba dichas obras. En ningún momento reconocen que lo que habían dicho hasta ahora no era verdad. No se lo hemos oído decir al presidente de la CHG ni al Sr. Cruz. Sólo en un primer momento, el delegado de Medio Ambiente, pretendió quitarle importancia a la sentencia del Supremo suponiendo que podría corregirse. Los demás inventaron otras descabelladas justificaciones. Lo que sí que dijeron es que las obras, paralizadas por el ayuntamiento de Cortes de Baza mediante decreto de la alcaldía, se reemprenderían nada más pasar la Semana Santa. No ha sido así. Ha transcurrido una semana y las obras siguen paralizadas. La pregunta que ahora se formula es: ¿quién va a firmar la orden de ruptura de los precintos puestos por el ayuntamiento de Cortes para que la empresa prosiga las obras? Además, ¿quién se va a resposabilizar de la continuación de las obras?, ¿quién tendría que declarar por un posible delito de desacato?, ¿quién podría incurrir en prevaricación?

Luego, cuando se aproximen las elecciones, algunos vendrán a convencernos de la honradez, honestidad y honorabilidad de quienes se dedican a la gestión política. Pero su credibilidad es escasa. Si quieren recuperar algo de ella, reconozcan los errores, declaren la ilegalidad de las obras, retiren los tubos, restituyan el daño ocasionado en los cultivos e indemnicen a los agricultores afectados. Es poco, pero es algo. Empiecen por ahí.

El alcalde de Castril confirma hechos imputados y descalifica a la Plataforma. Miguel Ortiz responde mediante comunicado.

Tras publicarse la noticia de varios imputados por las irregularidades cometidas en las expropiaciones, entre ellos un representante de ayuntamiento, el alcalde de Castril ha realizado unas declaraciones en las que, como es habitual, ha tratado de descalificar a la Plataforma y su presidente, Miguel Ortiz, como promotores de la denuncia. Estas declaraciones pueden leerse en ideal.es y en granadahoy.es. A continuación publicamos la respuesta de Miguel Ortiz.

EL ALCALDE DE CASTRIL ADMITE QUE SÍ HUBO FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO EN LAS ACTAS DE EXPROPIACIÓN DEL TRASVASE, PERO SEGÚN SU VALORACION PERSONAL CONSIDERA QUE NO ES DELITO.

La Plataforma por la Defensa del Río Castril denuncia la actitud que mantiene el alcalde de Castril con el problema que esta generando a los afectados y ciudadanos de Castril en general el TRASVASE DEL RIO CASTRIL, y las obras y las expropiaciones que conlleva.

El alcalde de Castril, José Juan López Rodenas, lejos de defender los intereses de sus ciudadanos, se esta dedicando a coaccionar, insultar y amedrentar a los ciudadanos que no están de acuerdo con el trasvase y a los agricultores y afectados que están defendiendo sus tierras y que en muchos casos es su único modo de supervivencia.

En las expropiaciones que se están llevando a cabo para realizar las obras del trasvase, que son las que han denunciado los agricultores propietarios de las tierras, reconoce el alcalde que en el acta publica de ocupación de las mismas en las que es preceptivo, según el articulo 52 de la Ley de Expropiación forzosa, que haya un representante del ayuntamiento (alcalde o concejal), no sólo no estuvo presente ninguno de ellos, sino que dichas actas fueron firmadas a posteriori por personal del ayuntamiento que no estuvo presente en el acto.

El alcalde se defiende aludiendo que firmar un documento público que da fe de un acto sin estar presente en el mismo no es delito, porque según él no hubo voluntad de falsificar ni de de perjudicar a terceros.Pero esto ultimo habría que preguntárselo a los agricultores que les han destrozado sus fincas y arruinado sus cosechas y, en todo caso, deberá de ser el juez quien decida si es delito o no.

Por otro lado, las acusaciones que vierte sobre la Plataforma y su presidente es típico de una persona que, a falta de argumentos para defender su postura a favor del trasvase, se dedica a calumniar, hacer acusaciones falsas y que intenta contaminar el debate del trasvase y el posible delito que se ha cometido por falsedad en documento público.

Desde aquí queremos dejar claro que las personas que componen la Plataforma estamos defendiendo el río Castril antes de que él fuera alcalde, lo estamos defendiendo ahora que es alcalde y lo seguiremos defendiendo después de que deje de ser alcalde.

