El ayuntamiento presiona para que se solucionen los problemas del agua potable en Castril

En anteriores ocasiones nos hemos referido a la tubería de fibrocemento que conduce el agua de abastecimiento desde el arroyo de Juan Ruiz. El fibrocemento contiene amianto, que es una sustancia cancerígena y que está prohibido su uso desde 2001. Dada las frecuentes roturas de la tubería, tanto los trabajadores que la manipulaban como los vecinos y vecinas que consumían y consumen dicha agua, han podido estar en situaciones de riesgo. Por ello, algunos partidos políticos en su programa electoral llevaban incluida la sustitución inmediata de la tubería.

Si se revisan las entradas en que hemos hecho referencias en este blog (véase pinchando la etiqueta “abastecimiento Castril”) puede comprobarse la indignación que nos producía la pasividad de la anterior corporación respecto a este tema. La concejal de IU en el ayuntamiento, responsable del área de Medio Ambiente, cumpliendo con lo prometido en la campaña electoral, decidió poner orden en el ciclo integral del agua, desde el abastecimiento a los vertidos, solucionando los problemas que se venía padeciendo desde hacía tiempo. Por ello, y ya refiriéndonos al agua de abastecimiento, se ha visto en la obligación de alertar a la población y a los poderes públicos de la situación sumamente peligrosa e ilegal en que Castril se encuentra, no habiendo más responsables que la anterior corporación presidida por José Juan López (más preocupada en proporcionar agua a poblaciones que no son de la cuenca del río Castril y que no lo necesitan) y las administraciones de la Junta, que no han abierto las líneas de financiación necesarias.

La dirección provincial de IU va a exigir a las administraciones la sustitución de la tubería, pues su coste no puede ser asumido por el propio ayuntamiento de Castril. En este caso, el actual equipo de gobierno, con el alcalde al frente, han decidido trabajar juntos en diferentes iniciativas. La empresa no es fácil, pero si las administraciones no se hacen eco de las denuncias se podría estar incurriendo en un delito contra la salud pública y la seguridad de los trabajadores. La oposición, a través del ex alcalde, critica que el problema se haya dado a conocer a través de diferentes medios de comunicación. Entienden que eso perjudica la imagen de Castril y que, consiguientemente, puede suponer una merma en la afluencia de turistas. Dicho con otras palabras: que el dinero es más importante que la salud y que la población no debe saber los riesgos que podría correr al consumir agua. En fin, personajes como este es lo que hubieran necesitado también Palomares, Chernóbil o Fukushima para convertirse en grandes centros para el turismo o buenos exportadores de verduras. ¿La salud de la población, de los visitantes o consumidores? En los planteamientos desarrollistas no caben estas consideraciones. Y si para asegurar el beneficio de unos pocos hay que ocultar la realidad aún con esos riesgos, no hay escrúpulos en hacerlo. Es una vieja práctica que también a nivel local hemos padecido, desde el propio ayuntamiento.

Amplio seguimiento de las actividades culturales y festivas programadas por el ayuntamiento durante el mes de agosto.

Tras las tradicionales migas en la plaza, acabaron las actividades culturales y festivas organizadas por el ayuntamiento. En general, podemos decir que han sido todo un éxito. Las conferencias fueron seguidas con un interés superior al esperado, los espectáculos musicales masivamente secundados, el teatro estuvo abarrotado, también el cine tuvo una buena acogida y los niños se divirtieron en las actuaciones especialmente programadas para ellos. Animada hasta el amanecer estuvo la verbena del sábado día 20 en la plaza Hernando de Zafra donde fue instalada una barra por la Plataforma por la Defensa del Río Castril. Se trataba de recaudar fondos para los múltiples gastos que la defensa del río genera. Algunos establecimientos hosteleros apoyaron solidariamente cediendo algunas provisiones e, incluso, cerrando e invitando a sus clientes a que participaran en la barra solidaria.

