El ayuntamiento de Cortes decreta la paralización de las obras del trasvase del río Castril.

Al reemprenderse las obras del trasvase del río en el término municipal de Cortes de Baza, el alcalde de Cortes ha decretado la paralización de las mismas por encontrarse amparadas en el decreto gubernamental anulado por sentencia firme del Tribunal Supremo.

La situación para la empresa y la CHG se vuelve complicada. Si intentan continuar pueden incurrir en un posible delito con responsabilidades penales. Y el tiempo se agota. Si en dos meses no retiran los tubos y restituyen los cultivos a su estado inicial, la justicia podría intervenir de oficio, tal y como anunció la Plataforma, quien a su vez tomará otras medidas en los ámbitos judiciales.

Reprodicimos a continuación la noticia aparecida en andalucíainformación.es

BAZA
El ayuntamiento de Cortes de Baza paraliza las obras de la canalización desde Castril a Baza
29/03 · 22:54 · Comarca de Baza Información

El ayuntamiento de Cortes de Baza paraliza las obras que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir realiza para llevar agua desde Castril a Baza para abastecimiento de la población de varias localidades de la comarca bastetana.
Por medio de un comunicado el alcalde de Cortes de Baza, Juan Fernández Carmona informo ayer tarde que el Ayuntamiento que preside ha paralizado cautelarmente las obras del proyecto de Trasvase del río Castril.
Según se propio alcalde, desde hace un par de días las obras han empezado en el término municipal de Cortes de Baza, sin el consentimiento del ayuntamiento, “consideramos las obras ilegales, debido a que se argumentan en unas expropiaciones forzosas urgentes, las cuales se basan en el artículo 6 del Real Decreto 1419/2005 declarado nulo de pleno derecho por el Tribunal Supremo en sentencia firma e irrecurrible. “
En el decreto de paralización se argumenta en una manifiesta ilegalidad y teniendo en cuenta que dicha empresa contraviene el procedimiento legalmente establecido en el Art. 181 y siguientes de la LOUA, se entrego al responsable de obra copia del Decreto de paralización de la Alcaldía, y se procedió a precintar la zona de trabajo a la misma vez que la Policía Local levanto la correspondiente acta. Al lugar donde se han paralizado las obras también acudió la Guardia Civil, quienes tendrán que aclarar a sus superiores cual era su misión y quien les había requerido, pues según la subdelegación del gobierno, el ayuntamiento de Cortes de Baza, no tiene potestad para paralizar unas obras declaradas de emergencia y que tampoco necesitan de su autorización para llevarlas a cabo.
El alcalde advierte a los promotores de la obra, que en el momento que se rompa el precinto y continúe la obra, su ayuntamiento se personará en el Juzgado de Instrucción de Baza, para interponer una querella. “Creemos que en este caso nos ampara la razón y la justicia, y desde aquí pedimos a esta, que se pronuncie y dicte las medidas cautelares que considere oportunas para salvaguardar los intereses de los ciudadanos expropiados de una manera irregular y manifiestamente ilegal.” Refiere el primer edil.
Por último el alcalde de Cortes de Baza, dice han llegado a una solución que no agrada a nadie, “pero que ante todo, están los derechos del pueblo de Cortes y el deber del ayuntamiento de proteger y conservar el río Castril, no ya solo por el ecosistema sin par que posee, si no por ser el símbolo que es en nuestra cultura local.”


La misma noticia en elmundo.es

GRANADA | Pulso de la oposición al trasvase
Cortes de Baza paraliza las obras del trasvase del Castril

* La CHG insiste en que la nulidad del decreto de la sequía no afecta al proyecto

José A. Cano | Granada
Actualizado martes 30/03/2010 10:44 horas

El Ayuntamiento de Cortes de Baza, uno de los municipios que atravesaría el entubamiento del trasvase del río Castril, ha paralizado por decisión de la alcaldía las obras de dicho proyecto por considerar que la nulidad del decreto de la sequía de 2005 las ha convertido en ilegales.

En un nuevo capítulo del pulso de la oposición al trasvase contra la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el Consistorio de Cortes -localidad de 2.000 habitantes repartidos en varios núcleos pequeños- ha tirado de la LOUA, en concreto del artículo 181, que prevé la suspensión cautelar de cualquier actuación urbanística que no cuente con la licencia pertinente.

