El trasvase del río Castril y la hipocresía de los profesionales de la política.

Mucho se ha hablado del desprestigio y desafección de la política y los profesionales de ella por la ciudadanía. Los casos de corrupción, nepotismo y arribismo en que han incurrido y que continúan salpicando a tantos dirigentes políticos justifican en parte ese desapego y desinterés entre sectores mayoritarios de la población. Pero también produce desazón las mentiras y falta de pudor con que acomenten cotidianamente la gestión de los asuntos públicos.

¿Cuántas veces han dicho que las obras del trasvase del río Castril eran unas obras declaradas de emergencia por el art. 6 del decreto 1419/2005, de 25 de noviembre, prorrogada su viegencia hasta el 30 de noviembe de 2007, por el Real decreto-ley 9/2006, de 15 de septiembre? ¿Cuántas veces que, en consecuencia, es aplicable a las obras el procedimiento previsto en el art. 52.2 de la Ley de Exporpiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954? Está documentado en todos los expedientes, en el BOE, en los informes oficiales remitidos por las diferentes administraciones a los ayuntamientos, al Defensor del Pueblo, en el contrato de obras de la empresa adjudicataria, etc. y en múltiples declaraciones de casi todos los responsabels de las administraciones implicadas.

¿Acaso el Subdelegado de Gobierno, Sr. Cruz, no se ha referido a ello en diversas ocasiones? (véanse declaraciones del día 8-9-09). Pues ahora pretenden convencernos de que no es así. De que dicho decreto, anulado por el Tribunal Supremo, no amparaba dichas obras. En ningún momento reconocen que lo que habían dicho hasta ahora no era verdad. No se lo hemos oído decir al presidente de la CHG ni al Sr. Cruz. Sólo en un primer momento, el delegado de Medio Ambiente, pretendió quitarle importancia a la sentencia del Supremo suponiendo que podría corregirse. Los demás inventaron otras descabelladas justificaciones. Lo que sí que dijeron es que las obras, paralizadas por el ayuntamiento de Cortes de Baza mediante decreto de la alcaldía, se reemprenderían nada más pasar la Semana Santa. No ha sido así. Ha transcurrido una semana y las obras siguen paralizadas. La pregunta que ahora se formula es: ¿quién va a firmar la orden de ruptura de los precintos puestos por el ayuntamiento de Cortes para que la empresa prosiga las obras? Además, ¿quién se va a resposabilizar de la continuación de las obras?, ¿quién tendría que declarar por un posible delito de desacato?, ¿quién podría incurrir en prevaricación?

Luego, cuando se aproximen las elecciones, algunos vendrán a convencernos de la honradez, honestidad y honorabilidad de quienes se dedican a la gestión política. Pero su credibilidad es escasa. Si quieren recuperar algo de ella, reconozcan los errores, declaren la ilegalidad de las obras, retiren los tubos, restituyan el daño ocasionado en los cultivos e indemnicen a los agricultores afectados. Es poco, pero es algo. Empiecen por ahí.