El portavoz del PSOE anuncia que su partido estudia medidas judiciales contra los que han difundido informaciones sobre su gestión.

José Juan López, ante las informaciones aparecidas en los medios acerca de las irregularidades sobre su gestión en los últimos cuatro años (2007-11), dice que su partido, el PSOE, está estudiando medidas judiciales contra los que las han divulgado. Señala al recién dimitido alcalde, a Izquierda Unida  y, en particular, a un trabajador contratado por la empresa que realizaba la auditoría de los años 2007-11 como responsables de la misma.

No es la primera vez que el portavoz del PSOE acude a la dirección provincial de su partido con esa peculiar petición. Y tampoco nos extrañaría que se lo tomaran en serio. Es difícil creerlo, pero de la organización provincial del PSOE granadino cualquier medida, incluidas las de corte fascista, son creíbles a la vista de comportamientos anteriores. Es verdad que nos referimos a la dirección provincial anterior a la actual, hace pocos años, en la que se encontraban personajes como como De la Chica, Caler, Quirante, etc., y Antonio Cruz como subdelegado de Gobierno. Entonces dijeron públicamente que investigarían a los defensores del río Castril. Una investigación de la que desconocemos los medios que utilizaron, pero que, dado el enorme poder institucional y de recursos que acumulaban, pudieron haber rastreado toda la información que hoy es posible saber de cualquier ciudadano/a. A fecha de hoy seguimos sin saber los resultados. Pero su desprecio al Estado de derecho no se limitó a esa investigación. Ese desprecio por los derechos y libertades y la prepotencia fascistoide también se puso de manifiesto con la utilización de los cuerpos de seguridad del Estado para, en contra de la ley y del derecho, reprimir a las personas que se concentraban en defensa de sus tierras y del río Castril, tanto de Cortes (donde establecieron un virtual estado de sitio) como de Castril, y que se encontraban amparados en la sentencia del Supremo que había declarado nulo de pleno derecho el decreto bajo el cual se aprobaron las obras y las expropiaciones del trasvase.

Ahora, si no es un farol, por lo inverosímil de la noticia, se anuncia que se ha acudido a la dirección provincial del PSOE. Pero estos dirigentes provinciales deben saber que, si se han detectado irregularidades que pueden ser constitutivas de delito en los años en que José Juan López ejerció la alcaldía, lo que están obligados a hacer es a requerir toda la información disponible y ponerla en manos de la Justicia. Igual que tienen que hacer los responsables del consistorio castrileño. Nadie puede mirar para otro lado. Entre otras cosas, porque actuarían contra la ley por un posible delito por omisión del deber de colaboración con la Justicia. Y aquí no valen las monsergas que se inventa el portavoz municipal del PSOE, y algunos reproducen una vez más haciendo gala de su ignorancia y de la que poseen las fuentes que les asesoran, sobre la invalidez jurídica del informe que ha puesto al descubierto las irregularidades. Al igual que sucedió con la “cuestión de confianza a la que el alcalde estaba abocado” cuando no se aprobaron los presupuestos, desbarran otra vez.

El portavoz del PSOE tiene derecho a defenderse de las acusaciones de las que es objeto. Pero sólo de eso y dentro de la ley. No puede arbitrariamente decir que ha habido filtraciones por parte del trabajador contratado por la empresa auditora de los hallazgos que en el curso de su trabajo encontraba. Eso es una acusación por la que puede ser denunciado. Literalmente escribe en una de las diversas ocasiones que lo señala directamente:

“Tampoco se irá de rositas el dichoso “auditor” ya mencionado, como ayudante de los auditores contratado, si, como parece demostrado, a sus obligaciones ha faltado y es responsable de filtrar, publicar o comentar datos sin estar autorizado.”

No se permite, José Juan López, elucubrar con la posibilidad de que el cliente del informe sobre la gestión contable haya realizado con esa información lo que hubiera considerado conveniente. Parece interesarle más cargar contra ese trabajador. Ha lanzado insinuaciones de connivencia política con el ex alcalde Miguel Pérez, precisamente él, en cuya etapa el nepotismo fue una constante, con las que pretende negarle a Francisco Ortiz Soria el derecho a trabajar para una empresa (que muchos meses antes había sido contratada por el ayuntamiento), por el hecho de que ocupara un puesto en la candidatura de Nuevo Castril en las elecciones pasadas. Increíble. Por extensión, ningún candidato/a podría trabajar para una empresa que fuera contratada por el ayuntamiento. Desconocíamos que el derecho al trabajo tuviera esas limitaciones. Pero entonces, José Juan López tendría que mirar si, en su gestión, no vulneró esa limitación (que es contraria a los derechos fundamentales) que ahora exige.

Todo esto, la verdad, es que suena a broma, si no es porque hablamos de los derechos de una persona y de un trabajador. Francisco Ortiz Soria es licenciado en Económicas y Máster en Finanzas. Y en Castril no parece que abunden dichos titulados/as. Por eso, una empresa que necesitaba contratar a un trabajador con ese perfil durante unas semanas, le ofreció tal posibilidad, y él, que para eso ha estudiado, no sin esfuerzo y con mucho mérito, compatibilizando con trabajos en la agricultura para obtener los ingresos económicos que le permitieran proseguir los estudios, lo aceptó. Y como buen profesional y a pesar de la poca colaboración que a veces ha recibido, lo hizo de manera intachable y con los parabienes de la empresa que lo contrató.

Sin embargo, aparece señalado, contra lo que estaría profesionalmente obligado, como causante de la divulgación de las acusaciones contra José Juan López. Además, yendo más lejos, se permite el portavoz del PSOE publicar fotos personales de Francisco Ortiz Soria en el blog desde el que le lanza las acusaciones. Esta manipulación, con fotos y falsas acusaciones, no es la primera vez que José Juan López difunde. Y en este sentido la ley de protección de datos personales es bastante clara. Cruzar la línea puede admitirse alguna vez en el debate político. Hacerlo contra un profesional que realiza dignamente su trabajo, es inadmisible siempre. Cada cual, moral y jurídicamente, es responsable de lo que  hace. José Juan López, también.