El Supremo declara la nulidad del decreto por el que se adoptaban medidas para combatir la sequía, entre ellas la del trasvase del río Castril.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento del proyecto de trasvase del río Castril a la comarca de Baza, advertimos de las falsedades en las que este se justificaba y las irregularidades que rodeaban su tramitación y ejecución. Estas advertencias se hicieron llegar oralmente y por escrito a las diferentes administraciones del Estado implicadas, tanto por la Plataforma por la Defensa del Río Castril, como por grupos ecologistas, organizaciones políticas o el ayuntamiento de Cortes.

La Administración, con prepotencia y arrogancia, casi nunca respondía ni daba explicaciones. Ni siquiera al propio Defensor del Pueblo Andaluz. Algunos dirigentes políticos del partido gobernante en la provincia respondían, muy machitos, groseramente, otros amenazaban con investigaciones personales a los opositores, y el alcalde de Castril con panfletos en los que insultaba a las personas y asociaciones que destacaban por su oposición al trasvase.

Los pueblos de Castril y Cortes respondieron con multitud de movilizaciones y varias denuncias judiciales por las ilegalidades e irregularidades en las que estaban incurriendo las obras del proyecto de trasvase y los decretos que lo amparaban. Finalmente, el contencioso administrativo interpuesto por el ayuntamiento de un pueblo leridano al real decreto que aprobaba las medidas ha sido anulado. Todas las obras emprendidas a su amparo son, por tanto, ilegales. Las obras del trasvase del río Castril no son legales.

En esa situación, el resto de las denuncias judiciales cuentan ahora con el respaldo del Tribunal Supremo. Tanto las que se encuentran por la vía penal como las interpuestas mediante el contencioso administrativo se ven ahora reforzadas en la manifiesta ilegalidad de las obras y con fuerza probatoria incrementada como para exigir la paralización definitiva del trasvase, la retirada de los tubos enterrados, la indemnización a las personas afectadas por las expropiaciones y la petición de responsabilidades políticas a quienes por acción u omisión se han situado al margen de la ley permitiendo la puesta en marcha de las obras del trasvase.

En estas circunstancias, resulta sorprendente que la CHG tenga citadas a las personas con fincas y parcelas afectadas para llegar a un acuerdo amistoso sobre el precio de los daños agrícolas producidos. ¿Qué pretenden?, ¿no tener que pagar la indemnización correspondiente por la ilegalidad en la que podrían haber incurrido? Pero el engaño no se producirá: la mayoría de los agricultores afectados que se expresaron en las reuniones mantenidas días atrás no acudirá o no aceptará este acuerdo.