Como dato negativo destacaríamos la práctica ausencia del anterior equipo de gobierno y de la actual oposición en todos los actos programados. Ni siquiera en la película de “José y Pilar” (que trata sobre los últimos años del escritor J. Saramago y Pilar del Río), en la que aparece Castril cuando estaba regida la alcaldía por José Juan López y el PSOE, pudimos apreciar la presencia de los entonces gobernantes locales. ¡Cómo se nota que ya no pueden utilizar la figura del escritor para su promoción personal y política!

En cuanto a la fiesta de las migas, este año se celebraron tras el paréntesis del año pasado. Recordemos que el anterior alcalde las suspendió con excusas banales que lo único que perseguían era desacreditar ante el vecindario a una familia con la que mantenía un contencioso. Pero esa actitud, la de incitar al enfrentamiento entre vecinos y vecinas y que fue habitual en la legislatura pasada, ha sido ya desterrada como práctica por el nuevo equipo de gobierno.

El nuevo clima de libertad empieza a respirarse. La sensación de poder hablar y opinar sin temor a represalias va paulatinamente extendiéndose. La concordia entre vecinos y vecinas se abre paso. Frente a ello, el ex alcalde únicamente responde con la propagación de insultos, con la difamación y descalificaciones personales de los que considera sus demonios, los responsables de sus fracasos. Son las reacciones propias que surgen del resentimiento de alguien que ha perdido el poder tras nueve años de ejercerlo tiránicamente.

IU promoverá la inconstitucionalidad de la ley de residuos que trata de legalizar el trasvase del río Castril

Izquierda Unida propondrá dos iniciativas para llevar al Constitucional la ley de residuos y suelos contaminados. Esta ley, aprobada el 29 de julio, contempla una disposición, la XV, que se trata dar cobertura legal a las medidas administrativas aprobadas en el decreto 1419/2005 (base jurídica del trasvase del río Castril) que, como es sabido, fue declarado nulo de pleno derecho por el Tribunal Supremo (véanse entradas de los días 29, 30 de julio y 10 de agosto).

En la entrada anterior (del 10 de agosto) hemos explicado las diferentes posibilidades que se abren para evitar esta violación de la sentencia del Supremo , el desprecio que ello supone a la división de poderes y la vulneración de la propia constitución. Decíamos que iríamos comentando las noticias que en ese sentido se produjeran. Pues bien, hoy hemos sabido por el secretario provincial de IU, Manuel Morales, que van a promover a través del Defensor del Pueblo un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de residuos. También nos ha anunciado que se pondrán en contacto con el grupo popular en el Parlamento para sumar los 50 diputados que se necesitan para plantear directamente el recurso de inconstitucionalidad. Está por ver si esta vía prospera, pues dependerá de la voluntad política de la otra fuerza política, el PP, toda vez que IU y otros diputados del grupo mixto no alcanzan, ni de lejos, esa cifra.

Aún quedan otras opciones para acudir al Tribunal Constitucional. Sería que el propio Supremo u otros jueces o tribunales planteasen la cuestión de inconstitucionalidad. Para ello habrá que esperar al mes de septiembre (reinicio de la actividad judicial). Iremos comentando entonces los pronunciamientos que se vayan produciendo.

La ley de residuos, su disposición XV, no tendría que impedir la orden del Supremo para que se proceda a la demolición de las obras del trasvase.

La disposición XV de la recientemente aprobada ley de residuos y suelos contaminados, convalida las medidas administrativas que se tomaron para aliviar la situación de sequía en 2005. Aquellas medidas fueron aprobadas mediante el RD 1419/2005 que, posteriormente, fue declarado nulo de pleno derecho por el T. Supremo. Entre las medidas que a su amparo se aprobaron figuraban las obras del trasvase del río a Castril a Baza. A pesar que desde el 1 de marzo del 2010 las obras del trasvase eran ilegales, y habían sido advertidos de ello, continuaron a lo largo de los términos de Cortes y de Castril. Aquello provocó movilizaciones y protestas que fueron reprimidas por los antidisturbios y con el envío masivo de multas.

