Juicio contra el ex alcalde de Castril por los carteles en los que acusaba a una vecina de ser el motivo de la supresión de la fiesta de las migas.

Hace ya algún tiempo, a propósito de las primeras declaraciones tras la apertura del proceso judicial, comentábamos el hecho por el que hoy tendrá que declarar en el juzgado de Huéscar como imputado el ex alcalde José Juan López. Entonces decíamos lo siguiente:

“Uno de los muchos acontecimientos que mostraban esa forma tiránica de ejercer la alcaldía sucedió a finales de agosto del 2010, cuando sorpresivamente aparecieron unos carteles en los que se denunciaba la suspensión de la tradicional fiesta de las migas y se culpabilizaba de ello a una persona determinada. No era la primera vez que el entonces alcalde acusaba por escrito, con nombres y apellidos, a vecinos y vecinas de Castril de conspiraciones, intereses ocultos y animadversiones diversas que tenían por objeto el entorpecimiento de sus planes. Desde luego, no existen precedentes de actuaciones similares por parte de ningún alcalde en Castril, ni en ningún otro lugar que conozcamos.

 ¿Qué pretendía el alcalde con ese inaudito cartel? Está claro que desprestigiar a esa persona ante el pueblo. Y todo ello porque mantenía con ella, con su empresa familiar, un litigio respecto a la responsabilidad acerca del ruido en negocios hosteleros próximos, lo que había dado lugar a las correspondientes quejas ante el ayuntamiento e, incluso, una denuncia ante la Guardia Civil. La sorpresa para las personas que conocían la existencia de ese litigio fue mayúscula. ¿Qué tienen que ver un tema con otro? ¿Qué tiene que ver los ruidos denunciados con las migas previstas? Nada. Pero para quienes desconocían los hechos, al indicar en el susodicho cartel que la causa de la suspensión era la denuncia interpuesta contra “la celebración de actividades lúdicas en el área recreativa municipal”, el motivo estaba claramente inducido: se pretendía que esa persona quedara señalada como responsable ante el pueblo. La excusa, una denuncia por ruidos de unas actividades concretas, servía de chivo expiatorio para tratar de “crucificar” a la persona y la empresa familiar. El cartel, colocado por cualquier vecino o vecina, por calumnioso e injurioso, sería objeto de denuncia judicial. Pero colocado por el que era entonces alcalde, adquiere una gravedad mayor. Por eso, fue interpuesta la correspondiente denuncia judicial. Y el día 21 se abrirá el proceso con la toma de declaración de José Juan López como inculpado en el presunto delito. Veremos qué se decide y sentencia finalmente. Pero lo que esta denuncia pone de manifiesto es una muestra más de lo que fue el ejercicio de la alcaldía por José Juan López”.

Otras situaciones parecidas, en las que el ejercicio tiránico de la alcaldía le llevaron a despreciar los más elementales principios éticos, derechos fundamentales y libertades públicas, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, vulnerando en la práctica aspectos recogidos en la ley de protección de datos de carácter personal, se produjeron esos años en los que José Juan López era el alcalde del consistorio. Por poner algunos ejemplos, recordemos cómo un escrito dirigido al alcalde por un vecino (en el que se formulaban diversas preguntas al alcalde), que posteriormente sería presidente de la Plataforma por la Defensa del Río, apareció en un medio de comunicación para, apoyándose en el contenido de dicho escrito (y falsamente interpretado), desprestigiar desde ese medio, con acusaciones sobre intereses ocultos, las movilizaciones que se emprendían contra el trasvase. También podemos recordar otra ocasión en la que un numeroso grupo de padres y madres se dirigió al alcalde expresando su malestar por el deficiente estado higiénico que presentaba el patio del colegio de arriba. Copia de este escrito, con los datos de los firmantes, sería entregado a un negocio particular (que nada tenía que ver con la queja), pretendiendo con ello desviar la responsabilidad que el ayuntamiento tiene sobre la limpieza del colegio y tratando de generar un conflicto entre padres y madres del alumnado y dicho negocio. Ambas situaciones, y otras muchas podrían, haber sido objeto de denuncia contra el alcalde por ser constitutivas de un presunto delito tipificado en la ley antes mencionada. Algún vecino/a se decidió, como es el caso comentado de los carteles sobre las migas, y ahora es la justicia quien dictará sentencia.