El Gobierno aún insiste en buscar alguna cobertura legal para continuar con las obras del trasvase. La Plataforma avisa de las consecuencias.

En diferentes medios se ha publicado la noticia (“Comunicado del Gobierno”, se dice) de que el Gobierno está estudiando la posible cobertura legal para que las obras del trasvase puedan continuar. También el delegado provincial de Medio Ambiente ha aparecido sosteniendo la posibilidad de corregir los defectos formales que llevaron al Supremo a declarar el decreto que aprobaba las medidas para combatir la sequía nulo de pleno derecho. El subdelegado de Gobierno, tratando de enmendar a los anteriores, afirma que las obras del trasvase del río Castril no están afectadas por dicho decreto . También han afirmado una serie de falsedades que pretenden presentar las obras del trasvase como un hecho consumado, de manera que así se dificulte la exigencia de demolición.

El desconcierto que tienen en estos momentos es evidente. Pero lo que no parecen dispuestos a admitir es lo que es inevitable: tienen que paralizar definitivamente las obras, detener las expropiaciones y restituir los daños en la vega del río. Está documentalmente probado que la emergencia de las obras se realizó al amparo del decreto declarado nulo por el Supremo. Y ahora no podrán corregir los defectos que menciona la sentencia. Tuvieron su tiempo y no lo hicieron (argumentado está en la sentencia). Como tampoco lo hicieron a los otros muchos requerimientos que desde las asociaciones como Ecologistas en Acción, desde la Plataforma, desde el Defensor del Pueblo Andaluz o la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se le han hecho. El recurso de reposición al decreto de la secretaría de Cambio Climático que denegaba el estudio de impacto ambiental fue respondido hace unos días (¿casualidad?), casi un año después, sin refutar documentalmente los aspectos recurridos y con generalidades o desviando la responsabilidad a otras administraciones, dando idéntica respuesta a las asociaciones que habían interpuesto recursos de reposición, diferentes entre sí.

Las obras, lo diga quien lo diga, no están terminadas en el término municipal de Castril. No han entrado en el término de Cortes. La estación de bombeo no está construida. La tubería hasta el cerro Jabalcón y la potabilizadora tampoco. La arrogancia y prepotencia que han manifestado cuando se le ha propuesto el diálogo, el estudio de medidas alternativas, más razonables y ecológicas, las han rechazado, siempre con desprecio y arrogancia, a veces, incluso chulesca (“Se harán por c….”,“Investigaremos a los que se oponen!”…). La prepotencia se paga. Ahora, las denuncias siguen su curso en los juzgados.

El ayuntamiento de Cortes tiene presentado un contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional. A este ha incorporado la sentencia del Supremo que declara la nulidad del decreto. Según hemos podido saber, han solicitado la suspensión cautelar de las obras del trasvase. Por otra parte, la Plataforma por la Defensa del río Castril ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que ejecute de oficio la sentencia. Si la CHG, la consejería de Medio Ambiente y el Ministerio (tienen competencias compartidas) hacen oídos sordos, se pueden encontrar con que las denuncias se amplíen con la exigencia de responsabilidades penales. Las obras no pueden seguir y advertidos están.