La Plataforma pidió al Supremo que ordenase la paralización en el incidente de ejecución de sentencia al que se había personado. El Supremo, por dos veces, ordenó la paralización, siendo definitiva desde el 12 de marzo y quedando pendiente la orden de demolición de la obra y las indemnizaciones por daños causados. Antes de tomar la decisión al respecto, el Supremo pidió a las partes información sobre el estado de las obras. Entre tanto, en el parlamento empezó a tramitarse el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados. Esa circunstancia fue aprovechada por el grupo socialista en el Senado para introducir (el 16 de junio) una enmienda adicional a dicho proyecto de ley. En ella se convalidan las medidas adoptadas por el decreto de sequía, el RD 1419/2005 (declarado nulo por el Supremo) que, entre otras, habían dado cobertura legal al trasvase del río Castril. En la exposición de motivos ante el Pleno del Senado, el portavoz del PSOE, para dar razón de las enmiendas nuevas que se incorporaban, alude a un informe solicitado al Consejo de Estado en el que este recomienda incluir la potestad para restablecer la legalidad ambiental. No dijo nada más. Después, tampoco hubo debate acerca del contenido del decreto, de la situación de radical nulidad en que se encontraba, ni mención alguna por parte de los senadores a dicha enmienda. Pasado varios días, el 14 de julio, sin debate alguno, se aprueba la enmienda XV en el Congreso de los Diputados por 185 votos a favor, 148 en contra y 7 abstenciones. El 26 de julio queda aprobado el proyecto de ley y el 29 se publica en el BOE.

Aprovechando que días antes el Supremo había pedido la información sobre el estado de las obras antes de ordenar la demolición, el abogado del Estado pone en conocimiento del Supremo la introducción de la enmienda y la aprobación del proyecto de ley, pidiendo la conservación de las obras del trasvase.

Del contenido concreto del informe del Consejo de Estado, no sabemos nada por ahora, ignoramos el tenor literal de su recomendación y las referencias al decreto 1419/2005 o al estado del trasvase del río Castril. Pero nos llama poderosamente la atención que la ley trate de convalidar algo inexistente. Al desaparecer del Ordenamiento jurídico el decreto 1419/2005, las medidas adoptadas a su amparo también desaparecen jurídicamente. Por tanto, no se puede convalidar lo inexistente. Es una cuestión de pura lógica. Convalidar lo que no existe es perpetuar lo inexistente. En consecuencia, esta ley nace con un fraude en su contenido. Y además, aparece en clara colisión con la sentencia firme del Supremo. Cabe la posibilidad de que sean desestimadas las pretensiones de la abogacía del Estado o de que el propio Supremo plantee una cuestión de inconstitucionalidad; que también podría ser planteada por cualquier otro tribunal. Aún más, teniendo en cuenta que varios grupos votaron en contra de la ley o se abstuvieron, podría ser que estos mismos (se necesitan 50 parlamentarios) interpusieran un recurso de inconstitucionalidad. Esa misma opción podría ser pedida por el Defensor del Pueblo. La Plataforma y los ayuntamientos de Castril y Cortes están estudiando esas posibilidades. Por último, también podrían a adoptarse varias iniciativas ante los tribunales europeos y el propio Parlamento Europeo. De todo ello se irá informando en cuanto se produzcan noticias.

Entendemos que esta maniobra persigue impedir la demolición, la retirada de las tuberías, restitución del medio y las indemnizaciones a que dieran lugar. Lo que no parece razonable que se vaya a producir es que intenten proseguir las obras. Pero como la razonabilidad no parece que sea lo que presida las actuaciones de la CHG y del ministerio de Medio Ambiente, más a la vista de lo que arguyeron para retomar las obras cuando las paralizó el ayuntamiento de Cortes (recordemos que entonces presentaron un auto del juzgado de lo contencioso-administrativo que anulaba el decreto de la alcaldía, pero que en ningún momento sostenía que las obras se ajustaran a derecho tras la sentencia del Supremo de 1 de marzo de 2010) toda posibilidad está abierta. Es decir, que pueden presentarse con la ley de residuos como aval para reemprender las obras. Pero en este caso, la gravedad de tal decisión conllevaría responsabilidades de tipo penal, y en ellas incurrirían todos los actores que interviniendo no acataran la paralización dictada por el Supremo. Esperemos que no alcancen tal grado de insensatez.

