Tras el auto del Supremo en que se ordena la paralización de las obras del trasvase, los miembros de la Plataforma, acompañados por el abogado que los representa, se han personado en las oficinas de las Agencia Andaluza del Agua para dar cuenta del auto del Supremo y pedir que, en consecuencia, se procediera a la paralización de las obras y detuviera el proceso de expropiaciones.
Posteriormente han acudido al lugar donde se estaban efectuando los trabajos en el pueblo de Cortes para cerciorarse del cumplimiento del auto judicial. El resultado de estas visitas no se ha hecho esperar: ayer por la tarde se retiraron las máquinas. Y esta misma mañana han dejado de trabajar en la estación de bombeo que desde el pie del cerro Jabalcón pretendía elevar las aguas del río Castril.
Rápidamente se han extendido las muestras de júbilo entre la población de Cortes. También la noticia ha llegado hasta Castril donde, poco a poco, el conocimiento de la decisión del Supremo así como la retirada de la maquinaria, ha ido dejando muestras de satisfacción entre una población que vivía con rabia el secuestro de su río con la aquiescencia de su alcalde.
En Castril se ha evitado el daño que hubiera supuesto los cruces del río, atravesar con las tuberías parte del conjunto histórico hasta la cerrada, donde provisionalmente se iba a instalar el punto de captación, atravesar el monumento natural de la Peña hasta alcanzar la presa del Portillo. Asimismo han quedado sin ensamblar ni enterrar centenares de metros de tuberías y la instalación de arquetas. En Cortes son varios los kms. en los que la tubería no ha sido enterrada, se han evitado los cruces del río y la estación de bombeo ha quedado sin construir. El destrozo en la vega, en los cultivos y en la vegetación de ribera ocasionados en Cortes y una parte en Castril, se han efectuado una vez que habían sido advertidos de la situación de carencia de cobertura legal al haber sido declarado por el Supremo nulo de pleno derecho el RD 1419/2005, el decreto del Gobierno que amparaba la ejecución de estas obras; es decir, en clara situación de ilegalidad.
A pesar del contento generalizado de estos momentos, hay que continuar con las exigencias pendientes y reclamadas: la retirada de los tubos, la restitución del daño ambiental ocasionado y la indemnización a los agricultores/as afectados/as. A la par, se continuarán con las acciones emprendidas por la vía penal. Y las que vendrán. No olvidemos que en clara situación de fuera de ley se ha utilizado la fuerza pública para acelerar los trabajos pretendiendo acabar la obra antes del pronunciamiento de los tribunales. No olvidemos las acusaciones y denuncias a supuestos promotores de conspiraciones y reuniones ilegales, el envío masivo de multas, las descalificaciones en prensa, las investigaciones (¿pinchazos de teléfono?) y seguimiento sobre personas de la Plataforma por la Defensa del Río Castril, etc. Ello no puede quedar impune. Todo ello ha sido realizado contra quienes se amparaban en el derecho recogido en el ordenamiento jurídico y, también, en el legítimo derecho de los pueblos a defender su identidad.
El auto del Supremo ordenando la paralización de las obras es consecuencia de la prepotencia y arrogancia de los poderes públicos y del Gobierno. El informe del Defensor del Pueblo (véase entrada del 20-2-11) pone de manifiesto las falsedades y mentiras sobre las que se ha pretendido este proyecto de trasvase. Era evidente lo innecesario e irracional del trasvase, pero para los partidarios del desarrollismo capitalista, las plusvalías, la especulación y el dinero fácil entre quienes ostentan el poder y entran en juego sus intereses, lo justifica todo. Pero hoy, desde Castril y Cortes, se ha puesto un freno a su ambición.
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