La defensa del río Castril es el mejor homenaje a Blas Infante que podemos hacer en este día de Andalucía.

Está ampliamente reconocido que el Guadalquivir es el gran eje vertebrador de Andalucía. Este río ha configurado históricamente la vida de los pueblos que de sus aguas viven, tanto en su cuenca como las sierras que lo alimentan, delimitando la ecorregión andaluza. Otras subcuencas que penetran en el Guadalquivir, repartidas por la geografía andaluza, han dado vida a comarcas y pueblos contribuyendo a la generación de vínculos de identidad distintos entre sí.

Andalucía, derrotada política y militarmente hace cinco siglos, perdió su tierra, su patrimonio natural y cultural. Sus hijos e hijas quedaron mayoritariamente convertidos en mano de obra, fuerza de trabajo empleada en la agricultura y, también después, exportada a la industria de otras zonas del Estado, europeas o latinoamericanas. Pero el paisaje andaluz, sierras y ríos, agricultura y acequias, y una cultura subalterna figuraban en el imaginario simbólico andaluz. Lentamente y tras el abandono de la agricultura por terratenientes que buscaron mayor rentabilidad en otros sectores económicos o que, simplemente, agotaron sus propiedades para mantener su nivel de vida, familias de pequeños agricultores emergieron reivindicando el derecho a vivir en los pueblos andaluces. Pocas familias porque la emigración despobló masivamente las tierras andaluzas. Entre quienes en ella se quedaron, un gran porcentaje se refugió posteriormente en el sector servicios de las zonas costeras.

A la par, los factores culturales, que acompañaban a las inversiones capitalistas foráneas, debilitaron los elementos propios de la identidad andaluza que sólo de manera subalterna pervivían en la memoria del pueblo andaluz. Blas Infante (“Ideal Andaluz”, 1.914) se había dado cuenta de que un pueblo desposeído de su patrimonio, que no pudiera disponer de sus recursos, tendía al olvido y la pérdida de identidad. Aquello que empezó con la derrota en los siglos XIV-XV, se aceleró durante el siglo XX con la expansión del capitalismo y la nueva división social del trabajo.

La propuesta de Blas Infante, en un momento en que la gran mayoría del pueblo andaluz eran trabajadores y trabajadoras del campo que carecían de propiedad, en que la propiedad de la tierra se concentraba en unas pocas manos de terratenientes que por herencia habían recibido de aquellos nobles que conquistaron al-Ándalus y donde los trabajadores/as eran explotados (cuando las tierras no estaban ociosas, improductivas o dedicadas a la caza por sus propietarios), siendo sometidos a unas duras condiciones de existencia y miseria económica y social; en esas condiciones, para recuperar esa identidad perdida y como condición previa, el pueblo desposeído tenía que apropiarse de la tierra, del patrimonio expoliado y enjenado. (¿Quién puede identificarse con las propiedades e intereses del señorito?). La identidad andaluza será una realidad en la medida en que se avance hacia la apropiación del patrimonio natural y cultural andaluz.

El desarrollo del capitalismo y la división social del trabajo han provocado la caída del valor de la agricultura tradicional y la tierra destinada a esos usos. Ello ha propiciado que en muchos pueblos andaluces hayan surgido agricultores que han accedido a la propiedad de pequeñas parcelas con rentas propias de economías de supervivencia. Esa es la realidad de pueblos como Castril y Cortes.

En este 28 de febrero, día de Andalucía, ¿cómo sentirse andaluz en Castril y Cortes? Defendiendo la identidad del pueblo, sus recursos, su patrimonio natural y cultural, su río. Defendiendo lo que permite que los pueblos no sigan la lógica implacable del desarrollismo capitalista. Lo que permite que la emigración hacia el levante, hacia la construcción (hoy imposible) o los servicios no sean el único futuro de las familias castrileñas y cortesanas. El río Castril ha configurado históricamente la peculiar forma de vida de ambos pueblos. El agua de su río ha sido y es fuente de riqueza; la trama ecológica y la agricultura que alimenta y sobre la que ha girado la vida de las familias, ha impulsado lentamente el acervo cultural y simbólico de ambos pueblos, el río es identidad y memoria en la historia pasada y presente.

La noticia del Supremo del día 21, ordenando la paralización inmediata del trasvase, ha sido un adelanto de la celebración del día de Andalucía en Castril y Cortes. Sea por ellos.