Y ante de las acusaciones de que va a pedir una investigación sobre las actividades privadas de Miguel Ortiz, creemos que debería empezar por hacer un ejercicio de transparencia política y dar a conocer sus actividades empresariales, en concreto con una empresa denominada "Turismo Rural López Ródenas", que entre sus fines sociales está la promoción y alquileres de viviendas y que constituyó unos meses después de entrar en la alcaldía; con qué dineros compró una finca de olivos con un cortijo y otra finca con una nave además del piso de lujo que se ha escriturado en el centro del pueblo, y que haga públicas las dos declaraciones de renta antes de que entrara al ayuntamiento para ver si tenía ingresos y profesión reconocida.

Miguel Ortiz. Presidente Plataforma por la Defensa del Río Castril.

Primeros imputados en la denuncia interpuesta por las expropiaciones con motivo del trasvase

Comunicado de la PLATAFORMA POR LA DEFENSA DEL RÍO CASTRIL


Citan como imputados a personal del ayuntamiento de Castril y a la empresa constructora en la denuncia interpuesta por los afectados de las obras del trasvase debido a irregularidades en la tramitación de las expropiaciones.



Las personas afectadas por las expropiaciones con motivo del trasvase, apoyadas por La Plataforma por la Defensa del Río Castril, interpusieron una denuncia ante el juzgado de Huéscar al considerar vulnerados sus derechos en el proceso de expropiaciones llevado a cabo por la CHG en la vega del río Castril.

Estas personas en ningún momento fueron informados acerca de cuáles eran las partes de sus fincas afectadas, no aceptaron ni firmaron la propuesta de la Confederación, alegaron contra ella sin recibir respuesta, no estuvo presente en el levantamiento de actas ningún representante municipal -como es preceptivo según el Art. 52 de la ley de expropiación forzosa- pero que, sin embargo, cuando estas actas fueron posteriormente recibidas sí venían firmadas por personal del ayuntamiento, hubo invasión de terrenos que ni siquiera estaban en proceso de expropiación, etc.

Nada de ello fue óbice para que la empresa entrara en las fincas y destrozara los cultivos. Los agricultores denunciaron en el juzgado esta irrupción y destrozos en sus fincas. El proceso judicial ha dado sus primeros pasos: el juez ha citado a declarar como imputados a personal del ayuntamiento de Castril y a la empresa que ejecuta las obras. La Plataforma espera que se haga justicia ante tal acúmulo de irregularidades, y más en un momento en que el Tribunal Supremo ha declarado nulo de pleno derecho el decreto que amparaba dichas expropiaciones. Con esta nueva decisión judicial esperamos que se ponga freno a la sinrazón, se paralice definitivamente el trasvase del río Castril, se restituya el daño ocasionado y se indemnice a los agricultores.

Desde la Plataforma apoyamos la iniciativa realizada por el Ayuntamiento de Cortes, y denunciamos las mentiras y la hipocresía con la que está actuando la administración en este tema, recordando que en ningún momento se está poniendo en peligro el abastecimiento de agua a los pueblos presuntamente necesitados.


c-e plataformariocastril@hotmail.com

La Plataforma convoca a las personas afectadas por las expropiaciones debidas al trasvase en la caseta de Las Almontaras

Texto del cartel de la reunión convocada por la Plataforma por la Defensa del Río Castril.


Ante las nuevas circunstancias de la anulación del Real Decreto de Sequía 1419/2005 por el Tribunal Supremo en el cual se sustentaban jurídicamente las obras y expropiaciones del trasvase del río Castril.

LA PLATAFORMA POR LA DEFENSA DEL RIO CASTRIL

CONVOCA REUNIÓN PARA TODAS LAS PERSONAS AFECTADAS POR LAS EXPROPIACIONES DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

Lugar: caseta municipal, LAS ALMONTARAS
Día y hora: lunes 5. A las 20: 30 horas.

- Actuaciones a seguir por los afectados una vez declarado nulo el Real Decreto de Sequía 1419/2005 por el Tribunal Supremo.
- Demandas de indemnización de todos los afectados por las expropiaciones.
- Contaremos con la presencia del abogado y de un ingeniero agrónomo para el que quiera hacer un informe de los daños ocasionados en sus fincas.
-Ruegos y preguntas


¡NO AL TRASVASE DEL RÍO CASTRIL!