El curso pasado se nos anunció como inminente el inicio de las obras para un nuevo colegio. La situación lo demandaba, pues el actual data de hace alrededor de 50 años y, desde entonces, sólo ha sufrido ciertas mejoras para limitar el estado de deterioro que ponía en riesgo la seguridad de los escolares. Pero estas reformas paliativas no han impedido que se incremente la tendencia general hacia la caducidad final del conjunto de las instalaciones.
Desde la delegación de Educación en Granada ahora sólo sostienen que se está trabajando en el proyecto, cuando hace poco indicaban que el inicio de las obras estaba previsto para el mes de junio. Ante esta situación, el ayuntamiento, propietario de las instalaciones, tiene que ejercer su papel institucional exigiendo la aprobación presupuestaria del proyecto y su inmediata ejecución. A los miembros de la comunidad escolar también les corresponde tomar las iniciativas necesarias para que Castril, su colegio y sus niños y niñas, no sean un cuarto mundo incrustado en el mundo de los privilegiados.
Las instalaciones colegiales no garantizan ni cumplen las más elementales medidas de seguridad para el alumnado y los trabajadores/as del centro. A las filtraciones de agua, radiadores antiguos sin protección o puertas que abren hacia el interior, se une el deterioro de los materiales de construcción y, en general, el estado obsoleto del conjunto, incluyendo los patios. Ante esta situación, ni el ayuntamiento ni la delegación pueden mirar para otro lado. Los responsables de la comunidad escolar deben y pueden exigir la construcción inmediata de un nuevo colegio. El colegio actual es inseguro y no cumple con las exigencias preventivas contempladas en la ley. No puede esperarse un año más.
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