Se retiran las máquinas. Júbilo en Cortes, satisfacción en Castril.

Tras el auto del Supremo en que se ordena la paralización de las obras del trasvase, los miembros de la Plataforma, acompañados por el abogado que los representa, se han personado en las oficinas de las Agencia Andaluza del Agua para dar cuenta del auto del Supremo y pedir que, en consecuencia, se procediera a la paralización de las obras y detuviera el proceso de expropiaciones.

Posteriormente han acudido al lugar donde se estaban efectuando los trabajos en el pueblo de Cortes para cerciorarse del cumplimiento del auto judicial. El resultado de estas visitas no se ha hecho esperar: ayer por la tarde se retiraron las máquinas. Y esta misma mañana han dejado de trabajar en la estación de bombeo que desde el pie del cerro Jabalcón pretendía elevar las aguas del río Castril.

Rápidamente se han extendido las muestras de júbilo entre la población de Cortes. También la noticia ha llegado hasta Castril donde, poco a poco, el conocimiento de la decisión del Supremo así como la retirada de la maquinaria, ha ido dejando muestras de satisfacción entre una población que vivía con rabia el secuestro de su río con la aquiescencia de su alcalde.

En Castril se ha evitado el daño que hubiera supuesto los cruces del río, atravesar con las tuberías parte del conjunto histórico hasta la cerrada, donde provisionalmente se iba a instalar el punto de captación, atravesar el monumento natural de la Peña hasta alcanzar la presa del Portillo. Asimismo han quedado sin ensamblar ni enterrar centenares de metros de tuberías y la instalación de arquetas. En Cortes son varios los kms. en los que la tubería no ha sido enterrada, se han evitado los cruces del río y la estación de bombeo ha quedado sin construir. El destrozo en la vega, en los cultivos y en la vegetación de ribera ocasionados en Cortes y una parte en Castril, se han efectuado una vez que habían sido advertidos de la situación de carencia de cobertura legal al haber sido declarado por el Supremo nulo de pleno derecho el RD 1419/2005, el decreto del Gobierno que amparaba la ejecución de estas obras; es decir, en clara situación de ilegalidad.

A pesar del contento generalizado de estos momentos, hay que continuar con las exigencias pendientes y reclamadas: la retirada de los tubos, la restitución del daño ambiental ocasionado y la indemnización a los agricultores/as afectados/as. A la par, se continuarán con las acciones emprendidas por la vía penal. Y las que vendrán. No olvidemos que en clara situación de fuera de ley se ha utilizado la fuerza pública para acelerar los trabajos pretendiendo acabar la obra antes del pronunciamiento de los tribunales. No olvidemos las acusaciones y denuncias a supuestos promotores de conspiraciones y reuniones ilegales, el envío masivo de multas, las descalificaciones en prensa, las investigaciones (¿pinchazos de teléfono?) y seguimiento sobre personas de la Plataforma por la Defensa del Río Castril, etc. Ello no puede quedar impune. Todo ello ha sido realizado contra quienes se amparaban en el derecho recogido en el ordenamiento jurídico y, también, en el legítimo derecho de los pueblos a defender su identidad.

El auto del Supremo ordenando la paralización de las obras es consecuencia de la prepotencia y arrogancia de los poderes públicos y del Gobierno. El informe del Defensor del Pueblo (véase entrada del 20-2-11) pone de manifiesto las falsedades y mentiras sobre las que se ha pretendido este proyecto de trasvase. Era evidente lo innecesario e irracional del trasvase, pero para los partidarios del desarrollismo capitalista, las plusvalías, la especulación y el dinero fácil entre quienes ostentan el poder y entran en juego sus intereses, lo justifica todo. Pero hoy, desde Castril y Cortes, se ha puesto un freno a su ambición.

El Tribunal Supremo ordena la inmediata paralización de las obras del trasvase.

El Tribunal Supremo, en auto del 4-02-11, notificado el 21 de febrero, ordena la inmediata paralización de las obras del trasvase por petición de ejecución de sentencia a instancias de la Plataforma por la Defensa del Río Castril.

El Supremo ha confirmado lo que desde este blog, desde la Plataforma por la Defensa del Río Castril, Ecologistas en Acción y asociaciones que buscan modos alternativos de vida y compatibles con el medio ambiente veníamos reclamando: que el trasvase carecía de cobertura legal una vez fue declarado nulo de pleno derecho el RD 1419/2005. No es que fuese sólo una aberración ecológica, es que además de irracional e innecesario era ilegal.

