El Gobierno impone planes de ajuste a los ayuntamientos que se acogen a los créditos para pago a proveedores. Situación difícil en el ayuntamiento de Castril para reducir gastos.

Que se pueda facilitar el pago de deudas a proveedores, es una buena noticia. Pero que se haga facilitando la intermediación y el negocio por los bancos, encareciendo por tanto la devolución de los créditos, lo es menos. Sobre todo contando con un instrumento público como el ICO (Instituto de Crédito Oficial), cuya función es precisamente esa, la de facilitar financiación a los ayuntamientos. Acudir a la financiación privada responde a unos criterios políticos al servicio de los intereses del sector financiero.

Pero el asunto es más grave y complicado. El Gobierno aprobó una reforma laboral que precariza las condiciones de trabajo y facilita el despido. Y ella es aplicable también para empleado/as públicas. En esta situación, el plan de ajuste al que obliga el Gobierno a los ayuntamientos que se acogieron a la ley de acceso al crédito para pago a proveedores, podría suponer recortes sobre los empleados/as si el equipo de gobierno lo decide.

El ayuntamiento de Castril tiene que reducir gastos sobre años anteriores en una cuantía aún por determinar pero superior a los 300.000 euros. Ello tendrá que hacerse antes de que termine el mes. Pero sea como fuere, una cosa tiene que quedar clara para el equipo de gobierno: no puede haber recortes de plantilla ni de sueldo entre trabajadores/as municipales. Tampoco subida de los impuestos que gravan servicios básicos de la población de Castril. Y mucho menos suprimiendo o reduciendo servicios públicos básicos. ¿De dónde reducir gasto? Que empiecen por el sueldo de los concejales. Hay 4 liberaciones con carácter exclusivo. Pues de ahí tiene que salir una parte de la reducción. En segundo lugar, recuperar la encomienda de gestión atribuida a la APAT (Agencia Provincial de Administración Tributaria) para la recaudación de determinados tributos locales, con la consiguiente recuperación del porcentaje que por ese trabajo le corresponde. Junto a todo esto, una reducción del capítulo II del presupuesto de gastos; entre ellos los destinados a fiestas y festejos. Estas medidas y otras que sean necesarias, van a necesitar del acuerdo dialogado de las cuatro fuerzas que hoy gobiernan en el ayuntamiento. No obstante, habrá que esperar unos días a ver qué propone la Diputación de Granada. En fin, como decimos, complicada situación en la que habrá que tomar decisiones con consecuencias nada gratificantes para el ayuntamiento y para el pueblo.