Sobreseídas las multas administrativas impuestas a las personas que apoyaron a los agricultores/as afectados por las obras del trasvase.

A finales de agosto y primeros de septiembre, numerosos vecinos y vecinas de Cortes de Baza, y también algunos de Castril, acompañaron a los agricultores/as de Cortes en el doloroso trance de ver cómo las máquinas penetraban en sus tierras ocasionando destrozos en sus cultivos. También talaron la vegetación de ribera situada por donde pretenden que discurra la tubería y la zona ocupada.

A la empresa se le advirtió de que carecía de cobertura legal una vez anulado el decreto gubernamental 1419/2005, que permitía la realización de las obras y a cuyo amparo se contrató la contrató, al igual que se realizaron las expropiaciones. Por lo tanto, a los agricultores/as no sólo les asistía el constitucional derecho de reunión en sus fincas, sino que estaban legitimados para reclamar el cese de las obras que se ejecutaban en sus tierras. Aquella presencia de personas en las riberas del río, en las que manifestaron sus quejas por lo que estaba sucediendo, acabó con la llegada de los antidisturbios, el control en los accesos al pueblo y las tierras afectadas, así como con el envío masivo de multas (entre 3.000 y 7.000 euros). Todo carecía de sentido, pues no había nada ilegal en ello. La única ilegalidad era la de la propia empresa ejecutora de las obras y la de la CHG como órgano promotor. Evidentemente, el ordenante del envío de las multas o de los antidisturbios, se estaba situando fuera del derecho y de la legalidad que asistía a los vecinos y vecinas de Cortes y Castril.

Finalmente, el subdelegado de Gobierno ha dado marcha atrás archivando las denuncias. Primero llegó el archivo de las personas multadas en Cortes y, hace unas horas, las de Castril. Era previsible, porque de contrario hubieran sido recurridas judicialmente. Y dudamos que algún juez hubiera apreciado algún signo de ilegalidad. Es más. Lo que ahora se preguntan muchas de las personas afectadas es, si entre las medidas adoptadas por los responsables gubernativos, no habría suficientes indicios para un presunto delito de prevaricación.

Es verdad que consiguieron su objetivo de desactivar en esos momentos las protestas sobre el terreno (era lo que perseguían). Pero eso no significa doblegar a un pueblo, a dos pueblos. Las movilizaciones continúan y continuarán. Desde los ámbitos judiciales a los político-institucionales. Y la vida de los pueblos es más larga, y su memoria más duradera, que la de políticos que tratan de medrar y/o con intereses especulativos. Ellos tienen fecha de caducidad. El plazo lo decide el pueblo, los pueblos.