Ilegales son las obras ahora paralizadas como las expropiaciones que se hicieron también al amparo del decreto declarado nulo de pleno derecho. El Supremo pide la paralización inmediata de esas expropiaciones. Por tanto, los agricultores y agricultoras injustamente reprimidos y desalojados de sus tierras, podrán volver a ellas.

Es la hora de la justicia. Es el momento de pedir la demolición de la obra y de pedir responsabilidades a todos los que se situaron fuera de la ley, a los que se aprovecharon de su poder institucional, a los que despreciaron el derecho utilizando la red de poderes que su posición política les permite manejar. Y también, cómo no, a los títeres mediáticos que despreciaron e insultaron a los vecinos y vecinas de Castril y Cortes que luchaban por su identidad, su patrimonio, su río.

Desde aquí, un fundido abrazo. La lucha continúa.

El Defensor del Pueblo cuestiona los informes de la CHG sobre la necesidad del trasvase e insta a que se responda a las alegaciones de la Plataforma.

Hace unos días que han empezado a llegar, desde la oficina del Defensor del Pueblo, cartas de contestación a las quejas emitidas por numerosos vecinos/as de Castril y Cortes de Baza así como de la Plataforma por la Defensa del Río Castril. De esta contestación destacaremos lo siguiente:

En primer lugar, recoge y transcribe la información que la Confederación hidrográfica del Guadalquivir (CHG) le facilita para justificar la necesidad del trasvase del río a la localidad de Baza y otros pueblos colindantes. En ella vuelve la CHG a insistir en que la emergencia del proyecto viene avalada en el RD 1419/2005, el decreto gubernamental que fue declarado nulo de pleno derecho por el Tribunal Supremo. Y acerca de la necesidad del trasvase, repite viejos argumentos sobre la disminución de caudal de fuentes y manantiales de los que se abastece la población bastetana, así como que la salinidad del agua en la cola del Negratín (donde desemboca el río Castril) desaconseja la captación en ese punto. Asimismo insiste en la ausencia de impacto ambiental de las obras.

Estos argumentos, que ya han sido ampliamente refutados por la Plataforma o Ecologistas en Acción, la oficina del Defensor del Pueblo también los pone en entredicho. Sostiene el Defensor del Pueblo que no ha habido una planificación racional de los recursos en Baza, como pone de manifiesto la autorización de nuevas concesiones, la permisividad respecto a las extracciones ilegales o la no restricción de las aprovechamientos existentes. Ello no es coherente con una utilización racional de los recursos naturales y el principio de prevención, contemplado en el artículo 45 de la Constitución. Tampoco la urgencia exime de esas otras medidas ordinarias que pudieran evitar una agresión irracional contra la naturaleza, porque el proyecto de trasvase, contra lo que afirma la CHG, sí tiene afecciones ambientales y, aunque la zona afectada careciera de figura de protección, también tiene que ser protegida. Para el Defensor del pueblo, el proyectado trasvase puede hacerse si está justificada su necesidad, y si no hay soluciones mejores socioeconómicamente y ambientalmente, y si se minimiza su impacto.

En esos tres condicionales está la clave. ¿Ha habido o hay necesidad? Según el Defensor, ni ha habido desabastecimiento, ni por el estado de los acuíferos, ni por las concesiones otorgadas o los pozos ilegales, etc. hay peligro. Y la sequía ha desaparecido. La necesidad de agua, por tanto, no está verificada. Cita literal: “Esta defensoría no estima ajustado al Ordenamiento Jurídico ejecutar una obra pública (con impacto ambiental pues todas la tienen como hemos argumentado más arriba) por una presunta necesidad no verificada sino potencial, de garantizar el abastecimiento en circunstancias futuras. Habrá que justificar que esa necesidad de garantizar el abastecimiento existe, porque de lo contrario habrá un daño al medio ambiente que no encuentra justificación ni está amparado en nuestro Ordenamiento”.

