En anteriores ocasiones nos hemos referido a la tubería de fibrocemento que conduce el agua de abastecimiento desde el arroyo de Juan Ruiz. El fibrocemento contiene amianto, que es una sustancia cancerígena y que está prohibido su uso desde 2001. Dada las frecuentes roturas de la tubería, tanto los trabajadores que la manipulaban como los vecinos y vecinas que consumían y consumen dicha agua, han podido estar en situaciones de riesgo. Por ello, algunos partidos políticos en su programa electoral llevaban incluida la sustitución inmediata de la tubería.
Si se revisan las entradas en que hemos hecho referencias en este blog (véase pinchando la etiqueta “abastecimiento Castril”) puede comprobarse la indignación que nos producía la pasividad de la anterior corporación respecto a este tema. La concejal de IU en el ayuntamiento, responsable del área de Medio Ambiente, cumpliendo con lo prometido en la campaña electoral, decidió poner orden en el ciclo integral del agua, desde el abastecimiento a los vertidos, solucionando los problemas que se venía padeciendo desde hacía tiempo. Por ello, y ya refiriéndonos al agua de abastecimiento, se ha visto en la obligación de alertar a la población y a los poderes públicos de la situación sumamente peligrosa e ilegal en que Castril se encuentra, no habiendo más responsables que la anterior corporación presidida por José Juan López (más preocupada en proporcionar agua a poblaciones que no son de la cuenca del río Castril y que no lo necesitan) y las administraciones de la Junta, que no han abierto las líneas de financiación necesarias.
La dirección provincial de IU va a exigir a las administraciones la sustitución de la tubería, pues su coste no puede ser asumido por el propio ayuntamiento de Castril. En este caso, el actual equipo de gobierno, con el alcalde al frente, han decidido trabajar juntos en diferentes iniciativas. La empresa no es fácil, pero si las administraciones no se hacen eco de las denuncias se podría estar incurriendo en un delito contra la salud pública y la seguridad de los trabajadores. La oposición, a través del ex alcalde, critica que el problema se haya dado a conocer a través de diferentes medios de comunicación. Entienden que eso perjudica la imagen de Castril y que, consiguientemente, puede suponer una merma en la afluencia de turistas. Dicho con otras palabras: que el dinero es más importante que la salud y que la población no debe saber los riesgos que podría correr al consumir agua. En fin, personajes como este es lo que hubieran necesitado también Palomares, Chernóbil o Fukushima para convertirse en grandes centros para el turismo o buenos exportadores de verduras. ¿La salud de la población, de los visitantes o consumidores? En los planteamientos desarrollistas no caben estas consideraciones. Y si para asegurar el beneficio de unos pocos hay que ocultar la realidad aún con esos riesgos, no hay escrúpulos en hacerlo. Es una vieja práctica que también a nivel local hemos padecido, desde el propio ayuntamiento.
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