Colaboración con la Plataforma por la Defensa del Río Castril

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21.4.10

La CHG tiene que retirar las tuberías. No pueden hacer de las obras del trasvase un nuevo “Nevada”.

El decreto del Gobierno por el que se adoptaban medidas excepcionales para combatir la sequía fue declarado nulo por el Tribunal Supremo. Por tanto, todas las consecuencias que se derivan de su aplicación, son nulas. Las obras del trasvase del río Castril se aprobaron como obras de emergencia aplicando dicho decreto. No hay más decreto que el 1419, nulo de pleno derecho, que apruebe la emergencia de las obras. Así, no cabe más que admitir la ilegalidad de las obras.

La CHG tiene que dar las instrucciones necesarias a la empresa para que inicie la retirada de los tubos. Las administraciones del Estado y los ayuntamientos por donde discurren las obras saben que estas son ilegales. El tiempo apremia y no podemos dar lugar a un nuevo caso “Nevada”. Ni ingeniería jurídica ni medidas dilatorias podrán negar lo evidente: las obras son ilegales, las expropiaciones también. No pueden intentar jugar con hechos consumados que dificulten la toma de decisiones. Las obras ejecutadas no alcanzan el 50 % de lo proyectado y queda lo más complicado. La Plataforma, el ayuntamiento de Cortes y las demás organizaciones que rechazan el proyecto actúan y van a actuar en consecuencia.

Ningún ayuntamiento, ninguna administración, central o de la Junta de Andalucía, puede mirar para otro lado. Los plazos se agotan y la sombra de nuevas denuncias se proyecta sobre ellas. El organismo de cuenca de la CHG debe actuar con inmediatez y olvidarse de las declaraciones demagógicas e interesadas de los políticos provinciales del PSOE. El nuevo Gobierno de la Junta tiene que retomar el diálogo sobre la base del proyecto que la Junta impulsaba consistente en la captación de aguas desde la desembocadura del río en el pantano del Negratín, y romper definitivamente la encerrona provocada por antiguos directivos de la CHG. Desde la Agencia Andaluza del Agua tienen que acabar con la irracionalidad en la gestión del agua en el vecino pueblo de Baza y acabar con los espurios intereses de algunos dirigentes comarcales del PSOE. La también nueva ejecutiva provincial del PSOE debe tomar la palabra.

No estamos acostumbrados, pero es un bello ejercicio de honradez reconocer los errores políticos y abrirse al diálogo tantas veces pedido. Eso estamos esperando.

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