La medida, que conlleva la correspondiente amenaza de recurrir a los tribunales si se violase, ilustra perfectamente el conflicto de interpretación legal en la propia CHG. Según el organismo del Ministerio de Medio Ambiente, el proyecto de trasvase se ampara en la orden ministerial firmada por Cristina Narbona en 2006, y no en el Real Decreto 1419/2005 "de la sequía", declarado nulo por el Tribunal Supremo.
Un largo desencuentro

Sin embargo, en el verano de 2009, cuando el Ayuntamiento de Castril, presionado por la Plataforma en Defensa del Río Castril, solicitó a la CHG los permisos municipales pertinentes para comenzar la obra, la contestación fue que al estar acogida por la "emergencia" del decreto, no los necesitaba. Así, la obra comenzó sin ningún tipo de licencia de los municipios afectados.

La declaración como nulo del decreto por parte del Supremo supone que todas las actuaciones derivadas del mismo se consideran igualmente nulas en cascada, a efectos legales, como si no hubiesen existido -al contrario que si se hubiese declarado anulado-. Si incluye la orden ministerial, la obra es ilegal y, entre otras cosas, las expropiaciones de urgencia como las realizadas en Cortes, se ven deshechas.

Desde que se conoció la resolución del Supremo -motivada por un contencioso de ayuntamiento e industriales de Lérida afectados por otra de las obras que amparaba-, CHG y Subdelegación del Gobierno en Granada han insistido en que no afectaba al proyecto, preexistente al propio decreto en varias alternativas deshechadas antes de 2005.

A finales de la semana pasada, la plataforma de opositores al trasvase y los ayuntamientos constataron que en la obra se hacía acopio de material y en los términos municipales de Benamaruel y Cortes de Baza se retomaba el entubamiento para finalizar los quince kilómetros que restan. En ese momento, el Consistorio de Cortes advirtió que sus vecinos estaban dispuestos a "plantarse delante de las máquinas" y la institución municipal a tomar "las medidas legales necesarias".

La Plataforma advierte de la responsabilidad de las diferentes administraciones si conrinúan las obras del trasvase.

Comunicado de prensa de la Plataforma por la Defensa del Río Castril.


Denuncia de la continuidad de las obras del trasvase del río Castril

La Plataforma por la Defensa del Río Castril denuncia el acopio de material que se está realizando en los términos de Cortes y Benamaurel, haciendo caso omiso a la sentencia del Tribunal Supremo de anulación del Real Decreto de sequía 1419/2005 que amparaba las obras y expropiaciones del trasvase del río Castril.

Ante la huida hacia delante por parte de la CHG continuando con las obras y las expropiaciones del trasvase, después de haber tenido conocimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, la Plataforma ha puesto en conocimiento del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino dicha sentencia y le ha pedido, como órgano superior, a que requiera a la CHG a la inmediata paralización de las obras y de las expropiaciones. De igual manera ha puesto en conocimiento de dichas circunstancias a todos los ayuntamientos afectados por el trasvase, Baza, Zujar, Benamaurel, Cortes y Castril, pidiendo que actúen en consecuencia y no permitan la continuación de las obras por carecer de los permisos pertinentes y estar fuera de la legalidad.

La promotora de las obras CHG, en palabras de su presidente, justifica la continuación de las mismas aludiendo que dichas obras no están dentro del decreto anulado; pero se da la circunstancia que la misma Presidencia de la Confederación mando una carta al M.I.A. de Castril justificando la no necesidad de los permisos municipales aludiendo que dichas obras de Emergencia se amparaban en el Real Decreto de Sequía 1419/2005. Con esta actitud están dejando claro que lo único que persiguen es hacer las obras del trasvase por encima de todo, aunque tenga que ser de forma irregular.

La Plataforma advierte que la continuidad de las mismas supone un delito por la vía de hecho y serán responsables todas las administraciones implicadas, asimismo vuelve a reiterar el ofrecimiento, una vez descartado el trasvase, de que se abra una mesa de negociación en las que estén todas las partes afectadas para buscar una solución consensuada, buscando soluciones alternativas que no afecten negativamente al río Castril y proponiendo que se declare una figura de protección del valle y el río Castril para que sea patrimonio Natural y Cultural de las comarcas de Baza y Huéscar.


