EIA y proyecto alternativo al trasvase del río Castril
Respecto al estudio de impacto ambiental (EIA), llama la atención que la CHG sólo proponga que se aplique a la parte del proyecto que regula la distribución del agua desde el depósito la Atalaya (en Baza) y de los ramales que parten desde la conducción principal hacia los otros pueblos de la comarca con supuestos problemas de abastecimiento, y no a la obra en su conjunto. De esta forma, mostrando una gran pericia técnica y escasa sensibilidad medioambiental, se acogen a que la ley no obliga el estudio de impacto ambiental para conducciones inferiores a los 40 km. y caudales inferiores a 5.000 l/seg., situación en la que se encuentra la conducción que detrae las aguas y corre en paralelo al río, entre riberas y tierras de cultivo, hasta alcanzar la estación de bombeo junto al pie del cerro Jabalcón. Así, pretenden conseguir que la parte más sensible desde la perspectiva medioambiental, la afección de la detracción de aguas y el trazado de las obras, supere este obstáculo legal que hubiera presentado el proyecto en su conjunto y tramitado sin el carácter de emergencia.
No obstante, ante alguna necesidad, que de forma razonable y fehaciente se pudiera justificar, sobre el uso para abastecimiento de las aguas del río, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía llevó a cabo unos estudios consistentes en la captación de las aguas desde la desembocadura del río Castril, en la cola del embalse del Negratín. Así, lo que se pretendía era evitar cualquier afección sobre el curso del río. La CHG lo rechaza porque argumenta que las aguas, si se obtienen del subválveo del río, no podrían alcanzar la extracción de 0,2 m3 seg. (200 l/seg.); mientras que las superficiales en ese punto se encuentran contaminadas y necesitarían de una doble ETAP (Estación de Tratamiento de Aguas Potables) con un proceso de ósmosis inversa para su potabilización. También alegan que la presa para la toma de aguas provocaría la necesidad de un estudio de impacto ambiental. Es inaudito que reconozcan el impacto de esta pequeña presa y callen el de toda la obra de conducción a lo largo del río hasta la estación de bombeo al pie del cerro Jabalcón. Pero también es sorprendente que descarten la toma de aguas superficiales desde la desembocadura cuando la propia empresa a la que le encargan el estudio, Tecnoma, concluye afirmando que el agua en ese punto, contrariamente a la subválvea, no variará mucho su calidad a lo largo del recorrido. Este desmentido es mejor ocultarlo y aducir que los costes económicos son superiores, y más importantes, por supuesto sin aportar ningún dato, a los 10,5 millones de euros del actual proyecto y, lo que es más importante, a la paulatina muerte del río Castril.
Respecto al estudio de impacto ambiental (EIA), llama la atención que la CHG sólo proponga que se aplique a la parte del proyecto que regula la distribución del agua desde el depósito la Atalaya (en Baza) y de los ramales que parten desde la conducción principal hacia los otros pueblos de la comarca con supuestos problemas de abastecimiento, y no a la obra en su conjunto. De esta forma, mostrando una gran pericia técnica y escasa sensibilidad medioambiental, se acogen a que la ley no obliga el estudio de impacto ambiental para conducciones inferiores a los 40 km. y caudales inferiores a 5.000 l/seg., situación en la que se encuentra la conducción que detrae las aguas y corre en paralelo al río, entre riberas y tierras de cultivo, hasta alcanzar la estación de bombeo junto al pie del cerro Jabalcón. Así, pretenden conseguir que la parte más sensible desde la perspectiva medioambiental, la afección de la detracción de aguas y el trazado de las obras, supere este obstáculo legal que hubiera presentado el proyecto en su conjunto y tramitado sin el carácter de emergencia.
No obstante, ante alguna necesidad, que de forma razonable y fehaciente se pudiera justificar, sobre el uso para abastecimiento de las aguas del río, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía llevó a cabo unos estudios consistentes en la captación de las aguas desde la desembocadura del río Castril, en la cola del embalse del Negratín. Así, lo que se pretendía era evitar cualquier afección sobre el curso del río. La CHG lo rechaza porque argumenta que las aguas, si se obtienen del subválveo del río, no podrían alcanzar la extracción de 0,2 m3 seg. (200 l/seg.); mientras que las superficiales en ese punto se encuentran contaminadas y necesitarían de una doble ETAP (Estación de Tratamiento de Aguas Potables) con un proceso de ósmosis inversa para su potabilización. También alegan que la presa para la toma de aguas provocaría la necesidad de un estudio de impacto ambiental. Es inaudito que reconozcan el impacto de esta pequeña presa y callen el de toda la obra de conducción a lo largo del río hasta la estación de bombeo al pie del cerro Jabalcón. Pero también es sorprendente que descarten la toma de aguas superficiales desde la desembocadura cuando la propia empresa a la que le encargan el estudio, Tecnoma, concluye afirmando que el agua en ese punto, contrariamente a la subválvea, no variará mucho su calidad a lo largo del recorrido. Este desmentido es mejor ocultarlo y aducir que los costes económicos son superiores, y más importantes, por supuesto sin aportar ningún dato, a los 10,5 millones de euros del actual proyecto y, lo que es más importante, a la paulatina muerte del río Castril.
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