La Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, según fuentes consultadas, ha dado instrucciones de que se siga
con el proceso de expropiaciones, pues considera que no hay ningún obstáculo
legal que impida hacerlo. Parece ser que se cuenta con la conformidad de la
abogacía del Estado. Situación a todas luces esperpéntica, por cuanto el auto
del Supremo ordena la paralización no sólo de las obras, sino del proceso de
expropiaciones. Asimismo ordena expresamente que se dé traslado de la
resolución al ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, de quien depende la
propia CHG.
En consecuencia, continúan
llegando cartas remitidas desde la subdelegación de Gobierno (véase entrada del
6 de junio). En ellas se señala el justiprecio establecido por el jurado de
expropiaciones forzosas, muy superior al inicialmente establecido. Pero con
este anzuelo en la actual época de crisis, y que vendría muy bien a los
bolsillos más ajustados -los de casi todos/as-, la CHG pasaría a ser la
propietaria de los terrenos y tendría el derecho de ocupación de otros al
margen de las vicisitudes que sufra el proyecto de trasvase (o cualquier otro
que se propongan en el futuro); por lo que las familias agricultoras perderían
esas tierras, y los beneficios que de ellas podrían obtener, para siempre. Y
habremos dejado una puerta abierta a la especulación y a la destrucción del río
por parte de la CHG.
Pero dado que con la ley en la
mano, la CHG no puede actuar contra lo decidido por el Supremo, cabe la
posibilidad de interponer recurso e, incluso, una querella penal contra quienes
han decidido tamaño despropósito. Por ello, la Plataforma por la Defensa del
Río convocará reuniones con todos/as los afectados por las expropiaciones para
sumarse a estas iniciativas. De momento, lo que se pide, es que cada persona de
las que les llegue la carta lo ponga en conocimiento de alguien de la
Plataforma o que le entregue una fotocopia
de ella. Más adelante se informará de las reuniones (en esta legislatura,
frente a la anterior, sí está garantizado el ejercicio del derecho de reunión)
que al efecto se convocarán en locales municipales.
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