Castril a 24 de Marzo del 2010
c-e plataformariocastril@hotmail.com

Cortes de Baza anuncia medidas de presión si continúan las obras del trasvase.

El alcalde de Cortes de Baza ha anunciado movilizaciones si no se detienen las obras del trasvase del río Castril e intentan entrar en el término municipal de Cortes. La petición de paralización de las obras fue puesta en conocimiento de las diferentes administraciones implicadas en la aprobación y ejecución del trasvase. El alcalde, Juan Frenández, sostiene que su ayuntamiento no ha sido ni informado ni consultado sobre el proyecto de trasvase. No obstante, muestra su predisposición al diálogo, lo que ha intentado en otras ocasiones si haber recibido respuesta. Ante la ilegalidad de las obras, estarían dispuestos, el ayuntaamiento con el respaldo de los vecinos y vecinas, a situarse frente a las máquinas de la empresa que lleva a cabo las obras del trasvase.

Está claro que tras haber sido declarado nulo de pleno derecho por el Tribunal Supremo el decreto que amparaba las obras del trasvase, estas se encuentran en una manifiesta ilegalidad. El ayuntamiento de Cortes, ahora, puede exigirle a la empresa la licencia y permisos de los que carece si quieren entrar en su término municipal. Ya no pueden justificarse diciendo que el carácter de emergencia los habilita a trabajar sin ellos. Las consecuencias de un posible desacato al ayuntamiento abriría las puertas, una vez más, a la vía de lo penal contra la empresa y la CHG.

El Gobierno aún insiste en buscar alguna cobertura legal para continuar con las obras del trasvase. La Plataforma avisa de las consecuencias.

En diferentes medios se ha publicado la noticia (“Comunicado del Gobierno”, se dice) de que el Gobierno está estudiando la posible cobertura legal para que las obras del trasvase puedan continuar. También el delegado provincial de Medio Ambiente ha aparecido sosteniendo la posibilidad de corregir los defectos formales que llevaron al Supremo a declarar el decreto que aprobaba las medidas para combatir la sequía nulo de pleno derecho. El subdelegado de Gobierno, tratando de enmendar a los anteriores, afirma que las obras del trasvase del río Castril no están afectadas por dicho decreto . También han afirmado una serie de falsedades que pretenden presentar las obras del trasvase como un hecho consumado, de manera que así se dificulte la exigencia de demolición.

El desconcierto que tienen en estos momentos es evidente. Pero lo que no parecen dispuestos a admitir es lo que es inevitable: tienen que paralizar definitivamente las obras, detener las expropiaciones y restituir los daños en la vega del río. Está documentalmente probado que la emergencia de las obras se realizó al amparo del decreto declarado nulo por el Supremo. Y ahora no podrán corregir los defectos que menciona la sentencia. Tuvieron su tiempo y no lo hicieron (argumentado está en la sentencia). Como tampoco lo hicieron a los otros muchos requerimientos que desde las asociaciones como Ecologistas en Acción, desde la Plataforma, desde el Defensor del Pueblo Andaluz o la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se le han hecho. El recurso de reposición al decreto de la secretaría de Cambio Climático que denegaba el estudio de impacto ambiental fue respondido hace unos días (¿casualidad?), casi un año después, sin refutar documentalmente los aspectos recurridos y con generalidades o desviando la responsabilidad a otras administraciones, dando idéntica respuesta a las asociaciones que habían interpuesto recursos de reposición, diferentes entre sí.

Las obras, lo diga quien lo diga, no están terminadas en el término municipal de Castril. No han entrado en el término de Cortes. La estación de bombeo no está construida. La tubería hasta el cerro Jabalcón y la potabilizadora tampoco. La arrogancia y prepotencia que han manifestado cuando se le ha propuesto el diálogo, el estudio de medidas alternativas, más razonables y ecológicas, las han rechazado, siempre con desprecio y arrogancia, a veces, incluso chulesca (“Se harán por c….”,“Investigaremos a los que se oponen!”…). La prepotencia se paga. Ahora, las denuncias siguen su curso en los juzgados.