Respecto a las soluciones mejores económicamente y ambientalmente, el Defensor plantea la necesidad de una evaluación estratégica, no de impacto de proyectos ya elegidos, sino de distintas soluciones, comparando consecuencias, e incluso la de no realizar obra alguna. “Las decisiones públicas (…) han de elegir la mejor de las diferentes soluciones estratégicas posibles, aquella que mejor salvaguarde los intereses desde una perspectiva global e integrada, incluida la de no hacer nada, pues la evaluación debe poder decidir que el entorno quede inalterado”. Por ello, concluye “Lo contrario es una suerte de permiso para impactar”.

Precisamente, la reconsideración del proyecto alternativo, consistente en la captación del agua –siempre en caso de necesidad, cosa que a fecha de hoy no ha quedado verificada- desde la desembocadura del río en el Negratín (o en el mismo embalse, como hacen desde Almanzora) es en lo que contínuamente insiste la Plataforma y que propone en la negociación tantas veces demandada.

Por último, también el Defensor, a la vista de los errores y omisiones existentes en el proyecto respecto a lo que realmente se está ejecutando y se pretende ejecutar, según denunció la Plataforma, plantea la posibilidad de un nuevo análisis ambiental de las obras, a la vez que insta a la CHG y a la secretaría de Cambio Climático del ministerio de Medio Ambiente, a que respondan a las alegaciones formuladas por la Plataforma por la Defensa del Río Castril, así como las enviadas por la propia oficina del Defensor. En fin, un varapalo de sensatez a las administraciones. Lo que el Defensor del Pueblo pide, negro sobre blanco, es lo mismo que venimos demandando: sentido común, racionalidad y sometimiento al ordenamiento jurídico.

Denunciadas las obras de la central hidroeléctrica del Portillo, en el río Castril, ante diferentes administraciones y judicialmente.

Una vez que se han iniciado las obras de la central hidroeléctrica en la presa del Portillo, en el río Castril, y ante la carencia de los permisos necesarios así como la acumulación de vertidos y deshechos de obra en varios puntos, todo ello en una zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC), como es el conjunto histórico de Castril, la Plataforma ha denunciado las obras y los vertidos ante el juzgado de Huéscar por un presunto delito contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico y contra los recursos naturales y el medio ambiente.

También ha advertido de la situación de irregularidad de dichas obras a la delegación de Cultura, a quien se le ha recordado la necesidad de que las obras dispongan de los informes favorables de la comisión provincial de Patrimonio Histórico. Por otro lado, al ayuntamiento de Castril ha enviado un escrito de denuncia en el que pide la inmediata paralización de las obras y la incoación, instrucción y resolución del oportuno expediente sancionador.

Puede verse más información pinchando en la etiqueta "central hidroeléctrica", o en la entrada del día 3 de diciembre de 2010.

A pesar de lo prometido, las instalaciones escolares continúan sin fecha de ejecución.

El curso pasado se nos anunció como inminente el inicio de las obras para un nuevo colegio. La situación lo demandaba, pues el actual data de hace alrededor de 50 años y, desde entonces, sólo ha sufrido ciertas mejoras para limitar el estado de deterioro que ponía en riesgo la seguridad de los escolares. Pero estas reformas paliativas no han impedido que se incremente la tendencia general hacia la caducidad final del conjunto de las instalaciones.

Desde la delegación de Educación en Granada ahora sólo sostienen que se está trabajando en el proyecto, cuando hace poco indicaban que el inicio de las obras estaba previsto para el mes de junio. Ante esta situación, el ayuntamiento, propietario de las instalaciones, tiene que ejercer su papel institucional exigiendo la aprobación presupuestaria del proyecto y su inmediata ejecución. A los miembros de la comunidad escolar también les corresponde tomar las iniciativas necesarias para que Castril, su colegio y sus niños y niñas, no sean un cuarto mundo incrustado en el mundo de los privilegiados.

Las instalaciones colegiales no garantizan ni cumplen las más elementales medidas de seguridad para el alumnado y los trabajadores/as del centro. A las filtraciones de agua, radiadores antiguos sin protección o puertas que abren hacia el interior, se une el deterioro de los materiales de construcción y, en general, el estado obsoleto del conjunto, incluyendo los patios. Ante esta situación, ni el ayuntamiento ni la delegación pueden mirar para otro lado. Los responsables de la comunidad escolar deben y pueden exigir la construcción inmediata de un nuevo colegio. El colegio actual es inseguro y no cumple con las exigencias preventivas contempladas en la ley. No puede esperarse un año más.