Actividades culturales durante el mes de agosto.

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A pesar de la retirada de la subvención que otorgaba la Junta de Andalucía para la celebración en Castril del festival "Siete Soles, Siete Lunas", el Ayuntamiento de Castril y la Diputación granadina han conseguido que durante este mes de agosto se puedan disfrutar en Castril de numerosas actividades culturales.

Cinco liberaciones de 1.200 euros netas por dedicación exclusiva para el equipo de gobierno.

El acuerdo provisional alcanzado en el Pleno del día 1 de agosto consistirá en cinco liberaciones por dedicación exclusiva de los concejales de la mayoría. Queda pendiente, para más adelante, los emolumentos a percibir por el alcalde. Preguntado si este acuerdo es para toda la legislatura, nos informan que por ahora es lo que responde a las demandas de los grupos, pero que está sujeto a revisión pudiendo disminuir el número de concejales liberados.

Pensamos que es excesivo, que para las necesidades de un ayuntamiento como el nuestro es más que suficiente la liberación del alcalde y el primer teniente de alcalde y, si acaso, alguna liberación parcial más. Lo más razonable hubiera sido que, dada la alternancia bianual de alcalde y primer teniente de alcalde, las liberaciones hubiesen sido de tres y tres para cada período. No obstante, la cifra económica total no difiere de la que en la anterior legislatura cobraban el alcalde y los concejales. Bien es cierto que la remuneración de alguno de ellos no provenía directamente del ayuntamiento, sino del Centro Saramago; y que sólo el alcalde cobraba cerca de 50.000 euros (situaciones similares han merecido titulares en los periódicos por escandalosamente abusivas). Por ello, la oposición carece de legitimidad para criticar los sueldos y el reparto de liberaciones.

Dicho esto, no podemos olvidar algo consustancial al hecho democrático y que en la actualidad se viene demandando como medida de calidad de la democracia representativa: que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan participar en política y aportar ideas, proyectos, propuestas acerca de cómo mejorar la comunidad en la que se forja la vida de individuos, familias y grupos sociales; y que ello pueda y deba hacerse al margen de la actividad laboral. Sólo en casos en que la dedicación política sea justificadamente incompatible con la actividad laboral, nos parece legítimo que se cobre un sueldo de la institución política similar al percibido en su anterior actividad. Evidentemente, en situaciones de desempleo, si hay dedicación exclusiva, también se deben cobrar los emolumentos apropiados. Pero lo que no nos parece justificado es que un cargo político, un concejal, ocupe una tarea que corresponde a una actividad laboral del ayuntamiento y que en base a ella pretenda cobrar el sueldo. Una cosa es la actividad laboral, los empleos de un ayuntamiento, con sus bolsas de contratación transparentes, y otra cosa es la actividad política. Esta, por esencia, tiene que ser una actividad abierta a toda la ciudadanía y no remunerada.

Tendríamos que señalar también que de la Diputación y del Ayuntamiento de Castril depende el Centro Saramago, para cuya gestión podría ser necesario que una persona tuviera cierta asignación. Lo lógico sería que de ella se hiciese cargo algún concejal que, entonces, tendría que renunciar al sueldo que tiene ahora establecido, aunque nos hubiese parecido más oportuno que dicho concejal hubiese esperado sin percibir ningún sueldo hasta ese momento. Evidentemente, lo que antes se impone, es el cese del actual gerente. En fin, esperemos que, al menos, el trabajo que se desempeñe desde el ayuntamiento redunde positivamente en el pueblo, y que los valores naturales y culturales de Castril puedan ser defendidos con la firmeza necesaria que en estos momentos se exige ante la nueva amenaza que se cierne sobre el río Castril.