El ayuntamiento de Cortes tiene presentado un contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional. A este ha incorporado la sentencia del Supremo que declara la nulidad del decreto. Según hemos podido saber, han solicitado la suspensión cautelar de las obras del trasvase. Por otra parte, la Plataforma por la Defensa del río Castril ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que ejecute de oficio la sentencia. Si la CHG, la consejería de Medio Ambiente y el Ministerio (tienen competencias compartidas) hacen oídos sordos, se pueden encontrar con que las denuncias se amplíen con la exigencia de responsabilidades penales. Las obras no pueden seguir y advertidos están.

La Plataforma pide a la Confederación la paralización de las obras del trasvase en cumplimiento de la sentencia del Supremo.

La Plataforma por la Defensa del Río Castril ha dirigido un escrito a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir instándole a que actúe de oficio paralizando las obras del trasvase del río Castril. En este mismo escrito se pide a la CHG la inmediata paralización del expediente de expropiación de las fincas afectadas por la obras y la demolición de la obra.

La Confederación no puede ahora hacerse la desentendida. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que declara nulo el decreto en el que se amparaban dichas obras. La Plataforma se lo recuerda y pide que actúe de oficio. En caso contrario, según fuentes de la Plataforma, se encontrarían en una situación de desacato que podría ser constitutiva de delito y que obligaría a la Plataforma a tomar otras medidas jurídicas para hacer cumplir la ley.

El Supremo declara la nulidad del decreto por el que se adoptaban medidas para combatir la sequía, entre ellas la del trasvase del río Castril.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento del proyecto de trasvase del río Castril a la comarca de Baza, advertimos de las falsedades en las que este se justificaba y las irregularidades que rodeaban su tramitación y ejecución. Estas advertencias se hicieron llegar oralmente y por escrito a las diferentes administraciones del Estado implicadas, tanto por la Plataforma por la Defensa del Río Castril, como por grupos ecologistas, organizaciones políticas o el ayuntamiento de Cortes.

La Administración, con prepotencia y arrogancia, casi nunca respondía ni daba explicaciones. Ni siquiera al propio Defensor del Pueblo Andaluz. Algunos dirigentes políticos del partido gobernante en la provincia respondían, muy machitos, groseramente, otros amenazaban con investigaciones personales a los opositores, y el alcalde de Castril con panfletos en los que insultaba a las personas y asociaciones que destacaban por su oposición al trasvase.

Los pueblos de Castril y Cortes respondieron con multitud de movilizaciones y varias denuncias judiciales por las ilegalidades e irregularidades en las que estaban incurriendo las obras del proyecto de trasvase y los decretos que lo amparaban. Finalmente, el contencioso administrativo interpuesto por el ayuntamiento de un pueblo leridano al real decreto que aprobaba las medidas ha sido anulado. Todas las obras emprendidas a su amparo son, por tanto, ilegales. Las obras del trasvase del río Castril no son legales.

En esa situación, el resto de las denuncias judiciales cuentan ahora con el respaldo del Tribunal Supremo. Tanto las que se encuentran por la vía penal como las interpuestas mediante el contencioso administrativo se ven ahora reforzadas en la manifiesta ilegalidad de las obras y con fuerza probatoria incrementada como para exigir la paralización definitiva del trasvase, la retirada de los tubos enterrados, la indemnización a las personas afectadas por las expropiaciones y la petición de responsabilidades políticas a quienes por acción u omisión se han situado al margen de la ley permitiendo la puesta en marcha de las obras del trasvase.

En estas circunstancias, resulta sorprendente que la CHG tenga citadas a las personas con fincas y parcelas afectadas para llegar a un acuerdo amistoso sobre el precio de los daños agrícolas producidos. ¿Qué pretenden?, ¿no tener que pagar la indemnización correspondiente por la ilegalidad en la que podrían haber incurrido? Pero el engaño no se producirá: la mayoría de los agricultores afectados que se expresaron en las reuniones mantenidas días atrás no acudirá o no aceptará este acuerdo.