Algunos miembros de la comunidad de nuevos regadíos y el alcalde de Castril culpan a diferentes asociaciones ecologistas de ser los causantes de que a fecha de hoy se continue sin tener concesión administrativa para la puesta en marcha de los nuevos regadíos. En ningún caso dicen que el plan de cuenca, como toda la normativa que regula los regadíos, fue aprobado por el partido que está en el Gobierno. También en el gobierno municipal. El Ministerio de Medio Ambiente ha recordado que los nuevos regadíos no son compatibles con el plan de cuenca, por lo que a pesar de contar con el EIA (Estudio de Impacto Ambiental) positivo, no puede tener las autorizaciones preceptivas, que se indican como necesarias en la propia declaración de impacto, para la concesión administrativa. En eso se basaban las alegaciones de FERAGUA (detalle ocultado), federación de regantes del Guadalquivir, es decir, en recordar lo que la ley dice. Y eso es lo que el Ministerio ha hecho.
Si al alcalde de Castril no le gusta la ley, que se lo reproche a los de su partido, pero que no busque culpables donde no los hay. Porque ninguna asociación ecologista, ni la Plataforma, ni la oposición municipal tienen a día de hoy el poder suficiente para legislar. Las alegaciones de ACPES, tratando de salvarguardar el medio ambiente, también han recordado lo que la ley dice al respecto. Y estamos en un Estado de derecho, donde todos los ciudadanos se subordinan a la ley. Si no gusta, la democracia cuenta con los mecanismos que posibilitan su cambio. Lo demás es hipocresía y desfachatez.
El proyecto de nuevos regadíos ha sido utilizado para conseguir apoyos entre la población castrileña para el trasvase del río a Baza. El argumento era muy simple: si se apoya el trasvase a Baza, habrá nuevos regadíos. Pero lo que se ha demostrado, precisamente, desde el movimiento ecologista y desde la Plataforma, es que no puede haber nuevas concesiones administrativas con la ley en la mano y que el trasvase a Baza acabará con la vida del río, de manera que no se podrá mantener el caudal ecológico propuesto en los estudios llevados a cabo por la Universidad (por encargo de la Junta de Andalucía) ni garantizar los derechos de los regadíos tradicionales. Y, evidentemente, no habrá agua para nuevas puestas en riego.
Ahora bien, si no se realizara el trasvase, ¿podría hablarse de consolidación de nuevos regadíos? Eso es lo que el otro día estuvieron hablando miembros de la Plataforma con el presidente de la comunidad de nuevos regadíos. La propuesta que la Plataforma está esudiando pasa por el rechazo al trasvase, puesto que de lo contrario no pueden garantizarse ni los regadíos tradicionales ni el caudal ecológico del río. Se trataría de analizar los márgenes que permite la ley, una vez descartado el trasvase, para consolidar esos regadíos en sus diferentes alternativas.
