La Fiscalía imputa al ex alcalde
de Castril, José Juan López Ródenas, de presuntos delitos de prevaricación,
malversación de caudales públicos y falsedad en documentación pública. Los
indicios manejados por la Fiscalía, a consecuencia del informe de gestión
contable, muestran solo una parte de la realidad. Porque la gestión de JJ fue
mucho más allá. No se limitó solo a esas irregularidades.
El Centro Saramago se gestionó
como un fondo de reptiles. Al igual que la Junta de Andalucía en esos años
utilizó los fondos para subvenciones y ayudas según sus particulares redes
clientelares, las subvenciones del Centro Saramago fueron utilizadas por su
gerente con el mismo criterio. En ningún caso funcionó el más mínimo control
del dinero público. Dos años y medio después se ignora cómo se gestionaron las
aportaciones y subvenciones recibidas durante esos años en que el dinero fluía
alegremente sin control alguno. Las decisiones sobre gasto fueron tomadas a libre discrecionalidad por el
gerente y ex alcalde. No hay registro o documento que pueda arrojar luz sobre
el destino real de ese dinero. Es de suponer que existirán movimientos en las
cuentas bancarias, para nadie ha tenido acceso a ellas. Lo que sí han aparecido
son numerosas reclamaciones personales sobre deudas pendientes de cobro.
Algunas han acabado en el juzgado, reconociendo la deuda y condenando al Centro.
Pero como carece de ingresos en la actualidad, los proveedores con los que
tienen contraídas las deudas no pueden cobrarlas, por lo que están indignados. A algunos se les deben
cantidades que superan la media de los ingresos anuales de las familias
castrileñas.
La denuncia interpuesta por la
Fiscalía se refiere, por ahora, a los gastos e irregularidades de la gestión
del ayuntamiento. Los indicios apuntan a tres posibles delitos. Habrá que
esperar a la sentencia definitiva para
juzgar la gravedad y dar por válida la veracidad de los mismos. Pero todo
indica que el ex alcalde gestionó el ayuntamiento y el dinero público como si
de su propiedad se tratara. Todo un síntoma de la catadura moral del ex
alcalde. Y lo que apunta la Fiscalía es sólo la punta del iceberg de lo que fue
una despótica gestión.
No es un delito, no está recogido
en el código penal, pero lo más doloroso que sufrió el pueblo fue el ignominioso
acuerdo que el ex alcalde estableció con la CHG para que se efectuara el
trasvase del río a escondidas de la población. Este acuerdo que puso en marcha
el ilegal trasvase, cuando pudo ser advertido, provocó la mayoritaria
respuesta del pueblo de Castril. El ex alcalde no solo se situó en contra del
pueblo, de su medio de vida y de un símbolo de su identidad, sino que trató de evitar (siguiendo el acuerdo al que llegó con P. Delgado) las respuestas
impidiendo reuniones (amparadas por la Constitución en esta incipiente
democracia) o el uso de locales públicos. Como si las dependencias municipales,
el Centro Saramago y el Centro de visitantes del parque natural fuesen locales
de uso personal. La persecución que hizo de sus oponentes desde el poder que le
permitía la alcaldía, el estar en el partido que controlaba la mayoría de las
instituciones del país, y el contar con
medios de comunicación (de desinformación y manipulación) proclives a los
intereses de su partido, fue implacable, situándose fuera de la ley en
numerosas ocasiones.
El desprecio por la democracia y
las libertades del que hizo gala el ex alcalde tuvo el apoyo de los dirigentes
provinciales de su partido. Además, en esa borrachera de poder y desprecio del
derecho, el Gobierno y la CHG continuaron con las obras del trasvase a pesar de
haber sido declaradas nulas de pleno derecho por el Tribunal Supremo. El ex
alcalde fue un fiel colaborador en la represión sufrida en aquellos infames
días. Aprovechaba cualquier ocasión, fuese un programa de fiestas, una
entrevista en la radio, o un encuentro con sus dirigentes políticos, para
falsear la realidad y mentir sobre quienes protestaban por el trasvase del río.
Y no dudó en utilizar información confidencial para, una vez
descontextualizada, difamar sobre sus oponentes. Para frenar las movilizaciones
en contra del trasvase, tampoco dudó en mentir y utilizar, con el apoyo de
instituciones y dirigentes de su partido, temas como el de los nuevos regadíos
(que nunca llegaron), cuyo logro pretendían ligarlo a la aceptación del
trasvase. Sería largo de exponer la gestión de quien utilizó la alcaldía por
encima del derecho y de la ley. En este blog hemos narrado muchos de aquellos
acontecimientos.
Finalmente ha sido imputado por
el uso (y abuso) del dinero público en unos cuantos escándalos. Pero sobre el
resto de los asuntos, aunque no sean juzgados en los tribunales, es al pueblo a
quien corresponde hacer justicia expresándolo en las urnas. Si no es
inhabilitado por los hechos denunciados, que sean las urnas quienes dictaminen
el lugar que le corresponde a quien despreció la legalidad democrática
conquistada con mucho esfuerzo tras los 40 años de dictadura: nunca más en la
alcaldía de este pueblo.
